Antes de que la Justicia Federal ingrese a su feria de mitad de año, dejó firme las condenas impuestas a la banda liderada por los hermanos Rubén “La Chancha” Ale y Ángel “El Mono” Ale.
La sentencia fue por unanimidad impuesta por la Sala II de la Cámara de Casación Penal de la Nación, al igual que los otros 11 miembros de la organización que fueron encontrados culpables de lavado de dinero proveniente de una larga lista de delitos que van desde la “usura”, “extorsión” y “explotación económica del ejercicio de la prostitución” hasta el comercio de estupefacientes.
La condena ocurrió en 2017, donde se estableció una pena de 10 años de prisión. La inmensa mayoría del tiempo que duró el trámite del expediente (abierto en 2013) no estuvieron en la cárcel. Lograron cumplir la prisión preventiva en sus casas o en alguna institución sanitaria, alegando problemas de salud.
Lo que hicieron ahora los jueces de Casación Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci fue darle la razón en su apelación a los fiscales Pablo Camuña y Agustin Chit y a los abogados querellantes por la Unidad de Información Financiera (UIF), Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola.
Además, el fallo también salió con un revés para Oscar Roberto Dilascio, un ex jugador de fútbol vinculado al club San Martín de Tucumán, al que le revocaron la absolución.
A través de la sociedad “La Gerenciadora del Norte”, Dilascio habría participado del blanqueo de dinero usando como método la compraventa de futbolistas y también de colectivos, negocio que quedó acreditado con documentos. Con esto, la Justicia decidió condenar a Dilascio y que esto lo haga un tribunal diferente al que lo absolvió hace cuatro años.
El juicio oral contra los Ale duró un año y pasaron alrededor de 100 testigos. Durante sus alegatos, el fiscal federal Pablo Camuña argumentó que se había probado “la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década”.
Camuña también sostuvo que “de esas actividades se obtuvieron ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una sub estructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos”.
En base a ese argumento, el fiscal Camuña había solicitado que se condenara a los hermanos Ale, acusados de liderar la “asociación ilícita y lavado de activos”, a 13 años de prisión y que los bienes decomisados, entre ellos 60 armas y 5.500 proyectiles, fueran entregados a fuerzas de seguridad para la lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado.
La causa contra el Clan Ale había comenzado en febrero de 2013 a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) efectuado luego de una presentación de Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles “Marita” Verón, cuyo paradero se desconoce desde que fue secuestrada en abril de 2002 para obligarla a ejercer la prostitución en La Rioja, según dio por probado la Corte Suprema de Justicia tucumana.
Este fue el primer juicio en el país de esta envergadura por lavado de activos, por el que se condenó a 13 personas en 2017. Casación confirmó además el caso presentado por el MPF y las querellas de UIF y AFIP.https://t.co/kL503nq8Bi
— Pablo Camuña (@PCamuna) July 19, 2021
