La calidad del sistema electoral es un requisito esencial de la democracia, pues la soberanía popular se expresa a través del sufragio. Las reglas de juego transparentes para todas las fuerzas políticas y su estabilidad son imprescindibles para que el pueblo pueda elegir a sus representantes, manifestar su respaldo a un gobierno o buscar su reemplazo por otra alternativa.
La legitimidad de origen de un mandato requiere del voto, que es el mecanismo sagrado para posibilitar “el gobierno del pueblo, por el pueblo para el pueblo”. Una demanda de la ciudadanía en tiempos más cercanos, dirigida a lograr mayor involucramiento en el proceso de selección de los candidatos partidarios, terminó con la dedocracia o elecciones internas digitadas sobre la base de afiliaciones truchas y manejadas por “punteros”.
El sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), perfectible, por cierto, ha resultado un avance al reconocerles a los ciudadanos mayor participación en la conformación de las listas legislativas y en la postulación de quienes aspiran a ocupar cargos ejecutivos. Noticias recientes dan cuenta de la intención del gobierno de Salta de suspender las PASO para los próximos comicios nacionales y provinciales.
A esta decisión se sumarían Catamarca, La Rioja y San Juan. En el caso de La Rioja, se denuncia el intento del gobernador Ricardo Quintela de reformar la Constitución provincial para restablecer la reelección indefinida. En San Juan se pretendería implantar la ley de lemas, sistema desprestigiado por las deformaciones que provoca y que afectan la representatividad de los elegidos.
La ley de lemas posibilita que se elija a un candidato con pocos votos gracias a la acumulación de sufragios de sublemas que no tienen nada en común, salvo utilizar el mecanismo del lema, y suele llevar a problemas de gobernabilidad. La experiencia es que ha anarquizado a los partidos políticos, afectado la calidad de los actos electorales y el escrutinio, y disminuido la calidad de la representación.
Es frecuente que se presenten dentro de un mismo lema propuestas contradictorias, sin afinidad ideológica ni programática, distorsionando la voluntad popular. El sistema fue abandonado en varias provincias y solo subsiste en Formosa, Misiones y Santa Cruz, distritos que no son, precisamente, un ejemplo de calidad institucional. Con estas actitudes se ratifica la voluntad de ciertas dirigencias de consolidarse como oligarquías con una concepción patrimonialista del poder.
Aunque lo disimulen con discursos llenos de consignas populistas y demagógicas. Verdaderos gobiernos de familia, cuasi feudales, que ocupan cargos electivos y administrativos con extensas parentelas, son la constante, en especial en las provincias más atrasadas. Y seguirán en esa situación porque es la escasa calidad institucional la primera causa de esa decadencia y pobreza de sus pueblos a pesar de la enorme transferencia de recursos desde las provincias que producen la casi totalidad de la riqueza nacional.
Suprimir las PASO e ir restaurando la ley de lemas son los mecanismos de estas oligarquías para mantener el poder, digitando candidaturas de familiares y amigos. Aunque carezcan de idoneidad, como se observa en el Congreso, al solo efecto de negociar el financiamiento de ese control de las provincias que gobiernan. En este contexto, se suman versiones en el sentido de que el oficialismo estudiaría la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales del año próximo.
Con la intención de evitar que la principal fuerza opositora pueda resolver sus candidaturas mediante ese mecanismo. Cualquier reforma del régimen electoral debe ser objeto de un amplio consenso político y de un debate parlamentario que se produzca con bastante anticipación al inicio de un proceso eleccionario. En este sentido, preocupa también la postergación de aprobación de las leyes de ficha limpia y boleta única.
El retroceso y la decadencia en la calidad institucional desde el restablecimiento democrático, que cumplirá 40 años el año próximo, son paulatinos, pero constantes. Se iniciaron con reformas constitucionales provinciales para imponer, primero, la reelección por un período que se transformó, luego, en varias provincias, en indefinida. Le siguió la herencia en las gobernaciones a hermanos o esposos.
Como viene sucediendo tanto en el orden nacional como en varias provincias de la Argentina. Asistimos así a reformas electorales para perjudicar la representación legislativa, como los sistemas mixtos de elección de legisladores que no reflejan en la representación el caudal electoral de los partidos. El cambio de reglas de juego según cómo se perciban los comicios siguientes.
Y, como si eso fuera poco, propuestas disparatadas para terminar con la independencia del Poder Judicial. Pero también para imponer una autocracia permanente. Es de esperar que la añeja tradición republicana argentina, con sus pilares fundantes de libertad e igualdad, o la Justicia, frenen estos intentos de desmanes propios de los tiempos anteriores a la organización nacional.
