Para el juez que debe investigar las coimas en el soterramiento del tren Sarmiento, no hay pruebas suficientes para procesar por coimas a Ángelo Calcaterra, el entonces dueño de la constructora Iecsa. Pero para el fiscal y para la AFIP, sí. Más allá de la información que circula en Brasil sobre el capítulo argentino del Lava Jato, apuntaron al dinero que pasó por una cuenta en el Banco Privado de Andorra (BPA) a nombre de DSC Workshop, un estudio de arquitectura español. ¿Y qué dicen en Madrid? Van en la misma senda que los acusadores locales, según reconstruyó LA NACION como parte de la investigación sobre la División de Sobornos de Odebrecht, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en la Argentina también integra el diario Perfil.
El contrapunto se centra en DSC Workshop, que le sirvió de pantalla a Odebrecht para canalizar más de US$34,6 millones para el pago de sobornos en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil entre 2010 y 2012, a cambio de una comisión del 3% por su rol de intermediarios, según un informe confidencial de la Policía de Andorra, que difundió el diario El País, de España, en marzo de 2018.
Seis meses después, la AFIP se presentó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para informarle que habían detectado pagos por US$4,5 millones a DSC Workshop desde una cuenta en el Banco Santander Río del consorcio conformado por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa. ¿El apoderado de esa cuenta? Santiago Altieri, un lugarteniente de Calcaterra al que Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime, señaló como el pagador de coimas en el “proyecto Sarmiento”.
Con ese material en sus manos, el fiscal Franco Picardi pidió el procesamiento de Calcaterra y otros acusados por el presunto pago de sobornos. Pero Martínez de Giorgi dictó su falta de mérito. Estimó que no había pruebas suficientes para procesarlo, ni para sobreseerlo, lo que apeló el fiscal. Ahora, los registros de la División de Sobornos de Odebrecht a los que accedió LA NACION muestran alusiones explícitas a DSC vinculadas al soterramiento del Sarmiento. Entre ellos, dos documentos fechados en 2011, de los que uno estaba en formato PDF. Es decir, que los ejecutivos encargados de las “transacciones ilegales”, según confirmó Odebrecht ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, recurrieron a esa firma española para al menos uno de sus proyectos en la Argentina.
Ese proyecto es el soterramiento del Sarmiento. Picardi obtuvo una copia del contrato que DSC firmó con el consorcio. En teoría, para ofrecer sus “servicios empresariales, profesionales y técnicos”. Pero para la AFIP, ese contrato sería “simulado” o “ficticio” y su único objetivo sería desviar fondos al exterior con “fines espurios”. Más aún, la información que envió la Justicia de Andorra muestra que los US$4,5 millones que se enviaron a la cuenta de DSC en ese principado volvieron a otra cuenta en Uruguay, a través de una sociedad offshore controlada en las sombras por Odebrecht. Es decir, los triangularon. Consultado por LA NACION, sin embargo, junto a Calcaterra defendieron la legalidad del contrato con DSC. Afirmaron que el estudio desarrolló un “control de calidad” sobre los planos de la obra, de los que no aportó copias, ni constancias a la Justicia. Sus abogados sí presentaron, en cambio, unas fotocopias de planos con un sello de DSC, como así también la autorización que emitió el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (IMPI) para contratar a los españoles en las obras del soterramiento.
¿Pudo ser convocado DSC para un fin lícito en la Argentina, a diferencia de lo ocurrido en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil? Según los responsables de la propia empresa española, ya extinta en Madrid, no. O de manera parcial. Es decir, como les ocurrió en Ecuador, cuando se encargaron de redactar un informe técnico sobre la represa Multipropósito Baba, lo que sirvió de pantalla para todo lo demás.
En el caso de la Argentina, indicaron desde DSC, “Odebrecht nos encargó la revisión de unos trabajos relacionados con esta obra con, al parecer, la finalidad de desviar dinero de su balance”, precisaron, para luego calificar como “un infierno” lo que afrontan desde hace un par de años, a raíz de su aparición en medio de las transacciones ilegales de la División de Sobornos.
LA NACION ahondó en la posibilidad de que la aparición de DSC Workshop en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento fuera una pantalla. ¿Cuál es la respuesta que llegó desde Madrid? “Te confirmo que tu comprensión es correcta”. Sin embargo, y a pesar de todas las acusaciones que afrontan, desde DSC dijeron desconocer las transacciones ilegales.
