Por unanimidad, la comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió ayer darle curso a la denuncia contra la jueza Carolina Ballesteros, promovida por el abogado Mario Leiva Haro, por presunto incumplimiento de deberes inherentes a su cargo. Luego de ser notificada, la magistrada del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital tendrá 15 días hábiles para presentar su descargo ante las acusaciones, tal como lo establece la ley que regula el proceso de enjuiciamiento (8.734).
El comité que encabeza el legislador Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Cámara) logró reunir ayer a nueve de sus 12 miembros para atender la presentación de Leiva Haro, quien promueve la destitución de la magistrada por su desempeño en cuatro circunstancias. Además del aguilarense, votaron a favor de correr traslado al pedido los oficialistas Mario Leito, Aldo Salomón, Paula Galván, Sara Assán, Leopoldo Rodríguez y Francisco Serra. En el mismo sentido se expresaron los opositores Claudio Viña y Rodolfo Ocaranza (Compromiso Tucumán).
Según Haro Leiva, Ballesteros “desatendió groseramente los deberes inherentes a su cargo, evidenciando actitudes incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que amerita que sea removida de su cargo”. En este marco, cabe aclarar que una de las cuestiones que se le objetan es que ejercía su influencia al intervenir sin representación legal en una causa penal en la que están involucradas dos medias hermanas de la magistrada, con el padre como víctima, y la cónyuge del hombre.
De ahí surge, según lo establecido en la presentación, el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Influencia sobre algunas cuestiones de las cuales llevó en algún momento a pedir la inhibición de dos fiscales (Ignacio López Bustos y José Augusto Zapata) que habían estado actuando en esa cuestión.
Además, cabe señalar también que en la presentación se advierte que la jueza cuenta con reiteradas denuncias ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), impulsadas por empleados de su juzgado. Asimismo, otro caso citado en la presentación tiene que ver con un pedido de indemnización por daños y perjuicios por lesiones causadas en un accidente de tránsito ocurrido en agosto de 2015.
Carolina Ballesteros esgrime, para poder cobrar una indemnización, una incapacidad de un 40% (con un arreglo extrajudicial por $7,5 millones). Lo que se pregunta Mario Leiva Haro es: si tiene incapacidad del 40%, ¿cómo puede ser que la doctora siga concursando para otros cargos en la magistratura? La comisión ha tomado la decisión de correrle traslado a la doctora para que haga los descargos.
Lo cierto es que la Comisión de Juicio Político consideró que ameritaba que le dieran la posibilidad a que Ballesteros pueda hacer los descargos correspondientes. Creyeron que es necesario que así sea; es el motivo por el cual le dieron trámite. Vencido el plazo de 15 días hábiles para hacer los descargos correspondientes, la comisión tendrá 20 días hábiles para determinar si se archivan las actuaciones o si se somete a la magistrada ante un jurado de enjuiciamiento. Y notificarán también a la CSJT sobre la determinación de la comisión.
En la Resolución 613 del comité de Juicio Político, a la que tuvo acceso Tucumán Despierta, se plasmó que “en mérito a la gravedad de la denuncia formulada y de las pruebas ofrecidas en contra de Ballesteros, esta comisión estima procedente a fin de resolver acerca de la continuidad de este proceso, habilitar la instancia del descargo, brindando a la denunciada la oportunidad de ser oída”.
Además de correr traslado, el comité solicitó al Poder Judicial que remita copias autenticadas de siete expedientes; actuaciones de la Superintendencia de la CSJT; y denuncias promovidas contra la magistrada desde 2011 a la fecha. Cabe recordar que, en las últimas semanas, la jueza tomó protagonizó en dos audiencias penales que se volvieron virales. En una discute fuertemente con un fiscal a partir de la aparición de un meme. En la otra cuestiona a dos referentes de la Justicia, el ministro fiscal Edmundo Jiménez y el vocal decano de la Corte, Antonio Estofán, por seguir en sus cargos a pesar de tener 75 años.
