Antes de completar un mes en el Gobierno, Javier Milei comenzó a notar esta semana los límites que tiene su intención de convertir su victoria en el balotaje en verdadero poder para instrumentar los cambios que considera determinantes para su gestión. En ese marco, cabe señalar un repaso rápido.
Jueces de fueros e instancias diferentes ya advirtieron que el mega DNU 70/2023 merece un análisis en los tribunales y que es pertinente escuchar a los sectores de la sociedad que se sienten perjudicados por la medida. También consideraron que mientras esa discusión transcurra, los efectos del decreto referidos a las regulaciones del mercado laboral deben mantenerse suspendidos.
Senadores del peronismo no kirchnerista -un grupo humano que en La Libertad Avanza consideraban como aliados naturales- frenaron el tratamiento del proyecto de instauración de la Boleta Única en reemplazo de la lista sábana, que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados y que pintaba para ser la primera ley de la Era Milei.
Las empresas pesqueras y los gobernadores patagónicos -otro espacio que integran algunos políticos que el Gobierno cuenta como aliados- le arrancaron al Ejecutivo el compromiso de que modificará artículos de la Ley Ómnibus que perjudicaban a las compañías que ya trabajan en el Mar Argentino y que las dejaban en desventaja frente a potencias globales.
En el propio Gobierno se volvió evidente que hay diferencias en el Gabinete sobre la manera de lidiar con la CGT. Algunos ministros y funcionarios quieren seguir negociando con los sindicatos y otros insisten en que una de las tareas de La Libertad Avanza es terminar rápido y definitivamente con las trabas a las empresas que pone el modelo de organización gremial que existe en la Argentina hoy.
Todo eso pasó en esta semana, y ocurrió luego de un período de hiperactividad de la nueva administración, que desplegó una serie de reformas inabarcables hasta para hacer un resumen. Esos choques muestran no sólo las diferencias entre una lista de deseos y un programa de Gobierno: también ponen en evidencia los riesgos que cualquier medida posible tiene hacia el futuro.
Las decisiones políticas, además de convertirse en normas respetadas no sólo por los involucrados directamente sino por toda la sociedad, tienen que tener la fortaleza y el consenso necesario para permanecer. El Presidente mismo admitió esa necesidad cuando dijo que dos tercios de las reformas que planteó en los últimos días tendrán efectos visibles dentro de 15 años.
El problema de ese sinceramiento es que una perspectiva de plazo tan largo -inédita en la Argentina si se tienen en cuenta las performances de los últimos gobiernos- hace más difícil que un juez considere que hay urgencia y necesidad para hacer todas las modificaciones de leyes que planteó el mega DNU. Hay que recordar que esa característica es un requisito ineludible -según dice la Constitución- para que un Presidente pueda atribuirse la potestad legislativa reservada al Congreso.
En ese marco, es menester dar cuenta acerca de que la pregunta, en ese sentido, ya no es qué partes del Decreto de Necesidad y Urgencia quedarán en pie sino cuáles de los tramos del decreto que no suprima la Justicia generarán cambios capaces de salir del plano de los deseos escritos para intervenir en la realidad.
