A partir del reclamo que llevan adelante terapeutas que vienen exigiendo por las demoras y la interrupción en los pagos de sus prestaciones, miles de personas con discapacidad se quedaron sin sus terapias.
Sin embargo, muchos de los padres de chicos con discapacidad acompañaron las protestas porque consideran injusta la situación que atraviesan los prestadores y piden que se regularice.
La problemática es una maraña de acusaciones cruzadas: los prestadores denuncian que hubo un recorte en el área y que no cobran o lo hacen a cuentagotas. El Ministerio de Economía desmintió el achique, mientras que la Agencia Nacional de Discapacidad reconocieron “inconvenientes administrativos”. En tanto, la Superintendencia de Salud niega que haya habido demoras en la cadena de pagos, pero las obras sociales denuncian que no reciben los fondos para girar a los prestadores.
La plata, sin embargo, no aparece. Es por este motivo que, tras una asamblea nacional, parte del colectivo de discapacidad acordó llevar a cabo otro paro y marcha de antorchas el jueves 22 de septiembre.
Qué dicen los prestadores
Leandro, de la organización Prestadores precarizados, explicó que la cadena de pago se cortó. “Llegaron los avisos por parte de las obras sociales que indicaban que la Superintendencia no había girado los fondos para los pagos”.
Los reclamos vienen hace años, pero se llegó a un punto insostenible que los hizo tener que hacer un paro. “Las últimas dos semanas fueron históricas para el movimiento, hubo movilizaciones en 40 puntos del país”, indicó Leandro, que prefiere no dar su apellido porque teme perder su puesto de trabajo.
Los prestadores indican que nunca se había cortado la cadena de pago, pero lo cierto es que las demoras en los pagos siempre existieron, solo que ante el contexto inflacionario que vive el país, la pérdida del poder adquisitivo “es impresionante”.
Cómo funciona el sistema de pago actual
En 2016 se implementó un nuevo mecanismo de pagos. En la Superintendencia de Salud explicaron a TN que el prestador le envía la factura a la obra social y luego la obra social le manda la factura a la Superintedencia. La obra social tiene hasta cuatro meses para presentar la factura. Es decir, en septiembre puede presentar las facturas de agosto, julio, junio y mayo, por ejemplo.
Una vez que le llegan las facturas, la Superintendencia audita y controla que se facturen las prestaciones que corresponden. Si no están dentro del nomenclador de discapacidad, no se pueden facturar. Cuando está todo en orden, la Superintendencia calcula los totales de cuánto hay que transferirle a cada obra social, por prestador, y le envía los valores a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La AFIP toma el dinero del Fondo Solidario de Redistribución y lo transfiere a las “cuentas discapacidad” del Banco Nación. A partir de ahí, la obra social tiene 60 días para pagarle al prestador.
En este sentido, en la Superintendencia de Salud indicaron que lo que puede estar pasando es que “las obras sociales se estén tomando estos 60 días para pagar, pero están en su derecho de hacerlo” y que “problemas financieros tienen todos”.
“Hay prestadores que dicen que no cobraron el mes de mayo, y ese mes lo transfirió en julio la AFIP”, ejemplificaron. E insistieron con que no hay ajuste: “No recibimos ninguna indicación de recorte, estamos pagando con los tiempos del mecanismo de integración, como siempre”.
Leandro, de Prestadores Precarizados, indicó que en el acta que se firmó la segunda semana de septiembre, admitieron “una semana de retraso”. No obstante, transcurrió septiembre y continuaban sin pagarles a muchos prestadores, e incluso comenzaron a denunciar que algunos centros y obras sociales estaban informando a los profesionales y las familias acerca de la baja a los servicios por falta de pago.
Qué dicen los padres de chicos con discapacidad
“Las demoras siempre existieron”, admitió Karina Herrera de la Asociación de Afapprei (Asociación de familias, personas con discapacidad y prestadores por la inclusión). Ella explicó que vienen teniendo conversaciones con la Superintendencia de Salud desde 2018.
“El escenario es incierto, y siempre ha sido así”, remarcó Herrera. Ella es madre de Santiago y Julián. Santiago tiene un trastorno del espectro autista (TEA) y va a escuela especial, “donde van los chicos que no responden a los tratamientos o que no lo tienen”. Dejó de hablar hace ocho años, cuando nació su hermano. Julián, su otro nene, empezó a hablar a los cuatro años. “Santiago en este momento no tiene ninguna prestación”, contó Herrera.
Si bien desde el gobierno negaron que haya un recorte en el área, Herrera manifestó que es un área sensible que ya ha sufrido recortes en el pasado y que eso no los sorprendería. “El decreto 908 recortó 14 mil millones, en 2016, que los puso en bonos de la Nación Argentina”, señaló. “También, la resolución que recortó las terapias a seis sesiones semanales, siendo que lo mínimo que se suelen utilizar son hasta ocho o 10″, ejemplificó.
El impacto del paro de los prestadores en los colegios con maestras integradoras
Andrés Gallino es psicólogo, trabaja en el equipo de orientación de un colegio, en la coordinación con maestras integradoras y antes fue acompañante terapéutico.
“Esto es así históricamente”, dijo sobre las dificultades del sector. Y aseguró que muchas veces es complicado encontrar maestras integradoras, precisamente porque nadie quiere trabajar en estas condiciones.
“Como condición, exigen que les paguen a mes vencido y muchos centros pagan a tres meses. Cuesta mucho encontrar maestras integradoras, cuesta encontrar profesionales, hay muchos estudiantes”, señaló.
Sobre la situación actual dijo: “Puede cerrar un centro o el profesional dejar de trabajar y eso representa un problema por el vínculo que desarrolló con el chico. Es la incomodidad de saber que alguien está trabajando ad honorem y sin saber cuándo eso se resuelve”.
Cada vez que una maestra integradora se toma el día para hacer paro esto tiene un enorme impacto para los estudiantes y sus familias que tienen que organizarse especialmente.
Las consignas del reclamo
Sobre el mecanismo de integración y la explicación que da la Superintendencia de Salud, de Prestadores Precarizados, dijeron: “Naturalizan un sistema perverso”.Asimismo, indicaron: “Las obras sociales nacionales y provinciales y prepagas, la Superintendencia y la AFIP son socios en este ajuste”.
Las principales consignas de los prestadores son:
- Pago a mes vencido
- Restitución inmediata de la cadena de pagos y pago de todo lo adeudado ya
- Nomenclador regulativo nacional ajustado por inflación (en el nomenclador nacional figura que es orientativo, con lo cual las obras sociales pagan por debajo)
- Aumento inmediato del 60%
Un reclamo integral
Gilda Kriskovich, profesora en Pedagogía Diferencial, es presidente de Prestadores de Discapacidad Unidos y una de las precursoras del Colectivo de Discapacidad. Ella apunta que el reclamo va más allá del retraso de los aranceles, por la necesidad que tienen las familias de “judicializar la discapacidad para que les den la silla de ruedas, los medicamentos o los transportes”.
Kriskovich hace hincapié en el dilema ético que recae en los prestadores. “Yo estoy de ambos lados, porque soy mamá y prestadora y se lo difícil que es”, dijo días atrás en Plaza de Mayo durante las protestas.
