Hay un concepto de Nación Mapuche que incluye el reconocimiento a los pueblos originarios. Y hay un negocio de los pícaros que se apalancaron en las políticas del kirchnerismo de ceder tierras a granel -incluso las que estaban dentro de parques nacionales- para obtener concesiones de una década en paraísos patagónicos. Ahora están en la mira dos hectáreas en el mejor lugar de Lago Mascardi, dentro del circuito Cerro Tronador, uno de los sitios más turísticos de Bariloche.
La zona conocida como Los Rápidos fue otorgada en concesión por 10 años en 2021, mientras el conflicto con la facción autodenominada mapuche de Villa Mascardi estaba en su apogeo. Cuando todos mirábamos esa guerrilla de grupos quemando casas de vecinos que intentaban resistir la irrupción a la vida pública de Jones Huala; y a funcionarios del Estado llevando activistas en camionetas oficiales para alimentar la toma, una organización de nombre religioso -Arcángel Miguel- se quedaba con la mejor porción de la zona del lago hasta 2031.
La entidad está dirigida por el abogado Franco García Dellavalle, referente del movimiento Nuestramérica que integraba Unión por la Patria, aunque en el sitio web de la fundación figura como “del Valle” bajo la foto de una chica. Poco antes de que Parques Nacionales le cediera esas tierras, Dellavalle había estado en Salta presentando un “Plan de Desarrollo para la Argentina Post Pandemia” junto a Juan Grabois.
Allí no dijo nada sobre las tierras anheladas en la Patagonia que obtendría mientras el conflicto de Villa Mascardi se llevaba toda la atención pública. El pasado lunes, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió investigar tanto a la fundación de Dellavalle como a los funcionarios que participaron de aquella sigilosa cesión. El abogado beneficiado fue también funcionario de Sergio Massa. En abril de 2023 lo nombraron Director Nacional de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía.
Su designación fue publicada en el Boletín Oficial con las firmas de Agustín Rossi y del propio Massa. Las tierras le fueron adjudicadas por la Administración de Parques Nacionales, la misma que en aquel momento tenía orden de no apelar las decisiones de otras áreas del Gobierno, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de entregar terrenos a organizaciones mapuches.
Era un área del Estado (el INAI) entregando tierras de otra área del Estado (Parques Nacionales) que observaba la fuga constante de hectáreas en completo silencio. Lo que surge ahora es que también Parques Nacionales entregaba tierras en concesión a distintas organizaciones sociales. Por esto mismo, Stornelli pide un organigrama de Parques Nacionales tanto de la gestión actual como de la anterior; y si existieron auditorías que controlaran aquellas entregas.
El principal delito que se investiga es fraude a la administración pública, que tiene una pena de hasta 6 años de prisión. La cesión en Los Rápidos fue firmada por el entonces director de Parques Nacionales, Lautaro Erratchú, quien debió renunciar poco después tras declarar “sitio sagrado mapuche” al volcán Lanín. La medida generó la protesta inmediata del gobernador de Neuquén y debió ser revocada.
En el Parque Nahuel Huapi -donde quedan las tierras cedidas a Dellavalle- estaba Horacio Paradela, un funcionario de Alberto Fernández que siguió en su cargo durante la era Milei hasta hace un mes. Desde abril lo reemplaza Dámaso Larraburu, un dirigente de Scioli cercano a Guillermo Francos. Tras la denuncia de Stornelli, la actual gestión de Parques Nacionales -a cargo de Cristian Larsen, un hombre de Hernán Lombardi que trabajó en la campaña presidencial de Patricia Bullrich- evalúa ahora aplicar la cláusula Quinta del contrato con Dellavalle, que le permite rescindirlo unilateralmente y “sin invocar razón”.
