Viernes. El cambio brusco de calor a frío no aplaca el termómetro de la calle. Las recurrentes amenazas de bomba sobre diferentes entidades educativas de Tucumán se han convertido casi en una epidemia. Hubo hasta seis por día, con lo que ello significa, en todo sentido. En el amplio, ejecutar la evacuación completa de los edificios perjudicados concentra al personal especializado de la Policía y de bomberos en exclusiva a este operativo. En el finito, el dolor de cabeza que significa anular calles, alterar la vida de los estudiantes y de los tucumanos en sí. Porque si hablamos de una bomba, hablamos de cercar, de bloquear, de anular calles y pasajes cercanos a la zona del peligro. Y si en vez de una, las amenazas alcanzan la media docena durante una mañana, imagine el desconcierto.
Últimamente, Tucumán ha sido víctima de correos electrónicos que advierten sobre la instalación de artefactos explosivos en entidades educativas. “Ante tal situación, se aplica el protocolo contra el siniestro que todos los edificios públicos y privados deben tener, a partir de lo que sucedió en Cromañón”, le explica a LA GACETA Martín Aguilar, hasta el año pasado jefe de la Brigada Antiexplosivos de la Policía, y de Bomberos de la provincia.
Aguilar menciona la tragedia de República Cromañón, un centro de eventos y conciertos en el barrio porteño de Once donde ocurrió la peor tragedia no natural de la Argentina y del rock en el mundo entero. Sucedió el 30 de diciembre de 2004, durante un recital de Callejeros. El salón no cumplía con las medidas de seguridad correspondientes. Pasadas las 10 de la noche, “Pato” Fontanet entonaba “Distinto” cuando fanáticos encendieron bengalas dentro del edificio.
Una de ellas impactó en un techo revestido de “media sombra”, una especie de plástico inflamable que fue la mecha que encendió las llamas en unas planchas de poliuretano, y así hasta generar una ola de fuego y el colapso nervioso entre los fanáticos.
Una de las salidas de emergencias se encontraba bloqueada con candado y alambres de púas. La nube tóxica que gobernó el ambiente hizo que la transición hacia la segunda salida de emergencia del local regentado por Omar Chabán fuera terrorífica. Habilitado para recibir hasta 1.031 espectadores, en esa noche del 30 de diciembre de 2004 en Cromañón hubo al menos 4.500, según el cálculo de la venta de tickets (3.500) y los colados, que ascendieron a 1.000. Apretados y desesperados, los que fueron al recital jamás pudieron realizar una evacuación segura y en calma. En total, 194 personas perdieron la vida en la Nochevieja y cerca de 1.500 resultaron heridas.
“Todos los edificios deben tener una carpeta técnica donde figure el plan de evacuación. El de incendios es el que se aplica para las amenazas de bombas también, con la diferencia que en el plan de evacuación de incendio se le pide a las personas que se retiren como estén y lo más pronto posible hacia la zona segura. En el plan de evacuación por amenaza de bomba se le pide a las personas que se retiren con sus pertenencias”, diferencia Aguilar entre uno y otro siniestro. En nuestra provincia, por suerte, no hubo que lamentar víctimas fatales aún. ¿Pero cuánto faltará para cruzar esa línea si los tiempos de investigación no aceleran su curso? “Que los padres hablen con sus hijos, si están haciendo esta broma de mal gusto; y si son adultos los que están detrás de esto, que se den cuenta del daño que hacen a la vida de la gente”, plantea Aguilar.
Si la alarma se acciona por un material explosivo, se le pide a la gente que lleve sus pertenencias y mantenga puertas y ventanas abiertas. “Un explosivo puede causar más daño si encuentra resistencia al detonarse”, explica Aguilar, mientras pide mayor celeridad a la Justicia. “Cuando uno vaya preso, esto se termina”.
El protocolo antibombas se activó durante agosto aproximadamente 35 veces, cada una por denuncias anónimas vía mail. Hubo incluso amenazas dirigidas en un mismo correo electrónico a dos establecimientos educativos. ¿Qué pasa con la Justicia? “La División de Delitos Telemáticos, como auxiliar de la justicia -ordinaria y Federal-, está interviniendo”, dijo hace unos días el Secretario de Estado de Participación Ciudadana, José Farhat. Desde su declaración el viernes pasado a la fecha, una escuela de Tafí Viejo, durante el fin de semana, y una para adultos en Capital, al menos fueron víctimas del siniestro juego de “la amenaza de bomba”.
El gasto de movimiento de personal, herramientas y tiempo, es incalculable.
Lo que también no tiene precio, por fortuna, es saber que no se encontró nada y que en la historia reciente de nuestra provincia, tampoco hubo que detonar explosivos. Si habláramos de las décadas del 70 y 80, otra es la historia.
En sus temporadas como jefe de la división Antiexplosivos y de bomberos, Aguilar tomó la posta de distintas detonaciones, todas controladas y realizadas en espacios seguros. ¿Durante sus años de servicio, encontró una bomba en una escuela o colegio? “Nunca, por suerte”. Menos mal.
“La mayor intervención que tuvo la Brigada Explosivos durante mi servicio fueron hallazgos de material de guerra, es decir granadas, proyectiles de mortero. Varios de estos artefactos fueron vistos en la vía pública. Quizás alguien los tuvo como souvenir hasta que se dio cuenta de lo que tenía y arrojaba a la calle. Esos explosivos fueron detonados en ambientes seguros, generalmente en campos, sin riesgo de vida”, cuenta Aguilar.
Para detonar un proyectil, se necesita de otro proyectil. ABC.
Pregunta: ¿Pueden guardarse los explosivos encontrados? No. “Luego del hallazgo se hacen técnicas periciales para ilustrar la causa y se solicita a la Justicia Federal su autorización para destruirlo. Cuando llega el oficio se traslada el explosivo y se lo destruye”.
Cuando el explosivo es inestable, el protocolo ordena que se detone en el lugar donde fue encontrado, tomando medidas para evitar el menor daño colateral posible. Si existe daño, está justificado.
Llame al 911, no se asuste
“En tiempos en los que el Ejército realizaba entrenamientos en la zona de Trancas, podía aparecer uno que otro material de guerra”, recuerda Aguilar. Pero quizás lo más llamativo que enfrentó durante su carrera como especialista fue Yerba Buena. “Una mina antipersonal, La trasladamos a una zona de El Cadillal y allí fue detonada”.
El único vínculo entre estudiantes y una explisón puede remontarse a un hecho ocurrido en plaza Independencia. “Fue en septiembre, durante la época en las que los estudiantes festejaban ‘su semana’ y hacían propaganda de sus bailes. Unos bancos de la plaza volaron después de una explosión en cadena. ¿Qué pasó? La pericia determinó que el gas butano que usaban para inflar los globos produjo una acumulación de gases por debajo de los bancos y un contacto con la temperatura hizo que se produjera una reacción en cadena”, La pericia estuvo a cargo del propio aguilar, y fue él mismo quién descartó la “palabra bomba” del informe. Durante esa siesta de septiembre de 2012 hubo que lamentar daños materiales y socorrer a un estudiante de 14 años que quedó atrapado entre los escombros de los bancos destruidos.
