Y a es hora de pedirle a la Justicia que rinda cuentas. Por ejemplo: ¿qué espera el juez Marcelo Martínez de Giorgi para secuestrarle el teléfono al diputado Rodolfo Tailhade? ¿Qué espera, en todo caso, para pedirle a la Cámara de Diputados que autorice ese secuestro? La oficina judicial encargada de analizar los teléfonos legalmente intervenidos (Dajudeco) ya nombró a Tailhade demasiadas veces en sus informes como para que el juez interviniente decida medidas por su cuenta. Martínez de Giorgi tiene la oportunidad de demostrar que no es un juez funcional al kirchnerismo, como lo ha venido siendo hasta ahora. ¿Ejemplo? Nunca movió las varias carpetas de los servicios de inteligencia que el fallecido juez Claudio Bonadio encontró en una de las casas de Cristina Kirchner cuando la allanó en el marco de otra causa. Como Bonadio se encontró de casualidad con ese material, que contenía informes sobre actividades públicas y privadas de poderosos empresarios y de importantes políticos opositores, envió el caso a sorteo; cayó en el juzgado de Martínez de Giorgi, pero este jamás investigó qué hacían esas carpetas en la casa de quien ya era expresidenta de la Nación.
Tailhade dijo públicamente que estaba a disposición de la Justicia. Aunque poco importa si está o no a disposición, ¿por qué Martínez de Giorgi no aprovecha esa predisposición, manifiesta al menos, de Tailhade? La causa abierta a partir de las revelaciones del exsargento de la Policía Federal Ariel Zanchetta, cuyos teléfonos son un inagotable yacimiento de información obtenida ilegalmente, está en la etapa de obtención de pruebas, que es el momento en que el tiempo se encoge desesperadamente. Las pruebas podrían ser destruidas o, simplemente, desaparecer. Sucede, además, que Tailhade deslizó en declaraciones públicas que él no contestó los mensajes que le enviaba Zanchetta. Falso. El diputado hipercristinista le dio a Zanchetta “un correo electrónico seguro”, según consignó aquella oficina judicial (Dajudeco) para que justamente le enviara sus investigaciones ilegales por esa vía.
Existe, según se desprende del largo informe del fiscal Gerardo Pollicita entregado a Martínez de Giorgi, una estructura paraestatal de inteligencia por fuera del sistema oficial de obtención de información. Fuentes seguras de los tribunales aseguraron que ese sistema paraestatal está bajo control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que tiene su propio servicio de inteligencia. Gran parte de esa información termina luego en algunos despachos del servicio oficial de inteligencia (la AFI). El fiscal Carlos Stornelli, que fue víctima del espionaje ilegal y de los mismos personajes, pidió formalmente el miércoles último que le prohíban a la PSA hacer inteligencia interna. La PSA es conducida desde 2020 por el dirigente de La Cámpora José Alejandro Glinski, ladero de Cristina y Máximo Kirchner. También se sabe por esos chats descifrados por la Dajudeco que gran parte de la información que maneja la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el juicio a los jueces de la Corte Suprema fue obtenida de manera ilegal. Es decir, por fuera de cualquier sistema oficial y, al contrario, gracias a espías caricaturescos que se hacían pasar por periodistas. Todo al revés: eran periodistas (supuestos, desde ya) que les brindaban información a funcionarios públicos. En el mundo de la gente normal son los funcionarios los que les proporcionan información a los periodistas. Esa crucial Comisión de Juicio Político está integrada por Tailhade, quien también es representante de los diputados kirchneristas en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo, Tailhade se ocupa de perseguir a los jueces buenos y de defender a los impresentables, como Walter Bento, el exjuez federal de Mendoza destituido la semana pasada y vinculado, incluso, con el narcotráfico. Tailhade impulsó en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, que él no integra, un segundo juicio a los jueces federales que viajaron a Lago Escondido y fueron fotografiados por la PSA en el aeropuerto de Bariloche. Esa foto se difundió en los medios periodísticos kirchneristas, que fue la prueba que llevó Tailhade al Consejo. Los seudoespías a sueldo del kirchnerismo buscan la información; esta es procesada y ampliada por la poderosa PSA camporista, y, al final, diputados kirchneristas usan esa información como prueba judicial. Esos jueces federales de la Capital fotografiados en el sur ya habían sido juzgados por jueces y fiscales de Bariloche. Tailhade quería volver a juzgarlos. Un círculo perfecto, arruinado por la pésima calidad de los personajes. Según se sabe ahora, voceros de la PSA mintieron cuando hicieron trascender que no había sido ese organismo el que filtró las fotos de Bariloche, sino la fiscal que investigó.
Tanto Tailhade como Leopoldo Moreau llevaron la información ilícita que obtenían al circo del juicio político a los jueces de la Corte. No debe olvidarse que fue Alberto Fernández quien madrugó a los argentinos el primer día de enero de este año con el anuncio de que promovería el juicio político a la Corte. Los jueces supremos se mantienen alejados de los vaivenes de la causa por las supuestas investigaciones de Zanchetta y Tailhade. El juez Carlos Rosenkrantz, que fue ilegalmente investigado por sus viajes al exterior, decidió no ser querellante en la causa de Martínez de Giorgi porque no quiere ser parte de un escándalo político que lo alejaría de sus funciones de magistrado.
Los personajes de Cristina Kirchner en el submundo del espionaje son siempre los mismos: Tailhade; Moreau; Fernando Pocino (un importante jefe de espías); César Milani (exjefe del Ejército y hombre fuerte de la inteligencia paralela en tiempos de Cristina), y Juan Martín Mena, ex alto funcionario de los servicios de inteligencia (también durante la gestión de la expresidenta) y actual viceministro de Justicia, aunque versiones coincidentes dicen que es el verdadero ministro. Todos los caminos conducen a ella. El mejor ejemplo de la sincronía entre el juicio político a la Corte y el espionaje lo dio una anécdota que pasó inadvertida. Sucedió el 23 de febrero pasado cuando fue a declarar el juez federal Sebastián Ramos luego de un largo debate entre los jueces federales sobre si debían aceptar o no esas citaciones. Ramos decidió declarar ante la comisión porque había archivado una causa contra el funcionario de la Corte Silvio Robles, víctima de una pinchadura ilegal de teléfonos que ventiló un chat suyo con el entonces ministro de Seguridad de la Capital, Marcelo D’Alessandro. Cuando terminaba la declaración de Ramos, el presidente del bloque de diputados kirchneristas, Germán Martínez, le preguntó si tenía un “vínculo sistemático” con Robles y con D’Alessandro. “No, señor”, contestó Ramos. Eso ocurrió a las 12.41 de ese día. A las 16.10 de ese mismo día, Tailhade divulgó en las redes sociales un intercambio de chats por cuestiones administrativas entre el juez Ramos y el exministro D’Alessandro. “Nuevas filtraciones comprometen al juez Ramos”, difundió Tailhade, como si fuera un incauto sorprendido y no uno de los que conducen la inteligencia subterránea de Cristina Kirchner. Menos de cuatro horas le llevó establecer una supuesta mentira del magistrado.
Párrafo aparte merece Fabián “Conu” Rodríguez, otro camporista de la primera hora; es un funcionario de extrema confianza de Máximo Kirchner, que no es pródigo para ofrecer confianza. Rodríguez fue (¿es?) quien distribuía la pauta oficial en la provincia de Buenos Aires. El expolicía Zanchetta tenía varios trabajos en supuestos portales periodísticos. Conu Rodríguez le pagaba a Zanchetta los servicios prestados con publicidad oficial; es decir, con dinero de los argentinos. Rodríguez es ahora subdirector de la AFIP, otra oficina que Cristina Kirchner usa para vigilar y castigar.
El kirchnerismo pasó de la promiscuidad a la obscenidad y de la obscenidad a la pornografía en materia de inteligencia interna. Espías que se hacen pasar por periodistas; operadores judiciales que se hacen pasar por abogados; una policía aeroportuaria que en lugar de custodiar los aeropuertos se dedica a obtener ilegalmente información de la vida de los ciudadanos. El problema de Cristina Kirchner es que sus personajes principales no sirven para hacer papeles protagónicos. Ella esperaba tumbar a todos sus enemigos liderando una banda de sujetos intelectualmente muy pobres. Buscaba lo imposible, y tuvo la mala suerte de chocar con lo probable.
