Pese a los avances en numerosos países, activistas advirtieron que el riesgo de regresiones en el derecho al aborto sigue presente en el mundo, como evidencian los recientes retrocesos en Polonia y Brasil -criticados en las calles y tribunales- y la firma de la Declaración de Consenso de Ginebra, un pronunciamiento suscrito por 34 países que defiende “la prioridad esencial de proteger el derecho a la vida”.
“El riesgo de regresiones en el derecho al aborto está presente y continuará en Polonia, en Europa y alrededor del mundo”, señaló a Télam Adriana Lamacková, asesora legal para el Centro de Derechos Reproductivos en el continente europeo.
Lamacková afirmó que en los últimos años hubo varios intentos de restringir los derechos de salud sexual y reproductiva en diferentes países, algo que vinculó con el progreso que hubo al respecto a nivel global.
“Podrían ser parte de una reacción a las reformas progresistas que se dieron en las últimas décadas en igualdad de género, derechos de las mujeres y reproductivos”, estimó.
Ejemplo de este desafío constante al derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) es la Declaración de Consenso de Ginebra, un documento impulsado el pasado 22 de octubre por Brasil, Egipto, Indonesia, Uganda, Hungría y Estados Unidos, único país firmante donde el aborto no está prohibido o exceptuado.
Aunque el texto defiende que los derechos de las mujeres son “parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”, rechaza a la ILE como “método de planificación familiar”.
Una postura restrictiva que ignora los 35 millones de abortos clandestinos practicados cada año, de los cuales 23.000 resultan mortales, según cifras del Instituto Guttmacher, una ONG que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional.
“Este texto tiene un objetivo a largo plazo, están tratando de legitimar un sistema alternativo en un momento en el que el mundo está en caída libre”, dijo a Télam Alanna Galati, directora asociada de Política Global en la organización.
“Es una agenda anti derechos reproductivos, anti LGBTIQ+ y pro cristiana que está usando a estados miembros (de la ONU) para transmitir su mensaje”, agregó.
El mismo día en que se presentó esta declaración, el Tribunal Constitucional de Polonia -nación signataria del Consenso- declaró inconstitucional al aborto por malformación fetal, una de las tres excepciones junto al riesgo de la vida materna y la violación para poder abortar en el país.
La sentencia se asemeja a una prohibición total de la ILE, ya que el 98% de los 1.100 abortos legales practicados en 2019 en Polonia fueron por malformación fetal, según el Ministerio de Salud polaco.
Pero la entrada en vigor de la medida fue suspendida de momento por las multitudinarias protestas que provocó el fallo, en las que cientos de miles de polacos desafiaron durante semanas la prohibición de manifestarse vigente por la pandemia del coronavirus para mostrar su rechazo en las calles.
“Estamos preparados para luchar hasta el final”, afirmó Marta Lempart, una de las fundadoras de la ONG Huelga de Mujeres, principal organizadora de las manifestaciones.
Polonia pasó de ser en 1932 el primer país en legalizar el aborto por violación en Europa a tener una de las legislaciones de ILE más restrictivas del continente y es una de las dos naciones en las que el aborto no es legal. La otra es Malta.
Sin embargo, en la última década, al menos cinco países europeos -Noruega, Bielorrusia, Armenia, Georgia y Rusia- obstaculizaron con nuevas condiciones el derecho a la ILE, mientras que en Croacia e Italia hay un uso extensivo de la llamada cláusula de conciencia, que permite a los médicos no practicar un aborto por objeción moral.
También en América Latina, donde el 97% de las mujeres en edad reproductiva viven en países con leyes de aborto restrictivas, las tentativas de limitar el acceso a la ILE son regulares.
El último en hacerlo fue Brasil, donde el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro emitió en agosto una resolución que exigía a la víctima de violación pruebas de violencia sexual y la presentación de un informe policial, entre otros requisitos, para poder acceder a la ILE.
La disposición causó el rechazo de organizaciones y llevó a partidos de izquierda a solicitar su impugnación ante el Tribunal Supremo, por lo que las autoridades decidieron modificar la ordenanza, pero mantuvieron la obligación para el personal de salud de notificar a la policía cuando se haga un aborto por violación, más allá de la voluntad de la víctima.
“Con esto hay un obstáculo para que las mujeres accedan a la ILE”, declaró a Télam Carla Gisele Batista, militante feminista y autora del libro Acción Feminista en Defensa de la Legalización del Aborto.
“El problema ahora es que los servicios, que ya tenían dificultades para atender a las mujeres, son más reacios a proceder al derecho al aborto legal”, agregó la activista, que calificó a la medida de “inconstitucional”.
En vigor hasta que se pronuncie la justicia, la resolución supone un nuevo retroceso a la ILE en Brasil, pero podría no ser el último, ya que en el Parlamento hay más de 60 proyectos que amenazan su vigencia, muchos de los cuales defienden “la vida desde la concepción”.
“Creo que lo máximo que vamos a alcanzar (durante este Gobierno) es impedir cualquier retroceso”, admitió Batista.
Algo similar a lo sucedido durante el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, donde en el último año 21 estados, en abierto desafío al derecho constitucional, restringieron el acceso a la ILE con el fin de obligar a la Corte Suprema a pronunciarse al respecto.
Si bien la justicia ha bloqueado estas leyes contrarias a la jurisprudencia estadounidense, el reciente nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett en el máximo tribunal elevó la mayoría conservadora a seis magistrados de los nueve totales, por lo que los activistas temen que el histórico fallo de Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en 1973, sea revocado.
