Cristina Kirchner nunca imaginó que volvería al Gobierno y que sería partícipe de, tal vez, la peor gestión peronista desde el retorno de la democracia. Tampoco, que su reencuentro con el poder del Estado no le facilitaría clausurar su situación judicial, para luego predicar que la historia la juzgó y la declaró inocente de una “persecución judicial”. Todo lo contrario, tiene un pedido de condena de 12 años y, posiblemente, antes de que termine el 2022, habrá un fallo en la causa Vialidad.
De los dos años y ocho meses de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, es factible que la semana que comenzó el lunes 22 de agosto sea, por lejos, la peor que afrontó la vicepresidenta. Está claro que el kirchnerismo y el equipo de abogados de Cristina y de los ex funcionarios K, no vieron venir al fiscal Diego Luciani, no por la investigación que emprendió junto a Sergio Mola y todo el equipo judicial.
Más bien no previeron la vehemencia y la oratoria de Luciani, que se despegó del estereotipo de funcionario judicial aburrido, que de manera monocorde lee un alegato. Luciani desempolvó la causa que tiene como principal actor a Lázaro Báez y, con focos interesantes, la puso en el centro de la opinión pública tradicional y de la otra, la de las redes sociales. Cristina intentó defenderse involucrando al macrismo con José López, el funcionario que saltó a la fama por revolear bolsos con dólares en un convento.
Alberto Fernández, en sintonía, también buscó despegar a su vice de la causa, asegurando que un presidente no puede ser responsable de todos y de todo lo que pasa debajo de su gobierno. Más allá que la Justicia deba probar la existencia de una asociación ilícita y que ella era la jefa, no debería pasar inadvertido quién era José López. Además del férreo control de la gestión que ejercían tanto Néstor Kirchner como Cristina, sobre todo si estaban en juego licitaciones y miles de millones de pesos, el ex Secretario de Obra Pública era clave para el kirchnerismo.
En simultáneo a la condena de Luciani, aunque pasó desapercibido – ¿Adrede? – el Gobierno anunció un recorte en distintas áreas como $50 mil millones a Educación o $10 mil millones a Salud. Es llamativo que, salvo los gremios docentes, nadie haya salido a cuestionar ese ajuste en áreas que el kirchnerismo siempre dijo defender. Sobre todo, cuando el que gobernaba era Mauricio Macri.
El ajuste también había llegado a un emblemático programa que se adjudicaba Cristina Kirchner, el Conectar Igualdad que consistía en la distribución de notebooks para chicos de la secundaria. Desde Educación dijeron que no fue por el ajuste que firmaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Se debió a que no pueden importar las laptops por el freno a la importación que su propio Gobierno estableció.
Por si fuera poco, desde la Casa Rosada indicaron que es posible que pidan un nuevo préstamo al FMI, de unos US$ 1.300 millones, que el organismo prevé destinar a los países miembros a través del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RST). Cristina pasó de no querer acordar con el FMI a avalar con el silencio un nuevo crédito con el organismo multilateral de crédito. Un pedido de condena por la causa Vialidad, un abierto ajuste y otro préstamo con el FMI durante un gobierno kirchnerista.
Pero faltaba algo más para que la semana que aún no terminó empeorara para la anfitriona del Instituto Patria. Alberto Fernández intentó dejar en claro su apoyo a Cristina en la causa. En una entrevista con TN, remarcó una y otra vez sus críticas al funcionamiento de la Justicia y clamó por la inocencia de su vice. El problema se desató cuando dijo que “Nisman se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.
Lo que pretendía ser una estrategia de victimización de la vicepresidenta, terminó victimizando al fiscal Luciani. Y, además, reavivó un tema muy caro para la gestión de Cristina Kirchner como, según lo determinado por la Justicia, el asesinato del fiscal Alberto Nisman, horas antes de concurrir al Congreso para dar cuenta de su acusación contra la entonces presidenta, por el encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA.
