Por efecto de la pandemia, el primer juzgamiento de un ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) será muy diferente a lo imaginado. Para comenzar, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal local (TOF) oficializó ayer la posibilidad de que el coimputado en una serie de presuntos hechos de corrupción, Juan Alberto Cerisola, solicite estar ausente de la sala y seguir el debate de la causa “YMAD” en forma remota.
Esta opción está disponible para todas las partes del proceso que justifiquen la necesidad de extremar los recaudos ante la covid-19: de hecho sólo uno de los miembros del TOF, el camarista Gabriel Casas, presenciaría la audiencia. Tras 11 años de trámite, la etapa oral y pública del proceso comenzará el 14 de junio.
La videoconferencia jugará un papel preponderante en este juicio de altísimo interés institucional que celebrarán Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y el subrogante Enrique Lilljedahl (el TOF solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que, para evitar más dilaciones e inconvenientes, designe a un cuarto magistrado sustituto). En una resolución notificada en el primer día de actividad luego de la feria judicial de verano, el estrado dejó abierta la posibilidad de obtener y recibir pruebas a la distancia.
“Excepcionalmente podrán participar de manera remota aquellos que se encuentren dentro de los grupos de riesgos establecidos por la Organización Mundial de la Salud”, indica la disposición.
En virtud de aquella regla, Cerisola podría invocar su edad y estado físico para esquivar el banquillo de los acusados. Pero la palabra final depende del TOF, que reservó para esta causa 15 jornadas.
Los jueces calculan que el 2 de julio podrían brindar un veredicto, aunque es muy probable que el debate se extienda. También por la pandemia, el público tendrá que contentarse por ver el acto mediante una transmisión en directo.
El ex rector será juzgado junto a tres miembros de su equipo en la UNT: el ex diputado radical Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. Todos ellos han de rendir cuentas por la responsabilidad que les cupo en el presunto manejo anómalo de las utilidades que la casa de Juan B. Terán recibió de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009.
De las denuncias separadas del arquitecto Ramón Eudal, del peronista disidente Oscar López y de la Sindicatura General de la Nación se desprenden que esos fondos ascenderían a $ 340 millones o U$S 85,5 millones, según la cotización de 2010.
