“Al 50 por ciento del total”. ¿Debés 10.000 pesos? Te pago y cobro $ 5000″. “Si lo que querés pagar no está en la lista, consultame por privado”. “Resúmenes de tarjeta”. “Se saca boletos [pasajes]”. “Créditos”. Las insólitas “promociones”, que circularon en un grupo de la plataforma de mensajería Telegram, fueron parte de una serie de publicaciones hechas por una organización criminal que vendió datos sensibles de 1170 tarjetas de crédito que fueron utilizados para provocar un perjuicio económico de 29.730.669 pesos.
Así se desprende de un expediente judicial al que se tuvo acceso. La información que comercializaba la banda criminal era utilizada para pagar resúmenes de tarjetas de créditos, abonos de telefonía celular, servicios de electricidad, gas y agua corriente, medicina prepaga y hasta viajes en autos contratados por medio de aplicaciones que unen a choferes con pasajeros.
En las últimas horas, tras un pedido del fiscal de Vicente López Alejandro Musso, la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva para los supuestos organizadores de la banda, la mayoría de nacionalidad peruana.
“Esta gavilla criminal ha vendido mediante la modalidad establecida 1170 tarjetas de crédito provocando, hasta el momento, un perjuicio patrimonial cercano a los $29.730.669,72″, sostuvo la magistrada en su resolución, según informaron fuentes judiciales.
La investigación comenzó por la denuncia que hizo una experimentada funcionaria judicial cuando advirtió gastos en su tarjeta de crédito de 350.000 pesos por compras que no había realizado.
La jueza Rodríguez Mentasty procesó con prisión preventiva a Alicia Martínez Apaza, Dani Cruzado Mendoza y Carlos León Alca Sidón por considerarlos como organizadores una asociación ilícita y por el delito de defraudación mediante el uso de datos. Le adjudicaron 916 hechos delictivos. Un cuarto sospechoso, identificado como Leonardo López, continuará detenido como integrante de la organización criminal.
López, según consta en la resolución de la jueza, está detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de La Matanza por el homicidio de un policía, crimen ocurrido durante un intento de robo bajo la modalidad conocida como piratería del asfalto.
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Según el dictamen del fiscal Musso, donde solicitó las prisiones preventivas para los sospechosos, la organización criminal funcionó, por lo menos, desde el 7 de enero último hasta el 26 de septiembre pasado.
“Se determinó la participación activa, mediando un plan determinado y consensuado, dentro de una estructura organizacional permanente, dirigida a cometer hechos delictivos indeterminados, con clara voluntad asociativa y división funcional de tareas, roles y jerarquías, y con aportes necesarios de cada uno de sus componentes”, explicó el representante del Ministerio Público.
En Telegram el usuario @Cara_f1a_k1ta25 y @Fl1kita_2022s era quien, para los investigadores, “obtenía los números, titularidades, fecha de vencimiento y códigos de seguridad de las tarjetas de crédito y ofrecía a la venta dicha información por distintos montos de dinero, según la marca de la tarjeta y el monto operable.
Las negociaciones comenzaban por Telegram y, según las pruebas de la causa, podían continuar por chats de WhatsApp.
Por ejemplo, el fiscal Musso y su equipo de investigadores pudieron recuperar mensajes de WhatsApp donde un “cliente” de la organización criminal estaba interesado en saldar una deuda de 155.000 de pesos que tenía con una aplicación que conecta a choferes de autos con pasajeros.
En su momento, un detective judicial que investigó a numerosas bandas dedicadas a esta modalidad delictiva explicó: “Las organizaciones criminales se profesionalizan día a día. De un año a hoy, el mundo criminal de las estafas virtuales mutó. Ya no se trata del delincuente ‘artesanal’ que hacía pishing [el engaño por el que una persona entrega sus contraseñas y otros datos sensibles], sino una comunidad de negocios de las estafas”.
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Fuentes judiciales explicaron que “Pagos al 50″ es una modalidad que se extendió entre las bandas dedicadas a las estafas virtuales.
“Se trata de una modalidad delictiva que comenzó hace más de cinco años en México y se extendió a otros países como Colombia, Venezuela y Perú. Ahora en la Argentina es un boom. Los estafadores ofrecen pagar cualquier servicio que se pueda abonar con tarjeta de crédito, desde impuestos hasta créditos. Económicamente, destrozan a las compañías públicas y privadas. Las víctimas terminan siendo las empresas que soportan el pago”, dijo judicial un detective que participó de la investigación.
El mes pasado, tras una serie de allanamientos, la policía bonaerense detuvo a 14 sospechosos acusados de haber participado de las maniobras delictivas.
“Inicialmente, el clan criminal ofrecía sus servicios en la denominada dark net o deep web, que tenía un espectro de difícil acceso para personas que desconocían el lenguaje de programación básico. Desde hace un tiempo, estas organizaciones trasladaron su perfil de negocios ilegales a la plataforma de mensajería instantánea de origen ruso Telegram, creando canales anónimos, con las mismas características de privacidad que antes ofrecían en la Internet oscura, pero accesibles a personas comunes, y con ello abrieron al mundo su oferta de negocio”, explicó en su momento un investigador del caso.
