El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, amenazó en las últimas horas con promover un paro sectorial para el próximo lunes si el gobierno nacional no homologa el último acuerdo salarial que el sindicato pactó con los empresarios, 45% en dos tramos: 25% en marzo y 20% en abril. Esta misma situación se podría replicar en otros gremios.
“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, señaló Moyano en diálogo con C5N.
El acuerdo de Camioneros supera el tope impuesto por el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias. El gremio juega con los tiempos: si a 30 días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considerará “tácitamente homologado”. Así lo establece la Ley 23.546, que fija las normas de procedimiento para las convenciones colectivas de trabajo. La última paritaria fue firmada el 23 de febrero pasado y todavía no se aplica la homologación tácita porque una de las cámaras empresariales impugnó el acuerdo ante la Secretaría de Trabajo.
Desde la Secretaría de Trabajo, que encabeza el abogado Julio Cordero, aún no hay novedades sobre la homologación de la paritaria de Camioneros. Ante la consulta efectuada por Infobae, voceros oficiales se limitaron a afirmar: “Ese acuerdo está en revisión jurídica porque tiene varios cuestionamientos”.
¿Cuáles son esos cuestionamientos? La paritaria se complicó por una interna en la FADEEAC: cuatro de las cámaras del interior (Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan) impugnaron el convenio ante Trabajo al considerar que en el acuerdo se incorporaron “de manera inconsulta” el pago de adicionales y de un aporte extraordinario para la obra social. Se trata de un monto de $10.000 por trabajador “para solventar el déficit del sindicato”. Como hay 200.000 afiliados, asciende a un total de 2000 millones de pesos por mes para las arcas gremiales.
El rechazo al ajuste del Gobierno y a las limitaciones salariales acelerarán este mes las medidas de fuerza de diversos gremios. Ante las fuertes presiones, la CGT fijará la fecha de la segunda huelga general desde que asumió Javier Milei.
La primera reacción del sindicalismo en abril tuvo lugar ayer, miércoles, con la jornada de lucha nacional impulsada por ATE, en protesta por los despidos en diversos ministerios públicos. Inclusive, sus principales dirigentes le reclamaron a los secretarios generales de la central obrera realizar “un pato conjunto”.
En tanto, la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) tiene previsto en abril “asambleas programadas simultáneas en los sectores de trabajo”, que es una forma de hacer un paro encubierto. Al hablar ante unos 400 representantes de ferroviarios, aeronáuticos, camioneros, marítimos y taxistas, el secretario adjunto de esa entidad, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), admitió que habrá asambleas “de 7 a 10, “interrumpiendo los servicios” como “primer paso para ir hacia medidas de mayor intensidad”. Y señaló: “La pelea la tenemos que ganar con inteligencia. No vamos a hacer nada con un solo paro”.
Seguramente habrá más paros si la Secretaría de Trabajo retacea la homologación de los acuerdos salariales que superan la pauta del 15% fijada por Economía.
Mientras, el sector mayoritario de la CGT (“Gordos” e independientes) mide los tiempos antes de lanzar otro paro general contra el Gobierno (el segundo luego de la huelga de 12 horas con movilización del 24 de enero pasado), pero la fuerte presión que ejercen distintas fracciones sindicales podría llevar a que se fije en forma urgente la fecha de una nueva medida de fuerza.
Como anticipó Infobae, los dialoguistas de la CGT demoran la definición de otra medida de fuerza porque, por un lado, esperan señales de una eventual convocatoria al diálogo por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y, por otro, creen que hay que esperar a que crezca el malestar social para garantizar un altísimo acatamiento a la protesta, algo que en la intimidad ponen en duda porque miran con preocupación las encuestas que le siguen dando buena imagen a Milei.
A su vez, la corriente moderada de la CGT apuesta a reforzar la presión sobre los gobernadores y los legisladores para que fracasen en el Congreso la ratificación del DNU 70 y la Ley Bases (que incluye la restauración del Impuesto a las Ganancias). Los dirigentes de este sector se atribuyen parte del rédito político de haber logrado que el Senado rechazara el decreto de necesidad y urgencia de Milei.
