En medio de la paralización de obras, dentro del Gobierno planean traspasar la responsabilidad de financiamiento del plan Procrear a provincias y municipios. La idea que circula en las áreas de dependencia del Ministerio de Economía se enmarca en la política de retiro de Nación para trasladar responsabilidades es Estados provinciales o intendencias, tal como pasa con el transporte público. Pero no se limita a esto: también se contempla la incorporación de actores privados.
El 3 de noviembre de 2023 fue el último posteo de la cuenta oficial del programa Procrear y desde ese momento no hubo novedades respecto al programa y las miles de viviendas que esperan las familias argentinas para tener casa propia. En medio de la parálisis, ahora comenzaron negociaciones internas para modificar el espíritu del programa y reiniciar obras de una actividad deprimida como la construcción.
Según pudo saber El Destape, en el casi 17 mil viviendas se encuentran en ejecución y esperan para ser finalizadas, mientras que solo unas 200 ya están terminadas. Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que desde el arribo de La Libertad Avanza a Casa Rosada, se priorizaron aquellas obras “con mayor grado de avance y que cuentan con la infraestructura necesaria”, mientras todavía evalúan la situación de cada predio para determinar cuáles se pueden finalizar. Curiosa extensión de tiempo para una problemática social tan urgente.
Tal vez el letargo tenga que ver con el cimbronazo en el exMinisterio de Infraestructura y el despido de Guillermo Ferraro durante enero, lo cual generó mayor incertidumbre en la política habitacional. Ahora, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda depende del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
Sin embargo, la novedad yace en una propuesta interna que se encuentra bajo análisis en el Palacio de Hacienda. La misma consta de una modificación del decreto original del Procrear, que permitiría finalizar las obras mediante la colaboración con agentes del sector privados, provincias y municipios. Otras fuentes vinculadas a la gestión anterior afirman que la intención es dar por terminado el fideicomiso para transformarlo en un fondo de garantías, lo cual rompe con la esencia del plan.
