En el centro de monitoreo el martes pasado sonó la alarma de que la procesada había salido del domicilio. Un agente llamó y preguntó por M.J.G. La persona que atendió le respondió: “ya vuelve fue a comprar ‘faso’ (marihuana)”. Por ese motivo, la Justicia le revocó el arresto domiciliario y la envió a una celda común.
La imputada fue detenida junto a otra mujer el 19 de abril de 2021 después de que fuera acusada de sustraerle el celular a una niña de 13 años en la esquina de 25 de Mayo y San Juan. A pedido del Ministerio Público Fiscal, un juez aceptó que se le dictara la prisión preventiva, pero en ambos casos, con arresto domiciliario, ya que las dos tenían hijos menores de edad.
A la semana de que se dispusiera la medida, el Patronato de Internos y Liberados informó a la fiscalía que conduce Carlos Picón que la acusada había abandonado su vivienda. Solicitaron un informe por escrito que se les presentó el 29. Con esa prueba solicitaron una audiencia que se programó para el miércoles para revocarle la medida.
Horas antes de que comenzara el debate, según confiaron fuentes judiciales, la defensora de la acusada habría presentado el certificado de un Caps donde se informaba que había concurrido allí para que atendieran a una de sus hijas. Pero al analizar el documento, los investigadores se dieron cuenta de la mujer que había concurrido al centro asistencial había sido la otra detenida y no la imputada a la que se le reprochaba el incumplimiento.
En la audiencia, el auxiliar fiscal Diego Hevia presentó todas las pruebas en las que se constataba las violaciones del arresto domiciliario. Anunció además que acumularía las causas de hurto simple con las dos desobediencias judiciales a las que había incurrido. Solicitó además que se le dictara la prisión preventiva por 45 días, pedido que fue aceptado por la jueza Isolina Apás de Pérez de Nucci.
“Esta es la política que hemos asumido para luchar contra las personas que se dedican a cometer este tipo de delitos. Vamos a ser inflexibles en todos los aspectos y también veloces para acumularles las causas con el fin de que reciban condenas efectivas”; indicó Picón.
