Continúan las repercusiones luego de la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández respecto de discontinuar con el proceso de intervención y expropiación de la empresa cerealera Vicentin. Y es que la resistencia de la Justicia a que el Gobierno se apoderara de la propiedad privada de una compañía que se encuentra en convocatoria de acreedores, terminó dando sus buenos frutos como quedó demostrado hoy.
Y es que el Poder Judicial fue clave para que el oficialismo desistiera de su intención primaria de quedarse con esta importante empresa. Es por ello que en Vicentin se celebró la decisión de Alberto Fernández como si se tratara de un cierre a un capítulo que no fue iniciado por la empresa y que, de hecho, nunca debió haber comenzado por parte del Gobierno. Cuya intromisión sólo generó incertidumbre y confusión, además de haber sido algo innecesario.
Y es que la solución debe encontrarse dentro del concurso de acreedores que está en marcha. De todas maneras, en Vicentin mantendrán la guardia alta ya que el mensaje presidencial vía Twitter, dejó en claro que el Poder Ejecutivo está enfrascado en la terca posición de tener una fuerte participación en la instancia judicial que se desarrolla en torno a la deuda que tiene la reconocida empresa cerealera con sede en Resistencia, Santa Fe.
Con la excusa de que se recuperen los créditos reclamados en el concurso preventivo, más definir las responsabilidades de los participantes y preservar los intereses del Estado, el Gobierno no cejará en su intención de tener algún tipo de participación en lo que es la compañía. Lo que, en principio, significa que seguramente se escribirán más capítulos de la historia que tiene al peronismo como confiscador de la propiedad privada y productiva.
En el seno del oficialismo se venía hablando de esta posibilidad debido a que, entre otras razones, la opinión pública estaba mayoritariamente en contra de la intervención y expropiación de Vicentin. Una mala lectura de cálculo, llevó a Alberto Fernández a creer que la sociedad aplaudiría esa decisión. A cambio, sólo recibió banderazos, protestas y cacerolazos de parte de la gente que decidió salir en defensa de la propiedad privada en general y de Vicentin en particular.
De hecho, en el Gobierno temen que con la reforma judicial puesta en marcha, pueda suceder algo parecido. Y es que la gente se muestra en contra de lo que creen, con justa causa, se trataría de institucionalizar la impunidad en favor de Cristina Kirchner. No en vano, ya se produjo un cacerolazo la misma noche en la que se tuvo lugar el anuncio de envío al Congreso del polémico proyecto destinado a modificar al Poder Judicial. En medio de la pandemia, con la cantidad de contagiados aumentando día a día y con una crisis económica profundizada por una cuarentena eterna, el Gobierno padece de un extravío ideológico. Ya que, intentonas como la de Vicentin o la de la reforma judicial, no es algo que necesite o pida la sociedad en su conjunto. Por el contrario, son caprichos de un sector de la coalición gobernante que sólo aspiraría a quedarse con lo ajeno y a lograr impunidad.
