El Gobierno junto a representantes de las centrales sindicales y cámaras empresarias acordaron este martes en el Consejo del Salario un incremento trimestral escalonado del 26,6% en el salario mínimo, vital y móvil, que llegará en junio a $ 87.987 e impactará en el monto de los planes Potenciar Trabajo, que reciben 1,3 millones de personas.
En medio de la creciente presión por la inflación acumulada durante el primer bimestre del año y con la escalada en las protestas de los movimientos sociales, el aumento validado por la Casa Rosada se despega del esquema de una suba anual de 60% o dos acuerdos semestrales de 30% que pretendía el ministro de Economía, Sergio Massa, para las paritarias del sector privado. Y se ubica más cerca de la apuesta de los gremios que comenzaron a negociar sus salarios con el plan de convenios trimestrales con un piso de aumento de 20%.
Según el entendimiento sellado en el encuentro virtual que encabezó la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, la suba del mínimo será de 26,6% para el período abril-junio, en tanto que desde el 15 de julio los miembros del Consejo del Salario se sentarán a discutir un nuevo incremento.
Con el esquema convenido el actual piso salarial de $ 69.500 (desde el 1° de marzo) se elevará un 15,6% a partir de abril para alcanzar a $ 80.342. Desde mayo se aplicará un aumento de 6% y llegará a $ 84.512, mientras que el tramo final de la suba de 5% se aplicará a partir de junio y el mínimo avanzará a $ 87.987.
La propuesta de aumento fue aprobada con los votos de los 16 representantes de las cámaras empresarias y los 14 dirigentes de la CGT. A su vez, Hugo Yasky, el gremialista K que lidera la CTA de los Trabajadores, se abstuvo y su par de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, votó en contra del acuerdo.
En tanto, los montos de los beneficios del Potenciar, que equivalen a la mitad del sueldo mínimo, aumentarán en abril de los actuales $ 34.750 a $ 40.171, llegará a $ 42.256 en mayo y alcanzará a $ 43.993,5 a partir de junio.
Adicionalmente la suba del piso salarial también actualiza pro la vigencia del 82% móvil el monto de 1,2 millones de jubilaciones que cobran el haber mínimo y se jubilaron con 30 o más años de aportes efectivos, y eleva las prestaciones por desempleo y otros planes de asistencia.
Para la actividad privada formal, en cambio, el efecto de la suba del sueldo mínimo es muy acotado: menos de 300.000 trabajadores fuera de convenio se beneficiarán con la medida. Aunque, en para el sector informal de la economía, suele funcionar como la principal referencia para la actualización de los salarios.
A fines del año pasado algunos despachos de la Casa Rosada pusieron en marcha un plan para intentar desenganchar el aumento del Potenciar de la evolución del salario mínimo y activaron la conformación del denominado Consejo de la Economía Popular, para que sea ese organismo el encargado de fijar el monto de ese beneficio.
Finalmente ese flamante consejo se reunirá por primera vez el próximo 31 de marzo (inicialmente había sido convocado para este jueves y luego postergado), aunque -por la falta de una legislación específica que lo habilite- no podrá avanzar en la definición del ningún aumento.
La presión de los movimientos sociales, tanto los alineados con la Casa Rosada como las agrupaciones de izquierda, que se plantaron contra la posibilidad de un “desacople” también puso en suspenso la estrategia oficialista.
Por eso, pese al malestar de sindicalistas y empresarios que rechazan ser parte de una negociación en la que -aseguran- “se imponen las necesidades del Estado-, la definición del Consejo del Salario de este martes volvió a estar mediada por la postura del Gobierno respecto al costo de la suba de planes sociales y jubilaciones.
La actualización dispuesta quedó lejos de la aspiración de los movimientos sociales que reclaman un piso salarial equivalente al monto de la canasta básica para una familia tipo, que alcanzó en febrero a $ 177.063.
Justamente este martes organizaciones de izquierda cortaron por la mañana Puente Pueyrredon y la Autopista Buenos Aires-La Plata, dos de las principales vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, y por la tarde se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Trabajo para exigir un “salario digno para los pobres que no llegan a fin de mes”.
