Carlos López participó en la causa iniciada contra los 27 legisladores acusados de recibir coimas como secretario de su primer fiscal, Esteban Jerez (renunció para dedicarse a la política), y de su penúltima jueza, la jubilada Mirta Lenis de Vera, hasta el 4 de septiembre de 2014. Ese día, el funcionario informó en el expediente que había sido designado asesor ad honorem de la Comisión de la Reforma Procesal Penal a instancias del legislador justicialista Gerónimo Vargas Aignasse y que, por ello, se apartaba del proceso que involucraba al artífice de su nombramiento como uno de los imputados. Todo ello surge de los informes que elaboraron Carolina Ballesteros, jueza de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital desde el 8 de febrero, y Agustín Ladetto y Mariana Tasquer, auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, con motivo de un pedido de datos de los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf(ver por separado).
El alejamiento de López del expediente que estremeció la institucionalidad provincial durante buena parte de la década pasada ocurrió cuatro años después de que Lenis de Vera (se acogió a la jubilación con el beneficio del 82% móvil en mayo de 2016) anulara el pedido de sobreseimientos formulado por el ex fiscal fallecido Pedro Gallo (sustituyó a Jerez). Aunque la ex jueza N°5 estaba todavía al mando del juzgado, fue Alejandro Tomas, el juez N°1, quien aceptó la inhibición de López, uno de los aspirantes a juez más vetados por el Poder Ejecutivo, y dispuso que tomara su lugar la entonces prosecretaria Jimena Suárez. Tomas ordenó la notificación de esa decisión, acto que no habría ocurrido. Al menos eso no se desprende de los relatos de Ballesteros y de los auditores. Fuentes judiciales deslizaron que Suárez sólo es mencionada en el decreto de Tomas y en los proyectos de comunicación de la sentencia de 2010 que datan de finales de septiembre de 2014. Estos borradores estaban sueltos, y carecían de rúbricas y de diligenciamiento. La secretaria Karina Rivera dijo que aquellos papeles estaban dentro del cuerpo N°24 -el último del expediente- encontrado abajo de un armario del despacho.
Tanto López como el prosecretario Demetrio Kuchimpos fueron desplazados del Juzgado N°5 por pedido de Ballesteros, días después de que esta jurara en su cargo (el secretario se sumó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción mientras que el pro se incorporó a la Cámara Penal). A posteriori, la jueza comunicó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el hallazgo de numerosas anomalías, y solicitó sumarios y auditorías.
