Al día de hoy, todavía muchos se preguntan cómo fue posible el triunfo de Javier Milei que lo depositó en la Casa Rosada. Luego de que en la semana que pasó para jamás volver, los propios senadores se aumentaran de manera vergonzosa sus propios haberes, queda claro que la sociedad en su conjunto está asqueada de “la casta política Argentina”. Pero si este accionar en el Congreso resultó indignante, es porque la opinión pública todavía no se enteró de algo peor.
Y es que, al término de la semana, nuestro medio tucumandespierta.com, tuvo acceso en forma exclusiva al Acuerdo N°1035 de fecha 05 de abril de 2024, donde se conoció que el ex delegado comunal de El Manantial, Juan Carlos Bernard, es el responsable patrimonialmente de nada menos que $151.112.621,03 millones de pesos, que debe devolver en su carácter de Comisionado Comunal en el período reclamado. En dicho documento se lee: “Dar por clausurado el presente juicio de cuentas ordenado por acuerdo N°4308 de fecha 09 de setiembre de 2022, según lo expuesto…”, “Declarar patrimonialmente responsables a los Sres. Bernard Juan Carlos, y Rivarola Raúl Dante, quienes fueran comisionado comunal y secretario habilitado, respectivamente, de la comuna rural de El Manantial, por la falta de regularización de los fondos pendientes de rendir correspondientes al 6° bimestre de 2020, conforme lo expuesto en los considerandos que anteceden”, “Formular cargo fiscal a los Sres. Bernard Juan Carlos, y Rivarola Raúl Dante, quienes fueran comisionado comunal y secretario habilitado, respectivamente, de la comuna rural de El Manantial, por la suma total de $151.112.621,03 (PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 03/100), monto que deberá ser actualizado hasta la fecha de su efectivo pago”, “Dar intervención al departamento judicial a fin de que el abogado fiscal Dr. Gustavo Enriquez, perciba y en su caso ejecute el cargo fiscal impuesto en el art. 3”.
Para colmo, cabe mencionar que se trata de un monto de por sí escalofriante. Pero que, además, deberá ser actualizado hasta la fecha de su efectivo pago, por lo que aumentará más y más con el correr del tiempo.
Sin embargo, el dinero no “aparece” y, lejos de constituir un problema para el mencionado, desde el poder político no tuvieron mejor idea que premiarlo al término de su mandato en El Manantial, como subsecretario de Comercio Interior. Lamentablemente no se trata de una broma, ya que Bernard ahora es un funcionario de alto rango en el gobierno provincial. Lo cual, además, fue posible con la anuencia de quien sería su “padrino político”.
Así es, se trata nada menos de Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, quien, de acuerdo a diversas fuentes, sería el que puso a Bernard en ese cargo a pesar de conocer los antecedentes negativos del ex delegado de El Manantial. Pero, como si esto fuera poco, no parece antojadizo el momento en el que el sindicado fue recibido por el ministro Amado, nada menos que en su propio despacho en Casa de Gobierno.
Y es que ese mismo día, producto de la “casualidad”, (¿o más bien fruto de la causalidad?), es decir, el pasado viernes 5 de abril fue cuando declararon a Bernard como “patrimonialmente responsable” de más de 151 millones de pesos. En este marco, cabe realizar algunas preguntas pertinentes: ¿Acaso Juan Carlos Bernard fue a ver a su “padrino” para que lo salve?, o ¿Justo el mismo día de la resolución se reúnen para la foto?
Surgen mas interrogantes: ¿La publicación en redes sociales fue un mensaje al Tribunal de Cuentas y, eventualmente a la Justicia, para que jamás sea tocado Bernard?, ¿El mensaje podría o debiera ser decodificado como “con este no se mete nadie”? Lo cierto es que resulta a todas luces incomprensible que tenga lugar un hecho como este, cuando la orientación del Poder Ejecutivo local va por otro lado.
Es necesario preguntarse ¿Como es posible que, en un gobierno provincial, que está día a día tratando de palear la difícil situación social y económica, trascienda que se termine hasta premiando a funcionarios que en sus gestiones anteriores habrían tenido manejos irregulares de los fondos públicos al punto de tener que alcanzar una cifra a todas luces escandalosa como lo son los más de 151 millones que todavía no aparecen?
En párrafos anteriores nos referimos al Tribunal de Cuentas. ¿Acaso no es la función de este organismo la de actuar como contralor del erario público? En esa línea, cabe preguntarse también: ¿Ya habrá denunciado en la justicia penal está gravísima situación?.
El hecho de que el Tribunal de Cuentas declarara a Bernard en estado de rebeldía el día 14 de marzo de 2024 como se puede leer en el Acuerdo N°680 y que textualmente manifiesta “Que habiendo sido citados por la instrucción a tomar intervención en el presente juicio y constituir domicilio procesal, conforme consta en cédulas obrantes, el Sr. Juan Carlos Bernard, no se presentó a estar a derecho pese a estar debidamente notificado”. “Por tal razón corresponde declarar la REBELDIA en el presente juicio de cuentas del Sr. Bernard Juan Carlos, a tenor de lo prescripto por el art. 183 de la Ley de Administración Financiera”.
Por otra parte, ¿Existirán más delegados, comunas y funcionarios implicados en “desapariciones” de millones de pesos que no pueden justificar?, ¿Hasta cuándo se tolerará de parte de los mismísimos organismos de (supuesto) contralor, que den lugar directa o indirectamente a tanta impunidad de quienes manejan los dineros públicos por no ser debidamente denunciados en la justicia como son los deberes y obligaciones de sus cargos?, ¿Hasta cuándo seguirán mirando para otro lado?
Como mencionamos al principio, la opinión pública está asqueada de que reine la impunidad entre funcionarios políticos que siempre parecen tener en las sombras a alguien que los protege y que les otorga vía libre para salirse con la suya. Mientras, siguen manejando el dinero público a gusto y placer, sin importarles que no es de ellos y comprender que son en realidad los guardianes de los mismos.
Y que, además, ocupe un cargo público justamente alguien que no puede justificar qué fue lo que hizo con tantos millones. Se trata de algo de por sí muy grave. Sin mencionar que podría tratarse de dinero destinado a conformar un ahorro espurio, o tal vez darles la oportunidad de vivir en un country, camionetas 4 x 4 o también llevar una vida llena de placeres y ostentación, conformación de empresas, etc.
En definitiva, lo cierto es que la impunidad que se vive en Tucumán desde hace décadas hizo que la sociedad esté harta de ver cómo estos funcionarios, como Juan Carlos Bernard, se burlen a sabiendas de que estarían protegidos por encumbrados dirigentes políticos, esos que conforman la pestilente casta que hace que continúe siendo cotidiano lo más rancio de la corrupción sazonado con un toque (importante) de impunidad.
¿Será Justicia?
