La idea de expropiar la empresa Vicentin comenzó un mes atrás, cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió un informe al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray sobre el estado de la compañía que tiene una deuda acumulada en torno a los $100.000 millones.
Solo 10 días después del pedido de la expresidenta, Echegaray, que actualmente integra la Aduana, le envió un escrito con una propuesta: expropiar la firma.
Poco tiempo después Alberto Fernández anunciaba la intervención y el envío al Congreso de la Nación de un proyecto para expropiar la sexta agroexportadora más importante del país. Esta propuesta generó un gran ruido hacia adentro y afuera del Gobierno.
Echegaray enfrenta un juicio oral junto a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, por la causa conocida como “Oil Combustibles” en la que se investiga una supuesta defraudación al Estado. Ese proceso, sin embargo, se vio interrumpido por la pandemia y todavía no fue reanudado.
Su frente judicial también incluyó otras pesquisas en su contra. En 2019 fue absuelto en la causa donde se lo investigó por violación de secreto y falso testimonio en perjuicio del exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.
El anuncio podría cambiar las relaciones de fuerza entre el Estado y los privados en el mercado alimenticio. En el caso de que la expropiación obtenga luz verde en el Congreso, los activos de la empresa pasarán a formar parte de un fondo fiduciario que será administrado por YPF Agro, una firma relacionada al campo de la petrolera de propiedad mixta entre el Estado y el sector privado.
En su discurso, el Presidente describió la medida como una “operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado”, y añadió que “favorece a la Argentina en este momento para lograr una soberanía alimentaria”.
