Los líderes de la protesta en Colombia convocaron para este miércoles a la segunda huelga general en menos de una semana contra el gobierno de Iván Duque, que pese a su oferta de diálogo no logra desactivar el descontento social que ya dejó cuatro muertos.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Miles de personas se manifiestan a diario y hacen sonar cacerolas desde el pasado jueves, cuando una primera huelga derivó en la mayor movilización que haya enfrentado un gobierno colombiano desde finales de los setenta.[/su_note]
Los manifestantes reclaman cambios en la política social y económica del gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones de este martes tuvieron como protagonista al joven Dilan Cruz, primera víctima fatal de la violencia policial en estas movilizaciones, y su imagen estuvo presente en todas calles y plazas.
El fallecimiento del chico de 18 años conmocionó al país y lo convirtió en símbolo de la resistencia para los jóvenes, que ahora piden la disolución de la fuerza policial antidisturbios (Esmad).
En su mayoría pacíficas, las protestas dejaron sin embargo cuatro muertos, unos 500 heridos entre civiles, policías y militares, además de 172 detenidos y 60 venezolanos expulsados por “actos vandálicos”.
Este martes un policía quedó gravemente herido con “un artefacto explosivo no convencional” durante una manifestación en Neiva (centro), según información oficial.
En medio de la ola de protestas que recorre el continente sin un factor común, en Colombia las calles se volcaron contra Duque y su impopular gobierno de 15 meses. Casi siete de cada diez colombianos desaprueban su gestión, según una encuesta de Invamer en noviembre.
El domingo el presidente instaló un “diálogo social” frente a la avalancha de reclamos que se han venido incubando y silenciados durante décadas por el ruido del conflicto armado con la exguerrilla FARC.
Colombia es el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), arrastra un desempleo del 10,1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores.
