Está claro o debiera estarlo que la plata no resuelve ni evita, por si sola, conflictos sociales o crisis sociales ya arraigados ni diluye el miedo que siembra la inseguridad desatada de este tiempo. Y por mucha que haya, tampoco garantiza que una gestión deficiente pueda convertirse, sin grandes cambios, en otra encomiable y políticamente rendidora.
Cantado, el comentario le calza redondo al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el economista favorito de Cristina Kirchner y un privilegiado del poder a quien, desde 2020, la Casa Rosada llena de recursos en cantidades que superan por lejos a las que recibe cualquiera de sus pares. Todo muy discrecional por cierto.
“No tenemos estallidos en los lugares donde tenemos las situaciones más difíciles, porque la ayuda social del Estado llega a través de las organizaciones populares”, se jactó el lunes por la mañana la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.
Metida en un mundo donde es corriente transformar la realidad en un traje a la medida y al gusto del Gobierno, difícilmente Cerruti podría haber previsto algo que ocurriría casi al mismo tiempo que sus declaraciones y que pondría en evidencia lo que ya eran, simples sobreestimaciones.
Esto es, el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, desprotegido por completo en la madrugada de La Matanza, y el estallido de bronca y golpes contra el ministro bonaerense Sergio Berni que le siguió. Todo, un registro duro de una situación social imposible de encubrir con palabras o resolver con cómodos planes.
Atado al relato de Cerruti hay otro dato de una especie parecida que también viene con formato de plata y se llama plata.
Aparece en planillas del propio Ministerio de Economía y refiere al billón de pesos largo que el Gobierno presupuestó este año para los planes Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias, los más potentes en su tipo, manejados, como dice la portavoz, por las organizaciones populares.
Claro que si es por eso, más preciso sería hablar de organizaciones políticas kirchneristas a secas y, en continuado, advertir adónde llega de verdad la ayuda social del Estado que menta la portavoz.
De ese billón de pesos que presupuestó el Gobierno, alrededor de $ 443.000 millones, casi el 47%, fueron asignados a la provincia de Buenos Aires. A la Ciudad Autónoma le tocó el 11%; un 7,3% a Córdoba y 6,8% a Santa Fe.
Puesto de otra manera, entre tres jurisdicciones de las grandes y populosas reúnen un comparativamente módico 25,1% o, si se prefiere, reciben 22 puntos porcentuales menos que Buenos Aires. O casi la mitad que Buenos Aires.
Por más cuentas y cruces que se gasten, no hay otra manera de explicar semejantes diferencias que no sea el método de reparto K. El de ahora y el del kirchnerismo del 2003 al 2015, vale agregar.
El punto es que ese modo de distribuir fondos del Estado nacional como si fuesen propios asoma por todas partes, en proporciones casi calcadas o levemente diferentes, pero siempre con un único, gran triunfador.
Se las mire del derecho o del revés, de atrás para adelante o de adelante para atrás, el eje que guía la movida nunca se corre.
Así, en el casillero que corresponde a Buenos Aires podríamos encontrar, por ejemplo, un 39% contra el 7%, el 6 o el 5% que habría en los de Córdoba, la Ciudad Autónoma y Santa Fe. Diferencias a favor del favorito Kicillof que existen y superan en cinco, hasta ocho veces a los cupos asignados a gobernadores también elegidos por el pueblo.
Y aun cuando las proporciones no varíen, la misma desigualdad medida en valores absolutos escala a alturas impresionantes cuando hay mucha plata en juego, y escala a esas alturas justamente porque media una caja enorme.
Es el caso esta vez de las nada casualmente llamadas transferencias discrecionales, o sea, recursos que el gobierno central administra a su gusto, por fuera del Presupuesto Nacional y según convenga a sus intereses.
Aplicadas como se las aplica, son una muestra de cómo el kirchnerismo entiende el federalismo y de esa consigna que Néstor Kirchner presidente pregonaba entre sus secretarios de Hacienda. Decía o remachaba que plata equivale a poder y que mucha plata es mucho poder.
Lo que sigue resulta un paquete real y en versión real del modelo K, con datos calculados según el dólar oficial medio de cada año.
Ahí tenemos, entre comienzos de 2020 y fines de 2022, que la provincia de Buenos Aires fue privilegiada con alrededor de US$ 7.100 millones. Por orden de magnitudes, Santa Fe y Córdoba recibieron unos US$ 890 millones por cabeza y la Ciudad de Buenos Aires, US$ 790 millones. Casi la nada misma.
A gran escala, como está, eso se llama usar el poder al mango y sin andar perdiéndose en rodeos ni delicadezas.
Existen otras transferencias del tipo discrecionales, solo que van directo del Tesoro Nacional a las intendencias, evitando los despachos de los gobernadores. Es un modelo que instaló Néstor K para negociar prestaciones y contraprestaciones con los intendentes sin intermediarios.
Lo que no cambia sino que se refuerza es el destino de los fondos. Según cifras de 2022, el 61% fue a la provincia de Buenos Aires y, más precisamente, al Conurbano bonaerense. Los municipios de la Ciudad y los de Santa Fe apenas arañaron un 6% cada uno y los de Córdoba debieron conformarse con el 4%.
Manda aquí también una fórmula bien del tipo electoral: el grueso de los recursos financian obras públicas que es como decir inauguraciones, carteles y otros operativos en el territorio donde están los votos. La clave es el programa Argentina Hace, de construcciones rápidas ejecutadas por trabajadores de cada lugar.
El gran movilizador de un operativo electoral de punta a punta es el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Entre presentaciones, actos, anuncios de lo más diversos y todo lo que hubiese a tiro armó encuentros más o menos populares en 22 de los 31 días de marzo y arrancó abril con cinco consecutivos.
En plan Frente de Todos amplio, compartieron escenarios, entre otros, Alberto Fernández, Máximo Kirchner, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, los ministros del Interior, Wado de Pedro y de Economía, Sergio Massa, y obviamente Axel Kicillof.
Está claro que semejante despliegue se explica en el peso político de la Provincia, en la estrategia cristinista de hacerse fuerte allí donde ella concentra sus fortalezas y en la necesidad de alimentar las chances electorales de Kicillof, en el papel que al final se le asigne.
El problema de Kicillof no pasa obviamente por la plata sino por algo que le toca directamente: que cada vez le cuesta más ocultar las deficiencias de su gestión.
Algunas de ellas: el avance sin pausa de la inseguridad, seguido del miedo y el hartazgo de los bonaerenses; la infraestructura básica ausente y notoriamente ausente en los barrios carenciados que son, encima, los más poblados; el 40% del empleo en negro que habla de la gestión económica y el punto que cierra el cuadro: la pobreza del 45% en el Conurbano bonaerense, incluidos 740.00 nuevos pobres que se sumaron desde que asumió.
Es evidente que al gobernador no le falta plata, como lo prueba que este año el gasto fiscal corriente vaya a crecer 124%, probablemente por arriba de la inflación, según el Presupuesto 2023. O que la plantilla de empleados agregue de un saque 25.460 agentes a los que había en 2022.
La cuestión es en qué y cómo gasta los recursos del Estado provincial, que sin dudas es como dice el kirchnerismo: un Estado presente.
