El Gobierno anunciará mañana en conferencia de prensa un aumento de en las facturas de agua en tres etapas y mediante una segmentación –basada en zonas geográficas– que irá eliminando subsidios gradualmente. Comenzará a implementarse en noviembre próximo y terminará en marzo del año que viene.
Se trata de una iniciativa que había sido adelantada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en la conferencia de prensa el día de su jura y que va de la mano de los incrementos –también segmentados– para la luz y el gas.
Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que se abrirá un registro para aquellos que crean que deben mantener el subsidio, mientras que aquellas personas que están recibiendo una tarifa social o comunitaria no estarán incluidas en los aumentos que se presentarán.
AySA, la empresa que conduce Malena Galmarini (la mujer de Sergio Massa), ya había logrado un aumento de tarifas en dos etapas: desde el 1° de julio (incremento del 20%) y luego desde el 1° de octubre (una suba del 10%), lo que totalizará un aumento final del 32%.
Según la información a la que accedió este medio, la quita de subsidios mediante una segmentación tarifaria se realizará en base a zonas geográficas demarcadas por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), algo que diferencia a este proceso de lo que ocurre con el gas y la luz, cuya demarcación es en base a ingresos, según el diseño que eligió en su momento Martín Guzmán.
Los ejemplos del impacto
Las zonas residenciales se dividen, entonces, en alta, media y baja. La zona “alta” tiene actualmente –según datos oficiales– un subsidio de un 60% de la factura. En noviembre no tendrá ninguno. Si esa factura promedio ese mes era de $841, el incremento en noviembre será de $1258. En el caso de la “media”, una factura promedio mensual en octubre de $754 (subsidiada en un 60%), recibirá subas de $376 en noviembre; $377, en enero; y $376 en marzo. La zona “baja”, con un promedio de factura mensual de $707, recibirá alzas de $264 en noviembre; $265 en enero; y $265 en marzo. Este es el único sector que mantendrá, según la información oficial, un 15% de subsidio en la factura final después del tercer mes de 2023.
“Actualmente, se estima que la cobertura de gastos operativos (Opex) e inversiones en Mejora y Mantenimiento (Capex) con ingresos tarifarios alcanzará al 30,3%. En este sentido, se puede afirmar que actualmente, de acuerdo con los datos de cierre de la contabilidad de AySA S.A. a junio de 2022, los usuarios contribuyen con el 30% del costo del servicio, mientras que el 70% restante lo cubre el Estado Nacional, es decir, que de manera implícita, las facturas se encuentran fuertemente subsidiadas”, justificaron desde la empresa de Galmarini, donde creen que el actual subsidio es “Pro-Rico” (una definición de Guzmán).
“El régimen tarifario de AySA presenta subsidios cruzados progresivos, es decir que usuarios de mayor capacidad contributiva poseen facturas por encima de la media para compensar facturas por debajo de la media para usuarios de menor capacidad contributiva”, indicaron y agregaron: “Si el subsidio es entendido como una reducción de las tarifas de equilibrio aplicables, dado el carácter progresivo de la tarifa, los usuarios de mayor capacidad contributiva reciben la mayor parte del subsidio”.
Como medida adicional para aquellos usuarios residenciales ubicados en las áreas calificadas como “altas” o “medias” que, sin cumplir los requisitos de acceso al programa de tarifa social, requieran mantener una parte de su factura por servicios de agua o saneamiento con subsidio del Estado se propone la instrumentación de un “Registro para el mantenimiento del subsidio”. Si se les confirma se les dará el mismo nivel de subsidios que tendrá la zona considerada “baja”.
Deberán cumplir con ingresos netos menores a un valor equivalente a dos Canasta Básica Total (CBT); integrante del hogar con Certificado de Vivienda (ReNaBaP); domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario; al menos un o una integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; al menos un o una integrante posea certificado de discapacidad y, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a un valor equivalente a tres CBT para un hogar Tipo 2 según el Indec.
