Debido a los reclamos y planteos judiciales que despertó del parte de consumidores, el Gobierno analiza dar marcha atrás con la resolución que autorizó a las compañías de seguros dejar de prestar el servicio de grúas en forma obligatoria a partir del 1° de julio próximo. La información fue anticipada por una fuente de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a este medio.
Según reveló la fuente, la decisión ya estaría tomada y la resolución se firmaría de un momento a otro. El motivo de la marcha atrás con la medida se debería a la intención del Gobierno de no abrir un nuevo frente de conflicto con la clase media que agite el malestar social, en pleno momento de ajuste económico y subas de tarifas.
La idea de la Superintendencia de Seguros sería postergar el cambio para más adelante, cuando existan otras condiciones en el mercado, indicaron en la dependencia.
En el mes de abril, a través de la Resolución 217/2024, la SSN determinó que las compañías de seguros debían cubrir los costos de acarreo y auxilio mecánico únicamente en casos de “daño y/o incendio que impida la circulación del vehículo, robo y/o hurto”. Esto significa que las aseguradoras dejarán sin efecto la cobertura obligatoria que rige hoy, donde por “desperfectos o problemas mecánicos, de batería, arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas o falta de combustible”, también se procedía con el traslado de la unidad afectada.
La resolución de abril dio tiempo a las aseguradoras hasta el 1° de julio para adecuar su servicio. Ya hay compañías que empezaron a informar a sus clientes que el servicio de grúas dejará de ser obligatorio.
Según explicaron desde las compañías luego de la publicación de abril, la resolución no obliga a las empresas a dejar de ofrecer grúa y asistencia mecánica, sino que las exime de la obligación de hacerlo. Algo que, hasta antes de publicada la resolución, debía estar incluido obligatoriamente en algunos servicios de cobertura.
“Existe una percepción muy negativa de parte de los asegurados sobre la asistencia que hoy reciben y los altos costos que demanda la prestación del servicio de remolque y auxilio mecánico para situaciones ajenas a un siniestro, alteran la capacidad de responder a la función principal del contrato de seguro”, argumentó el Boletín Oficial en abril, cuando se publicó la resolución.
La realidad detrás el servicio de acarreo
En el último tiempo, se evidenció un crecimiento de la demanda de asistencia mecánica y acarreo en calles incluso “por encima de los niveles prepandemia”, un alza impulsada “en un 80% por desperfectos menores”, según mediciones internas de algunas compañías.
“Nos han llegado a llamar porque se quedaron sin combustible a diez cuadras del destino”, indicó un broker de seguros ante la consulta de este medio. Los pedidos al alza combinados con una reducción generalizada de la flota de grúas en todo el país, provocaron una especie de embudo con graves consecuencias para los usuarios.
A raíz de tantos llamados al servicio de grúas, las demoras pasaron a promediar más de cuatro horas y los reclamos de los asegurados mayoritariamente fueron enfocados a la deficiencia de este servicio.
A partir de estos efectos, las cámaras del sector le reclamaron “durante mucho tiempo” a la Superintendencia que adecuara la normativa a los problemas actuales.
Pero el fin del servicio obligatorio de grúas despertó rechazo entre usuarios y planteos judiciales. La Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA) inició la semana última una demanda colectiva contra la Superintendencia de Seguros con el objetivo de obtener la nulidad de la resolución. El reclamo por vía judicial fue presentado el 28 de mayo.
“Hemos presentado una solicitud de medida cautelar para que, en lo inmediato, se mantengan los servicios de remolque en las condiciones anteriores a la entrada en vigor de la resolución impugnada”, explicó la asociación en un comunicado oficial.
Según indicó Ricardo Espinosa, presidente de Acuda, en diálogo con LA NACION, los demandantes entienden “que esta derogación va a perjudicar a los consumidores” porque “crea un desequilibrio contractual que favorece a las aseguradoras; afecta el principio de buena fe contractual y resulta un perjuicio económico para los consumidores, porque no se refleja en una reducción significativa en el precio de las primas de seguro”.
