El presidente Alberto Fernández declara en la causa por direccionamiento de Obra Pública. “La aprobación de un presupuesto no es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata”, explicó.
Durante más de dos horas el presidente Alberto Fernández declaró este martes en Comodoro Py como testigo en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública donde la principal acusada es Cristina Kirchner. Desde el inicio de su exposición realizó una marcada defensa a favor de la vicepresidenta, al sostener que los hechos bajo investigación responden a una “política de Estado no judicializable”, y repitió en cuatro ocasiones, “me llama la atención lo que se discute en este juicio”.
El jefe de Estado integra el listado de testigos como parte de la estrategia de defensa de Cristina Kirchner, quien sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública fueron “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que ella no firmó las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado. Su planteo busca desechar lo que se indicó durante la instrucción, cuando la fiscalía a través de una auditoría sostuvo que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.
Ante esa acusación, el principal descargo de la vice indica que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.
En ese sentido, Carlos Beraldi -abogado de la vice- inauguró el interrogatorio al presidente de la Nación, que pocos minutos después ya había fijado su posición sobre el único juicio por corrupción que Cristina Kirchner tiene en pleno desarrollo.
Ante la consulta sobre los montos asignados a la obra pública vial y a su distribución, Fernández afirmó: “Es una decisión de carácter política no judiciable, me llama la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”. Esta expresión se reiteró a lo largo de su declaración testimonial, sin embargo, el juez Jorge Gorini le pidió que no se pronuncie respecto a apreciaciones personales.
Frente a ese eje puntual, Beraldi le preguntó si hubo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner un reparto arbitrario de los fondos correspondientes a la obra pública, para la provincia de Santa Cruz, a lo que respondió: “Definitivamente no hubo nunca reparto arbitrario“. “Me llama la atención que en esta causa se están discutiendo decisiones políticas no judiciables, esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria y de obra pública, nunca fueron arbitrarias”, insistió.
Defendiendo una vez más la gestión de los ex presidentes Kirchner en materia de obra pública, Alberto Fernández hizo énfasis en los fondos destinados a tal fin en las partidas presupuestarias, “es imposible” direccionar “fondos de una Ley de Presupuesto para una provincia o un particular”, porque “es la ley más compleja de conseguir”.
En ese punto se refirió a la situación actual de su gobierno, que no logró en el Congreso la aprobación del proyecto de Presupuesto para el año en curso, “es la ley más compleja, se lo dice alguien que gobierna sin presupuesto hoy”.
La imputación fiscal con la que Cristina Kirchner llegó a juicio oral sostiene que hubo una estructura que funcionó desde el Estado, destinada a la sustracción de fondos públicos con la finalidad de ser direccionados a favor de Lázaro Báez. La pregunta de Beraldi apuntó sobre ese aspecto y la respuesta de Fernández fue que tal hecho no le constaba.
De forma más específica, la defensa de Cristina le preguntó a Fernández si la gestión kirchnerista había favorecido a la provincia de Santa Cruz con los fondos destinados a la obra pública vial, lo cual negó inmediatamente: “Definitivamente eso no ocurrió”, insistió. La acusación fiscal sostiene que la provincia patagónica recibió más del 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional y que el 86% de los contratos volcados allí, terminaron en manos de Lázaro Báez.
El Presidente también deslindó de responsabilidades al Ministerio de Planificación Federal que condujo Julio De Vido, al señalar que como organismo “está lejos de las licitaciones” para refutar que hubo direccionamiento en los contratos que se le adjudicaron al Grupo Austral. La justicia sostuvo que la estructura que terminó beneficiando con $ 46.000 millones a Báez operó desde Vialidad Nacional que se encontraba bajo la órbita del extinto ministerio.
Había transcurrido más de una hora de la declaración testimonial, cuando Fernández volvió a defender la gestión kirchnerista en materia de obra pública. Se le preguntó si el Presidente de la Nación tenía posibilidad alguna de interferir en un contrato para favorecer a un grupo o particular específico. “Es imposible conocer el trámite de adjudicación, una presidente puede conocer grandes números, cómo se está ejecutando el presupuesto pero no cómo evoluciona cada obra, lo que hacía Néstor, Cristina y también lo hago yo es tener reuniones periódicas para saber cómo evolucionan grandes obras”.
En su última pregunta, Beraldi se refirió a la acusación que refiere a que Cristina Kirchner encabezó un asociación ilícita que se dedicó a la defraudación del Estado al favorecer a Báez con $ 46.000 millones y le preguntó al ex jefe de Gabinete si él tenía conocimiento de dicha organización. “Definitivamente no”, fue una vez más la respuesta del Presidente.
Después fue el turno del abogado de Lázaro Baez, quien volvió a la imputación fiscal, con la que se inició el juicio oral, al consultarle a Fernández si conoció que haya habido una decisión para favorecer al dueño del Grupo Austral por parte de los ex presidentes. “Definitivamente no me consta”, fue su respuesta.
Para defender a la vicepresidenta, volvió a referirse a la “imposibilidad de que exista algún favoritismo para Santa Cruz”, y dijo que la obra pública “responde a un criterio político y estratégico de desarrollo”.
Más tarde, y ante las preguntas de la fiscalía a cargo de Diego Luciani, el jefe de Estado por tercera vez defendió a su vice: “En este caso hay una suerte de fantasía de que dos personas se juntaban y decían “mandémosle plata a alguien” y que eso ocurría sin ningún tipo de control y eso es imposible, por eso me llama la atención este juicio, me llamó la atención cuando leí el requerimiento de acusación contra Cristina”.
Luciani buscó indagar en la figura de Lázaro Báez y Fernández aseguró que no lo conocía. “Lo crucé una sola vez en El Calafate. Nunca más lo vi ni con motivo de mi función ni nada”. En este punto, volvió a referirse al juicio contra la vicepresidente: “recuerdo que en 2005 se hizo una denuncia similar en Santa Cruz y se desestimó, me sorprendió que años después se presentó acá y el mismo caso sí prosperó”.
Al avanzar con sus explicaciones, el Presidente realizó una particular lectura sobre la frase del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, cuando se refirió a la cartelización de la obra pública durante la gestión kirchnerista, al señalar que “la cartelización es un acuerdo entre privados para decidir ellos con qué obras se quedan, el Estado no es responsable de ese mecanismo, el Estado es víctima de ese acuerdo entre privados”.
“Vi a Lázaro Báez en el parque de la casa de Néstor”
Cuando se le preguntó sobre la relación de Néstor y Cristina Kirchner con Lázaro Báez, el Presidente reiteró: “No conozco a Lázaro Báez, no sé qué vínculos tiene con la gente, no sé qué empresas tiene”. En otro tramo, reiteró que la única vez que lo vio fue en El Calafate “en el parque de la casa de Néstor porque estaba realizando una obra ahí, pero nunca más lo vi”.
La fiscalía se refirió a los negocios que mantenían y a su vez a las 18 operaciones de compra y venta de propiedades que celebraron mientras el dueño del Grupo Austral se posicionaba como contratista de la obra pública vial. El presidente reiteró que no tenía conocimiento del vínculo que unía a los Kirchner con Báez.
Próximo testigo
El 21 de febrero será el turno de Sergio Massa y así el TOF 2 está más cerca de concluir con la instancia de declaraciones en el juicio que comenzó en mayo de 2019. Por delante quedarán ampliaciones de indagatorias, alegatos, réplicas y palabras finales hasta conocerse el veredicto del TOF 2.
Ya declaró el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien sostuvo que el Tribunal buscó “utilizar las audiencia con fines electorales”, consideró que el juicio “sólo busca criminalizar a la política y a la obra pública” y, abonando la teoría de la vicepresidenta, dijo que con la investigación “se busca desprestigiar a Cristina Kirchner”. También Aníbal Fernández, quien calificó la causa de contar con más “fines políticos que jurídicos”.
AFG
