El ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler, acusó a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, de priorizar sus “intereses políticos electorales” por sobre el bienestar de las comunidades indígenas.
“Odarda es la principal responsable de que no avance el Relevamiento de Comunidades Indígenas en Río Negro. Es ella quien, con un claro objetivo político, boicotea la posibilidad de firmar el convenio entre Nación y Río Negro para avanzar en esta iniciativa que, sin lugar a dudas, llevaría tranquilidad a varios sectores de la comunidad rionegrina”, señaló Buteler.
Solo 61 de las 189 comunidades indígenas que habitan en Río Negro han sido relevadas hasta el momento por el INAI. “Desde la llegada de Odarda al INAI, luego de perder las elecciones provinciales en las que fue candidata a vicegobernadora por el Frente para la Victoria, el proceso de relevamiento quedó completamente estancado”, advirtió Buteler.
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En 2019, Odarda fue compañera de fórmula del actual ministro de Justicia, Martín Soria, durante las elecciones provinciales en las que triunfó Arabela Carreras.
Buteler añadió que “pocas veces se la vio [a Odarda] por la Zona Andina luego de perder las elecciones, siendo el INAI la autoridad de aplicación y responsable de la realización de los relevamientos de las comunidades indígenas en las provincias”.
“La realidad es que la presidenta del INAI propone a Río Negro un convenio redactado unilateralmente por sus equipos técnicos, con condiciones leoninas para la provincia, donde pretende avasallar nuestra autonomía, pero también dejando de lado a los municipios que gozan de autonomía por mandato constitucional o a las comisiones de fomento, dejando al estado provincial un mero papel de espectador sin posibilidad de ser partícipe en las decisiones del relevamiento. Y, como si fuera poco, pretende que a simple solicitud se pueda realizar un relevamiento de manera directa desde el INAI sin intervención de la provincia, municipios u organismos involucrados. Fácilmente se advierte esto de una lectura rápida del convenio que pretende imponer el INAI, el cual fue enviado vía mail para su inmediata firma”, agregó el ministro de Gobierno provincial.
En el convenio, al que se pudo acceder, se lee: “El INAI se reserva la facultad de abordar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades, desde la modalidad centralizada, a través de sus Equipos de Ejecución Central, en aquellas comunidades que expresamente así lo soliciten”.
A su vez, Buteler advirtió que los convenios firmados por el INAI con otras provincias son diametralmente opuestos: “Evidentemente, Odarda tiene intereses políticos electorales muy claros en nuestra provincia, que superan el interés superior del bienestar de las comunidades, diciendo una cosa en los medios y haciendo todo lo contrario en la realidad. Su único objetivo es que las comunidades no tengan su relevamiento para seguir conservando su discurso político electoral de oposición”.
Sancionada a fines de 2006, la Ley 26.160 declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes”.
En octubre de este año, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga por cuatro años esa ley de emergencia territorial indígena y evita los desalojos.
Poco antes de esa decisión, la oposición reclamó que Odarda se presentara en el Congreso para informar sobre las políticas que implementa el INAI. “La presidenta del INAI, Magdalena Odarda, debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la ley 26.160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir. Según Amnistía Internacional, ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año ¿Cuál es el plan del gobierno?, ¿Prorrogarla sin informar?”, sostuvo la vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo.
Odarda también recibió críticas en las últimas semanas de parte del intendente de El Bolsón. Bruno Pogliano responsabilizó a la presidenta del INAI por los hechos de vandalismo que ocurrieron en la localidad rionegrina luego de conocerse la noticia de la muerte de Elías Garay, miembro de la comunidad Quemquemtreu.
“Sr. Intendente de El Bolsón @BrunoPoglianoOK, jamás expresé que la policía reprimió. Sea más serio en sus comentarios y respete el dolor del pueblo mapuche”, le respondió Odarda a través de su cuenta de Twitter.
También Buteler la criticó en ese momento por involucrar a la policía en los hechos ocurridos en Cuesta del Ternero. “Las declaraciones de Odarda son irresponsables y apresuradas, más siendo una funcionaria nacional de alto rango, mientras hay una investigación en curso”, dijo Buteler.
