Tras una intensa investigación, los efectivos de la División de Cibercrimen detuvieron a un hombre acusado de extorsión en el marco de cinco medidas de allanamientos que se realizaron el pasado día jueves en la Capital y en la ciudad de San Isidro de Lules. Como resultado, secuestraron 17 teléfonos celulares, pendrives, tarjetas de memorias, chips telefónicos y una notebook.
En ese escrito, los acusados aducían ser abogados del Poder judicial y pedían dinero a través de transferencias de $200.000 a $600.000 a cambio de dejar sin efecto supuestas órdenes de detención que pesaban sobre sus familiares que tenían causas penales o se encontraban privados de libertad.
En agosto pasado, los investigadores de la División de Cibercrimen, dependiente del Departamento Inteligencia Criminal (D-2), recibieron un oficio de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana con los informes de la línea telefónica denunciada a fin de profundizar con la pesquisa.
Es así que se designó un equipo de trabajo que luego de analizar los informes telefónicos logró identificar a los presuntos autores del hecho y por ello se solicitaron las medidas judiciales que se concretaron este jueves por orden de la jueza Isolina Pérez de Nucci en domicilios ubicados en calle Juana Azurduy al 800 y en el Barrio Lola Mora, en la Capital; y en otras dos viviendas de la ciudad de San Isidro de Lules.
Todos los elementos electrónicos incautados y el detenido fueron puestos a disposición de las autoridades de la UFDT a fin de avanzar en la investigación. Las medidas judiciales fueron dirigidas por el jefe de la División de Cibercrimen, Comisario Principal Héctor Marín, y supervisadas por el jefe del D-2, Comisario General Héctor Vizcarra.
