Pasa en todo el país y en todos los partidos políticos. Se trata de los candidatos con prontuario, que están procesados y hasta presos. La Justicia los deja presentarse en las elecciones porquetodavía no tienen una condena firme. Mientras en el Congreso se debate la posibilidad de modificar la normativa, y no permitir que se postulen si ya tienen una pena en segunda instancia, algunos de ellos hasta ya fueron electos. En un informe de Periodismo para Todos se mostraron algunos de los casos más controvertidos.
Atropelló y mató
El intendente electo de la localidad tucumana de Tafí del Valle, Francisco Caliva, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por haber atropellado y matado a Gustavo Álvarez, un adolescente de 15 años, en 2015. A su vez, la Justicia lo inhabilitó a manejar por siete años.
A pesar de esta condena sobre sus hombros, el funcionario ganó las elecciones municipales en junio. La mamá de la víctima, María Astorga, recordó que el dirigente del oficialismo provincial conducía a 130 km/h cuando embistió a su hijo.
“En el juicio dijo que no frenó, que no tocó bocina. Lo chocó de atrás y lo mató por la velocidad”, sostuvo la mujer. Indignada, contó que el intendente no cumple la pena. “Tiene una actitud burlona de pasar por delante mio manejando“, reveló a PPT.Leé también La particular cumbia con la que un intendente quiere la reelección, pese a las causas en su contra
Estafa y violencia de género
Carlos Flores fue reelecto como intendente de Candelaria, Misiones, en las elecciones provinciales. Sin embargo, es otro de los funcionarios que figura en la lista de figuras políticas con prontuario.
El dirigente fue acusado de haber utilizado fondos del municipio para construir un hotel alojamiento y denunciado por violencia de género por su expareja.
El abogado Fernando Acosta detalló que el delito en el que lo encuadra la fiscal es de estafa contra el municipio. “Lo acusó en base a la documentación que le pidió a la casa que vende los materiales”, sostuvo.
Con respecto a la causa por violencia de género, Gustavo Bernal, jefe de la comisaría N°8 de Posadas, explico que en abril lo detuvieron después de que su entonces pareja lo denunciara por violencia verbal y física. “El médico constató que hubo agresiones con golpes de puño“, aclaró. La victima manifestó que no era la primera vez que sufría ataques de ese estilo.
Miriam Barboza, titular de la ONG “Toma mi mano, no estás sola en Misiones”, cuestionó que Flores haya podido presentarse en los comicios. “Lo que el Tribunal electoral dice es que mientras no haya una sentencia firme, nadie es culpable. En los casos de violencia de género, nosotros creemos que si hay un golpe o un maltrato, nunca se llega a un juicio. No podemos entender cómo a estos hombres ligados al poder no se les niegue desde el vamos que sean candidatos”, manifestó.
Violación y amenaza de muerte
En el pueblo Corral Quemado, ubicado al norte de la ruta 40 en Catamarca, viven mil personas. Su intendente, Enrique Ayber, enfrenta dos causas penales por abuso sexual.
El primer caso ocurrió cuando era director de la escuela municipal. La mamá de Romina, que en ese entonces tenía 13 años, denunció que el funcionario la llamó a su oficina para que, en teoría, lo ayudara con unas planillas. “Pero ahí la empezó a tocar en las partes íntimas. La quiso besar. En un momento, ella se escapó porque le dio un rodillazo entre las piernas”, contó Elba Pachado a PPT. Según la mujer, como lo enfrentó públicamente, él la amenazó de muerte y de dejarla sin trabajo.
Una vez que Ayber llegó a la intendencia, las denuncias empeoraron. La causa que más lo complica ya tiene fecha de juicio. Lo acusan de haber violado a una adolescente de 15 años en la capital de Catamarca.
La víctima, de la cual se preservó su identidad, dijo en PPT que el funcionario la llevó engañada hasta un hotel alojamiento, cuando en realidad le había prometido una reunión con el ministro de Educación para obtener una beca estudiantil.
“Cuando estábamos entrando al hotel yo me largué a llorar porque sabía que estaba pasando algo raro. Me bajó de los pelos del auto. Me metió en la habitación y me empezó a pegar. Me decía que me sacara la ropa y que me fuera a bañar. Se empezó a desvestir y me pegó una cachetada. Me tiró en la cama y, mientras me pegaba, me obligaba a que viera películas. También me amenazó de muerte”, indicó.
Tras el ataque, la joven denunció que toda su familia se quedó sin trabajo en la municipalidad porque habían salido a marchar por Justicia.
Disturbios en la Legislatura
Mario Secco, el intendente de Ensenada, irrumpió en la Legislatura acompañado por una patota de militantes en diciembre de 2017. A pesar de estar procesado por coacción agravada, perturbación de la función pública y desobediencia de la autoridad, el funcionario se presentará en las elecciones para obtener la reelección.
Desvío de fondos
Alejandro Collia, exministro de Salud durante la gobernación de Daniel Scioli, es candidato por el Frente de Todos para mantener una banca en el Consejo Deliberante de Tres de Febrero.
Según reveló PPT, el funcionario está procesado por irregularidades y desvío de fondos en la construcción de 15 Unidades de Pronta Atención (UPA). El fiscal del caso, Álvaro Garganta, explicó que adjudicó la obra a un empresario cercano a Scioli, Ricardo Miller, sin llevar adelante un concurso público. “Los montos desviados rondan los 200 millones de pesos”, señaló.
Campaña tras las rejas
Rubén Martínez está preso en Caleta Olivia, Santa Cruz, acusado de haber violado a una nena de ocho años que convivía con él. Sin embargo, él asegura que es inocente y se postuló a intendente de la ciudad a través de una carta desde la cárcel.
“No tienen pruebas. Los tres testimonios no coinciden. La Cámara Gesell fue trucha, la inventaron”, argumentó. En la misma línea, reconoció que esta causa es una “mancha que no se borra”. Aunque él considera que puede revertir la situación y sostener su candidatura.
Como si fuera poco, Martínez también fue denunciado por haber entregado terrenos privados del Barrio de Dios a un grupo de familias como si fueran parcelas estatales. “Yo me hago cargo que pasé por arriba de Planificación y Tierra. Pero nadie me preguntó por qué lo hice. Yo me cansé de que manoseen al pueblo”, indicó.
Otro candidato que está tras las rejas es Daniel Ruiz, que aspira ser diputado nacional por Chubut en las listas del Frente de Izquierda. Sin embargo, la Justicia dispuso su detención tras haber disparado un mortero en los incidentes frente al Congreso en diciembre de 2017. El imputado estuvo un año prófugo y hoy se postula desde Marcos Paz.
