El fondo buitre Aurelius inició una demanda contra el Estado argentina en los tribunales de Nueva York para exigir una compensación por intereses que no cobró como consecuencia de la intervención del Indec durante el Gobierno kirchnerista. El juicio es por unos U$S160 millones.
Se trata, en rigor, del segundo litigio por este motivo que realiza Aurelius ante la justicia de los Estados Unidos. En enero había comenzado un reclamo por U$S87 millones. El argumento principal de ese fondo especulativo es que la modificación del año “base” para calcular el ritmo de crecimiento económico de cada año, lo perjudicó. Esa medida fue tomada durante los años de injerencia del Poder Ejecutivo en el organismo estadístico.
El cambio en el año de referencia -que pasó de ser 1993 a ser 2004- impactó en nivel de evolución de la economía de 2013. Aurelius es tenedor de Cupones PBI, que son un tipo de títulos públicos que emitió la Argentina como parte del canje de deuda de 2005. La promesa de ese bono es pagar intereses solo si la economía crecía a ritmo de 3% anual. El cambio de año “base” determinó que en 2013 los Cupones no paguen retornos a los inversores.
De esa forma, Aurelius reclama que el Estado lo compense por los intereses que dejó de cobrar por esa medida. Entre los dos expedientes iniciados en la justicia neoyorquina el monto exigido asciende a casi U$S250 millones.
Los cupones PBI estuvieron en la mira durante los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri. El entonces ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay anunció en junio de 2016 la emisión de bonos para recomprar estos instrumentos, a los que consideraba “excesivamente caros”. La operación estaba prevista hacia finales de ese año pero finalmente no sucedió. Desde el Palacio de Hacienda admitían entonces que se estaban evaluando las posibles consecuencias legales.
El fondo Aurelius, que encabeza Mark Brodsky, ya se había presentado en los tribunales estadounidenses junto al fondo NML como líderes del reclamo buitre por la deuda que cayó en default en 2001. Tras años de litigio judicial y de negociaciones fallidas con el Gobierno kirchnerista, el acuerdo alcanzado -ya bajo la administración de Macri- le reportó a Aurelius ganancias por el 254% del monto de deuda que poseía. Su posición original en los títulos argentinos era de U$S299 millones y terminó por cobrar U$S760 millones.
