El ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, denunció penalmente a Victoria Tolosa Paz, exministra de Desarrollo Social y a otro grupo de exfuncionarios, a raíz de un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige el fiscal general Sergio Rodríguez, donde se consignaron irregularidades en una compra de aceite de girasol por más de 600 millones de pesos realizada en 2022. Se cuestiona, además del proceso licitatorio, que la firma adjudicataria “tendría vínculos con el poder político de turno”.
La PIA presentó ante las autoridades de Capital Humano, un informe -al que accedió Clarín– donde se refiere al expediente administrativo de la cuestionada compra, y advierte que “las constancias obrantes en el expediente lucen desordenadas y sin seguir un orden cronológico”.
Aquella definición fue el puntapié inicial para que la Procuraduría ponga bajo sospecha el procedimiento a través del cual fue beneficiada la firma Proveeduría Integral MC SRL, propiedad de Giuliano Carmelo Pellicori y Luisa Bianca Pellicori, “empresa que tendría vínculos con el poder político de turno”, sostiene la denuncia penal.
“Se observa en el procedimiento implementado la clara afectación al principio de igualdad de tratamiento. En efecto, no habiendo el oferente presentado la totalidad de la documentación requerida, es que se le otorgó el plazo de 3 días para efectuar las subsanaciones pertinentes, venciendo tal plazo el 3 de noviembre de 2022 a las 0.00 horas”, manifestó el fiscal Rodríguez.
Con posterioridad al vencimiento de tal plazo “sin que el oferente haya dado cumplimiento con la intimación recibida, esto es el 14 de noviembre de 2022, solicitó se le otorgue la posibilidad de presentar la documentación técnica para que puedan ser evaluadas de conformidad, cuestión que fue aceptada sin objeciones por el organismo”, explica el informe de la PIA. Y consideró que los funcionarios actuantes se “apartaron del principio de legalidad, en clara vulneración a la normativa aplicable”.
El primer cuestionamiento apunta a la documentación que la empresa ganadora tenía que presentar y no respetó y que no fue exigido en los plazos normativos. Pero asimismo, se sostiene en el informe que los funcionarios involucrados hicieron caso omiso a la normativa que rige esta clase de concursos de precios.
La licitación era para adquirir 2.700.000 unidades de aceite de girasol “en el singular formato de 1,5 litros para mitigar las demandas de ayuda alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad”.
Para el equipo legal del ministerio de Capital Humano, lo inusual del caso es que ese tipo de envase (1,5 litros) de aceite “no es común en el mercado nacional, lo que terminó por dejar a una sola empresa proveedora oferente de la marca Marolio, lo que demuestra el direccionamiento a favor de dicha firma para que obtenga el contrato con el Estado a su favor”.
Al analizar el proceso, la PIA sostuvo que una vez que se perfeccionó el contrato, con fecha 1 de febrero de 2023, se requirió utilizar la prerrogativa de aumentar el monto en un importe equivalente al 35% por $ 214.891.110, agregándose “que de no contar con la conformidad pertinente, se arbitren los medios necesarios para proceder con la ampliación en un importe equivalente al 20%”.
Al procedimiento que para la Procuraduría cuenta con diversas irregularidades, Capital Humano sumó otro dato: la empresa ganadora “fue creada poco tiempo antes de su primera licitación ganada en el año 2019, durante la gestión del ex Ministerio de Desarrollo Social (del año 2019 al año 2023) (y) se vio beneficiada con 31 adjudicaciones por miles de millones de pesos, siendo en dos de esos casos (compra de girasol y de mix de semillas) una única oferente de las licitaciones, lo que le aseguraba el resultado favorable”.
Denuncia por direccionamiento de licitación
En función de estos planteos, se denuncia el presunto direccionamiento del proceso licitatorio, creando una compulsa de precios “a medida del único oferente que se presentó”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
“En función del análisis del expediente administrativo llevado adelante por el entonces Ministerio de Desarrollo Social, se advierten ciertas inconsistencias o irregularidades que exigen la promoción de un sumario administrativo, cuya apertura insta esta Procuraduría”, concluyó el trabajo.
Específicamente, se remarca que la gestión de Tolosa Paz vulneró “el principio de igualdad acaecida durante el desarrollo del procedimiento, lo que determinó que la Administración realizara conductas que habrían beneficiado a la adjudicataria”.
Por una lado, se le permitió a la empresa ganadora, “subsanar omisiones una vez vencido el plazo correspondiente, tanto durante la etapa de selección así como durante la ejecución”. La empresa no cumplió con el plazo en tiempo y forma de la mercadería, “sin que obraran objeciones por los funcionarios intervinientes”, indica el dictamen fiscal.
En el mismo sentido, se pidió que a través de una investigación penal, se clarifique los motivos que llevaron a los funcionarios “a referirse en reiteradas ocasiones durante la tramitación de la contratación al oferente Proveeduría Integral MC SRL como Alimentos Fransro SRL y a la ausencia de observaciones en relación con la documental aportada por el oferente con el nombre Alimentos Fransro SRL”.
Esa dualidad de referencia de la compañía ganadora, nunca fue observada por las autoridades del extinto Ministerio de Desarrollo Social, señaló la PIA y se consignó en la denuncia penal. Atribuyen un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al omitir cotejar la documentación correspondiente al proceso de adjudicación de un concurso público, donde se comprometieron fondos del Estado.
