El presidente electo Alberto Fernández calificó como “ilegal” la detención de la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, Milagro Sala, y remarcó que “no merece estar detenida”.
En una entrevista con el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el canal RT en español, Fernández sostuvo que la situación judicial de Sala “no es vivir en un Estado de derecho”.
“Nosotros tenemos un caso, el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas comenzó el gobierno de (Mauricio) Macri, el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro durante años me trató muy mal, francamente, tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida”, sentenció.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Y planteó: “¿Qué voy a hacer yo?, ¿porque tiene diferencias conmigo voy a validar una detención ilegal? Eso no es vivir en un Estado de derecho”.[/su_note]
En su cuestionamiento al funcionamiento de la Justicia, afirmó que “el lawfare, que es utilizar la Justicia en favor de la persecución del otro, en Ecuador, en Brasil y en Argentina se ha visto con toda claridad”.
En este sentido, remarcó que en América Latina “lo que algunos no pueden lograr en las urnas tratan de hacerlo mediante la persecución judicial”.
“En el Estado de derecho, el respeto al debido proceso y a una Justicia independiente son reglas absolutas. En nuestro continente fracasó todo: la Justicia no fue más independiente y manipulada por el poder. El proceso legal también fue vulnerado y las prisiones preventivas se convirtieron en regla”, amplió.
El miércoles había sido el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni quien apuntó contra el funcionamiento de la Justicia en el caso Milagro Sala y pidió la “intervención federal” en Jujuy.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]”Desde un punto de vista puramente normativo, constitucional, creo que lo que corresponde mínimamente es una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy”, opinó el letrado.[/su_note]
Sala tiene firme una condena a cuatro años de prisión efectiva por agredir a un referente social y otra de dos años por amenazar a policías, además de una condena a 13 años por corrupción en la construcción de viviendas sociales.
En esa causa, la Cámara de Casación Penal de Jujuy comenzó las audiencias para analizar los recursos presentados por la defensa de Sala contra la sentencia.
