El fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación Gabriel González Da Silva solicitó esta semana a la cámara federal de Mar del Plata el apartamiento del juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, de la causa en que se investiga si hubo irregularidades en la adjudicación directa de una obra para la construcción de un elevador de granos en el puerto de Quequén en lo que se conoce como el caso Porcaro, en alusión al operador K Roberto Porcaro.
Además, Da Silva apoyó una apelación del fiscal de Mar del Plata, Nicolás Czizik, contra la decisión del juez federal de Necochea de rechazar su pedido de inhibición general de bienes de la mayoría de los imputados en esa causa. Se trata del creador de “Compromiso K” quien denunció ante el juez federal de Dolores, Juanjo Ramos Padilla, que había sido presionado por el falso abogado Marcelo D’Alessio.
En la causa de Necochea se investiga la adjudicación directa del denominado “Sitio 0 de Quequén” a un grupo de empresas, entre ellas la financiera Financial Net que intervino en la ruta del dinero K. Además, se investiga si se pagó una supuesta coima a favor de Porcaro por haber ejercido influencias sobre el directorio del puerto estatal a fin de que adjudique la obra por 30 años. Da Silva dice que se investiga “el pago aproximado de 73 mil dólares” aunque en el 2013, cuando estalló el escándalo de la ruta del dinero K, se habló de un millón de dólares.
Sucede que cuando el fiscal José María Campagnoli descubrió en el 2013 la fuga y posterior de repatriación de 60 millones de dólares de Báez desde Suiza a través de Financial Net y otras financieras se encontró, también, ese pago a Porcaro. Entonces, en el 2013 Campagnoli extrajo testimonio y abrió una nueva denuncia en Necochea. Campagnoli fue el primer fiscal de la ruta del dinero K que luego pasó a la juez federal Sebastián Casanello y al fiscal federal Guillermo Marijuan.
Pero en el 2013 la causa Porcaro primero “se perdió” y luego resultó archivada. Ante esta situación, el entonces concejal radical de Necochea Alberto Esnaloa realizó diversas gestiones para saber donde estaba la causa y el 30 de mayo del 2016 le preguntó por escrito al fiscal general del tribunal oral de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, si podía averiguarlo. Pettigiani preguntó a la fiscalía de Necochea y obtuvo como respuesta que había sido archivada en el juzgado de esa ciudad. Pero en el juzgado le dijeron que había sido enviada al juzgado de Azul. Esnaloa dijo que la “pérdida” de la causa habría sido consecuencia de “las poderosas influencias de Porcaro, así como también los íntimos nexos que éste poseía en las máximas autoridades del gobierno” de Cristina Kirchner.
Entonces, Campagnoli radicó una nueva denuncia contra el juez Bibel, el fiscal Juan Manuel Portela y el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, por la supuesta irregular tramitación de la causa. Portela y Adler se inhibieron pero Bibel siguió con el caso.
Así recién el año pasado, algunos de los imputados fueron llamados a indagatoria y el fiscal Czizik solicitó la inhibición general de los bienes de los acusados.
Esta semana el fiscal general Gonzalez Da Silva pidió, como ya se dijo, el apartamiento del juez Bibel y la inhibición general de bienes de los imputados empezando por el ex directorio de la corporación del puerto José Luis De Gregorio, entre otros. Pero como el fiscal Czizik no mencionó al principio a Porcaro y su esposa, el fiscal general no los incluyó. Finalmente, dijo que si la cámara federal de Mar del Plata no acepta apartar al juez Bibel, adelantó que se “debe lugar al pedido de recusación” por supuesta parcialidad.
