La Justicia investiga por estas horas una supuesta maquinaria de recaudación montada con recursos sociales de ayuda a los sectores más vulnerables, en una causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, en la que ya se realizaron 27 allanamientos.
La denuncia analiza si se extorsionó a personas vulnerables con la entrega de mercadería entregada por el Estado a cambio de asistir a marchas, bajo amenaza de perder el plan social.
Una de las organizaciones apuntadas es el Polo Obrero, cuyo líder, Eduardo Bellliboni, admitió hoy que puede haber casos de extorsión en las organizaciones sociales, aunque afirmó que se trata de casos aislados.
“No te puedo negar que haya algún caso de alguna persona que haya hecho eso, no sé ni quién es. No voy a decir que es imposible, puede haber gente que tenga esa característica de rastrera, de amenazar gente”, afirmó Belliboni en diálogo con Radio Con Vos.
Según el dirigente social, todo comenzó en la primera movilización que hicieron las organizaciones sociales el 20 de diciembre del año pasado, apenas 10 días después de la asunción de Javier Milei. En aquel momento, el Ejecutivo habilitó la línea 134 para que, anónimamente, las personas pudieran denunciar aprietes de las organizaciones sociales para participar de las movilizaciones.
Según Belliboni, “hubo casi 10 mil llamados al teléfono que pusieron, y después terminaron confirmando esa denuncia 45, y fueron a ratificar a la sede de tribunales 12 personas. 12 de 10 mil. Esas son las personas que hacen las denuncias”.
Infografias Marcelo Regalado
Sin embargo, la causa detalla que desde que se habilitó la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación si los beneficiarios de planes sociales eran extorsionados por organizaciones piqueteras: hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse un total de 2.720. De ellas quedaron en pie 924 denuncias, divididas en todo el país: 45 en CABA, 159 que no detallaron el lugar y otras 720 en otras jurisdicciones. De esas 45 denuncias “porteñas”, el fiscal Pollicita, a cargo de la investigación, citó a todos. Solo siete acudieron a los tribunales.
El Departamento de Crimen Organizado de la PFA efectuó las tareas de investigación, tanto en redes sociales y fuentes abiertas como en los domicilios vinculados, que permitieron identificar a los referentes denunciados, corroborar o descartar su condición de tales, determinar la vinculación que tuvieren entre sí y localizar su lugar de actuación y su domicilio particular.
Mientras tanto, la Fiscalía obtuvo numerosos informes y expedientes administrativos provenientes de compañías telefónicas, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la AFIP. Todo ello, para la fiscalía, fue conformando un cuadro probatorio que siguió con intervenciones telefónica de los sospechosos, con los listados de comunicaciones y activación de antenas.
“Puede ser que ocurra en un caso, pero eso no muestra ninguna estructura piramidal. Puede ser un tipo al que hay que echar de una organización. Yo sé que puede haber tipos que sea un delincuente, como en todas las organizaciones. Ahora yo pongo la cabeza en contra de eso. Y dónde está la estructura piramidal que llega a mí o a otros dirigentes. Es falso”, se defendió Belliboni hoy.
Además, el líder del Polo Obrero afirmó que se presentarán a la Justicia para defenderse. “Nosotros no nos vamos a escapar, vamos a ir a la Justicia a discutir cada uno de los casos. Y vamos a impugnar cada uno de los allanamientos que hayan sido truchos”, aseveró.
Los allanamientos se hicieron desde la madrugada de ayer, tras una resolución de la Sala I de la Cámara Federal que ordenó la semana pasada avanzar con los allanamientos y convalidó las intervenciones telefónicas que habían permitido desentrañar un presunto accionar delictivo. Es que el juez Sebastián Casanello se había opuesto.
Las órdenes de allanamientos recayeron sobre Jeremías Canteros, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, Jorge Antonio Rosa y Duña Fiorely Saucedo Arias, entre otros.
Se trata de dirigentes y militantes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), de Barrios de Pie y de otras organizaciones menores que integran el universo de organizaciones sociales que vienen negociando, con mayor o menor nivel de confrontación, con los últimos gobiernos, independientemente de su signo. De todos, los más complicados son Canteros y Palma, personas de confianza de Belliboni; y Dotti, que integra las filas del FOL, a quien le encontraron en su casa una fuerte suma de dinero que sorprendió a los efectivos de la Policía Federal y cuyo origen es motivo de investigación, aunque por ahora es un misterio.
