La finalidad de esta iniciativa, que se da en el marco de un pedido de aumento del boleto y tensas negociaciones salariales entre empresarios y choferes, es que el Departamento Ejecutivo Municipal disponga de las herramientas necesarias para optimizar la calidad del servicio y garantizar a la población el acceso a un transporte público adecuado, seguro y sustentable; en beneficio de los usuarios de las 14 líneas urbanas de colectivos que circulan en el ejido de la Capital.
“La razón de ser de este proyecto de ordenanza implica que vamos a poder tomar distintos tipos de decisiones que son cruciales, como por ejemplo la modificación del recorrido de las líneas, para abarcar más barrios de la periferia, medidas que son generales y algunas específicas para ir resolviendo de a poco la crisis del transporte público, entendiendo que es un medio crucial para el desenvolvimiento de la vida diaria de los ciudadanos”, precisó Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana municipal.
El funcionario explicó que justamente uno de los fundamentos del proyecto es la crisis de índole estructural y coyuntural por la que atraviesa el servicio de transporte público. “Esta crisis no es privativa del Municipio de San Miguel de Tucumán, sino que es una crisis provincial y nacional. Esto sucede en el interior del país no así en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, que siempre han sido ayudados por el Gobierno Nacional”, opinó.
La medida habilitaría al Ejecutivo municipal a disponer del manejo de las 14 líneas urbanas por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga. “Son 14 líneas que están caducas, por decreto del Ejecutivo Municipal anterior a esta gestión nuestra. Estas 14 líneas tienen un permiso precario y provisorio”, recordó Nieva.
A través del proyecto, la Intendencia pide autorización para modificar los recorridos de las líneas de transporte público urbano e interurbano que actualmente prestan servicio dentro de San Miguel de Tucumán.
“Ya estamos estudiando pliego por pliego cada una de las líneas que nosotros vamos a licitar, pensando en hacer el servicio más extensivo a los barrios de la periferia, para que la gente pueda tomar allí el ómnibus y poder trasladarse hasta cualquier destino. Queremos tomar ese tipo de decisiones sobre todo pensando en el vecino, en el usuario”, remarcó el titular de Movilidad Urbana.
En conclusión, según indica el documento presentado en el Concejo Deliberante, la declaración de la emergencia le permitiría al Ejecutivo municipal implementar medidas “urgentes y extraordinarias”, con el objetivo de “garantizar la continuidad y regularidad de la prestación del servicio de transporte, a fin de optimizar el servicio y cobertura de los mismos, en función de la necesidad de los usuarios y en relación al Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU)”.
