“Me siento frustrada, triste por la situación en general, por la destitución y porque la Justicia haya caído tan bajo”, revela Cecilia Goyeneche, la fiscala de Entre Ríos destituida luego de investigar, entre otras causas, al ex gobernador Sergio Urribarri. “Pero, por otro lado, me dan ganas de revertir esto”, afirma a LA GACETA.
En los testimonios que brindó en medios nacionales después de ser exonerada describió lo sucedido en uno de los allanamientos realizados dentro de la investigación a Urribarri, quien posteriormente fue condenado. Allí encontraron un disco rígido que era una “caja negra de la corrupción”. “Tenía muchísima información. Lo tiraron por un ventiluz al techo de una casa vecina en el momento en que entraba el allanamiento”, relató Goyeneche en el programa “Desde el llano”, de la señal Todo Noticias. El operativo se realizó en una empresa que era propiedad de un familiar de Urribarri, que además era funcionario público y un colaborador íntimo de él, según detalló Goyeneche. El exgobernador se desempeñaba como embajador argentino en Israel y fue condenado el 7 de abril a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la administración pública.
Lo que me sucedió es una forma de castigo. para que los fiscales no se animen o titubeen antes de hacer una investigación como la que yo impulsaba
En mayo, luego de atravesar un Jury de Enjuiciamiento y con una mayoría de 5 a 2, Goyeneche fue destituida de su cargo como fiscal de Estado. La investigación que ella realizó incluía contratos de la Legislatura entrerriana: “se descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”. Sin embargo pasó a ser acusada bajo el argumento de supuesto mal desempeño de su cargo, por no haberse excusado a tiempo de la investigación debido a su presunta relación con uno de los imputados de la causa, Pedro Opromolla, contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos malhabidos.
– ¿Qué sensaciones le dejó la destitución?
– Creo que fue una venganza política, los hechos lo demuestran así. Yo no estaba haciendo otra cosa que investigar la corrupción, logramos éxitos en una situación excepcional con una condena como la de Urribari y en menos de dos meses fui destituida. Creo que es una condena para mí, es decir, del sistema, para que lo de Urribarri no vuelva a pasar, una forma de castigo para que los fiscales no se animen o titubeen antes de hacer una investigación como la que yo impulsaba.
– ¿Cuáles son los pasos a seguir?
– La indignación que tengo me puso a trabajar y ahora estoy en eso, en presentar un recurso y esperando que alguien lo agarre. No creo que me haya debido excusar, esto es una causa en la que se investigaba un desfalco enorme en la Legislatura entrerriana. No existe antecedente de que a alguien se lo destituya del cargo porque se excusó o no se excusó. Es ilógico, es una barbaridad, no tiene relación conceptual. Es una revancha.
¿Cuál fue el puntapié inicial de la investigación sobre los contratos en la Legislatura?
– Todo comenzó con un policía que vio que un grupo de personas sacaba dinero varios días seguidos, con muchas tarjetas de débito, y pensó que era una estafa o robo de tarjetas. Comenzamos a seguir a estas personas y se hace un primer pedido de allanamiento, donde se encuentran un montón de cuadernos con anotaciones de cobros, de personas que tenían relación con el Senado y la Cámara de Diputados. Había tarjetas de débito, papeles, pago de impuestos, mucha papelería como de una oficina: cobro y reparto de dinero. A partir de ahí empezamos a tirar de ese hilo y encontramos que se trataba de una organización completamente armada. Esta causa terminó con 32 imputados como una organización delictiva, contratos ficticios de la Legislatura. Unas 600, 700 personas que estaban contratadas pero no sabían ni siquiera quién los contrataba ni por qué monto, sino que prestaban su nombre.
– ¿Cómo siguió la causa y cómo se vio afectado su trabajo durante ese proceso de investigación?
– Para hacer esto tenían que mantener los monotributos de todas estas personas más o menos al día. Para eso tenían un estudio contable que colaboraba con esta organización delictiva. Y ese estudio contable es de Pedro Opromolla, amigo de mi marido. Pero ahí yo aclaro: mi marido estuvo casado antes con otra mujer y fue muy amigo de Pedro durante ese matrimonio, cuando se recibieron juntos en la Facultad. Pero bueno, ahí comenzaron los rumores sobre mi relación de amistad con Opromolla y todo eso llevó a que se armara una historia en Entre Ríos, con la idea de sacarme de la causa primero. Se publicaron noticias falsas en algunos medios diciendo que mi esposo era socio de ese estudio contable. También se habló de un departamento que yo le había comprado, pero todo eso fue mucho tiempo antes de esta causa. Finalmente me terminé apartando y tres años después me piden la destitución del cargo. Hace poco un periodista de Entre Ríos que hablaba del tema dijo: “desde que empezó la causa de contratos pasaron 44 meses y en ese tiempo se imputaron a 32 personas, pero la única condena fue a la fiscal que investigó el caso”. Me pareció un buen resumen de lo que sucedió. Cuando vemos la sentencia de la destitución, los fundamentos, es increíble porque todos los vínculos que tenía mi marido no eran tan íntimos. Lo curioso es que esta persona no resultó beneficiada en nada por mi investigación; al contrario, está esperando una pena de seis años, que es lo solicitado por quienes lo remitieron a juicio. Por eso la destitución es una excusa.
– ¿Y la investigación contra Urribarri cómo se dio?
– Una de las causas fue la de la Legislatura y la otra la del juicio de Urribarri, que empezó en septiembre del año pasado. Los abogados estuvieron dando muchas vueltas con diferentes justificaciones, covid-19 entre otros motivos, para que no se hiciera el juicio, pero decidimos iniciarlo en septiembre. Presentamos muchísima prueba, muy contundente. A los dos meses que empezó el juicio a mí me suspenden en el cargo.
En su experiencia como fiscal de delitos sobre corrupción, ¿qué es lo más difícil de investigar y probar?
– Creo que, por un lado, está el tema de buscar y encontrar la prueba documental, que la tiene habitualmente el sistema administrativo y es muy difícil obtenerla. Cuando me hicieron el jury para destituirme pidieron un informe de los bienes inmuebles que yo tuve durante los últimos 20 años -a pesar que desde hacía 15 años me desempeñaba como fiscal- y a los tres días tuvieron la respuesta. En causas de corrupción estamos meses solicitando esa información y siempre con excusas la niegan. Te dicen que no se puede obtener la información de manera nominal sino a través del inmueble, pero hoy descubro que eso es mentira porque en mi caso facilitaron esa información con mi nombre y rápidamente. Menciono esto como un ejemplo para que se entienda que los organismos administrativos están dirigidos por personas que han sido designadas por los propios sospechosos que uno investiga, entonces hay mucha reticencia a brindar información. O la demoran 80 veces o te la dan parcial e incompleta. Las investigaciones siempre son muy cuesta arriba. Nosotros hemos tenido mucha suerte en estos casos porque obtuvimos muchas pruebas y los allanamientos nos dieron mucha información. En casos de corrupción no tenés testigos fácilmente.
– ¿Y qué faltaría para que haya más independencia en la Justicia?
– Los accesos a los cargos en el Poder Judicial deberían ser siempre por concurso, con un sistema independiente que no esté manipulado por el Poder Ejecutivo. Es decir, que quien gane no sea porque obtuvo una ventaja de algún funcionario. Si no le debés ese cargo a nadie actuás con independencia. Una Ley de Ttransparencia e Información Pública también es indispensable. La mejor garantía para para el fiscal o juez que quiere ser independiente es la mayor transparencia posible. Cuanto más te exija la ciudadanía es mejor. Hay mucha renuencia a transparentar la información los Poderes.
