El último informe del banco estadounidense JP Morgan sobre la inflación en la región es impactante respecto de la situación de la Argentina. Pronostica que este año el costo de vida en Brasil subirá 6,9% y en Chile 12,2%, mientras que en Uruguay lo hará en 8,4%, y en México y Perú en torno a 7,5%. En la Argentina, 92,6%. El primer impacto está en la imponente “grieta” entre la inflación de los vecinos y la Argentina, pero el segundo es más preocupante.
Para 2023, los analistas de ese gigante financiero estadounidense pronostican que la inflación bajará en toda la región con la excepción de la Argentina, donde el costo de vida subirá a 101,20%. Como toda estimación, puede fallar, pero el proceso inflacionario es creciente y contradice a los funcionarios del gobierno que siguen prometiendo un descenso que, por ahora, no se verifica ni encuentra diques de contención relevantes.
La gestión de Sergio Massa arrancó con un aumento de las tarifas de luz, gas y agua, a lo que se agregó el 7,5% de la nafta de YPF que actúa como paraguas para la suba de los combustibles del resto de las petroleras. Frente a ese puntapié inicial, se suma el impacto del 7,4% de suba del costo de vida en julio (el mayor en 20 años), que desató una ola de reclamos de los dirigentes sociales por un aumento de los planes sociales.
Pero también el de los sindicales para reabrir las paritarias en forma urgente, en el intento de que los salarios no pierdan mucho contra la inflación. El presidente Alberto Fernández insistió en que los sueldos tienen que superar la suba del costo de vida este año, y ese mensaje actúa como música de fondo para un nivel de ingresos de la población que va claramente retrasado por el salto y el nuevo régimen inflacionario en que ingresó la Argentina.
El aumento de la “nominalidad” de la que hablan los economistas resume en pasar de aumentos mensuales de 3/4% a 6/7%, como se perfilan julio y agosto. De hecho, el Banco Central que antes aumentaba el dólar oficial en torno de 3,5/5%, este mes lo hará entre 5,5 y 6%. Sergio Massa mantiene su decisión de no aplicar un salto cambiario, pero sí acelera el ritmo de las minidevaluaciones.
Manteniendo las minidevaluaciones y subiendo la tasa de interés a cerca del 70% anual, el BCRA encontró cierto alivio en la compra de dólares a la vez que, en los últimos días, bajó la demanda de divisas para la importación de energía. Las importaciones de gas y combustibles le demandaron al Central en julio US$2.400 millones y bajan en torno a los US$1.000 millones en agosto. Eso explica en parte el resultado favorable al BCRA en materia cambiaria en los últimos días.
Si bien aún no se concretan y nadie sabe qué aumento le corresponderá, la demora en la suba de las tarifas de luz gas y agua dejan un resultado: el monto de los subsidios destinados a esos fines será mayor este año que el anterior. Los cálculos más afinados de los expertos sostienen que esos subsidios, que el año pasado representaron 2,3% del PBI, este año alcanzarán entre 2,7 y 3 por ciento del PBI. Una paradoja: el gasto en pesos se duplica en 2022, crece por encima de la inflación.
A poco de andar cobra fuerza la idea de que la forma de ajustar las cuentas públicas que elige el gobierno es por medio de la inflación galopante. Es bastante claro que sin inflación de 90%, el gobierno tendría hoy un problema adicional importante al no poder aumentar la recaudación y, simultáneamente, licuar los gastos (por ejemplo, en jubilaciones o planes sociales que ajustan con rezago) de manera importante.
Mientras la inflación le abre la puerta y presiona por paritarias con actualizaciones mensuales y hay subas de tarifas, combustibles, salario mínimo y dólar oficial, las dudas surgen en torno a cuál será el ancla que proyecta el gobierno en un supuesto intento de frenar la suba de precios. ¿Será la tasa de interés en pesos la que evite una suba del dólar para tratar de tranquilizar los aumentos?
