Era bien temprano, por la mañana, en las afueras de Madrid. En la sede central de un banco global, varias decenas de periodistas de todo el mundo desayunaban. Cada mesa era para una nacionalidad distinta. Había, claro, una argentina. Ese noviembre de 2022 era testigo de algo inusual: por primera vez en 40 años, un encuentro financiero tenía como tema central el retorno de la inflación al mundo. Un ejecutivo de la entidad propuso hacer una presentación. Fue la única vez en mucho tiempo, fuera de Lionel Messi y el fútbol, en que una mesa con argentinos adquirió suma relevancia para el resto de los mortales. “Somos los expertos en sufrirla, no en solucionarla”, aclaró entonces un director de un diario criollo.
Al abrir el encuentro repleto de figuras de todo el planeta, la presidenta del banco presentó a la estrella de aquella hora. No era un funcionario estadounidense, europeo ni chino, las grandes potencias, sino el titular del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, el primero en el mundo en tomar un camino ortodoxo para frenar los precios, tras la pandemia del covid. Acumulaba tres meses de deflación ya desde entonces. “Nuestra principal función es luchar contra la inflación”, afirmó Campos Neto sobre el escenario.
Brasil tiene una meta de inflación de 3,25% anual para el año que quedó atrás hace unos días. Campos Neto, que ingresó con Jair Bolsonaro al Banco Central, anunció que espera un recorte de tasas este mes y en marzo, y, pese a algunos tironeos políticos con Luis Inácio Lula da Silva por la velocidad de ese ajuste monetario y el impacto sobre el crecimiento económico, elogió al ahora ministro de Economía, Fernando Haddad, por su declamado objetivo de déficit cero en 2024. Lejos está Brasil de la etiqueta “comunista”.
Unos meses antes, en ese mismo 2022, el presidente Alberto Fernández había prometido una “guerra contra la inflación”. Ese año terminó duplicando los precios y, en 2023, triplicándolos. Perdió la trifulca y registró el mayor aumento en más de tres décadas. El kirchnerismo, a diferencia del resto del mundo, eligió mirar siempre a la Secretaría de Comercio –con controles y amenazas– como instrumento de esa guerra. Nunca funcionó. Ni con Guillermo Moreno, ni con Paula Español o Roberto Feletti. El Banco Central y el Tesoro, mientras tanto, desatendieron la prudencia fiscal y monetaria. La política económica quedó en manos de políticos que prometieron un oasis de gasto y consumo no sustentables a largo plazo y sin financiamiento.
Curiosamente, Fernández terminó su mandato con una inflación acumulada en noviembre de 931%. Tocó ese fenomenal número pese a que su gestión económica –la de Martín Guzmán, Sergio Massa y Cristina Kirchner– mantuvo precios y tarifas pisados y dólar atrasado. Pero, además, sumó emisión monetaria récord y déficit descontrolado, según rememoró el economista Salvador Vitelli. El peso, así, murió. Tanto es así que Javier Milei se convirtió en presidente prometiendo su reemplazo por el dólar.
La inflación es la primera preocupación de los argentinos en todas las encuestas de opinión. Y es muy claro el porqué. En los últimos seis años, los ingresos de los ocupados cayeron 25% -tres de cada diez son pobres-, el empleo se precarizó y la pobreza terminó 2023 cerca de 45%, con seis de cada diez chicos sin acceder a una canasta básica. “Es el ajuste más salvaje y extendido en el tiempo de la historia”, caracterizó un especialista en números sociales que sigue muy de cerca el devenir actual.
Una historia reciente
Para el kirchnerismo, la inflación siempre fue el otro. El único reflejo de esa facción que gobernó al país en los últimos años fue hallar culpables (principalmente supermercados y empresas de alimentos y consumo) y patotearlos en la escena pública. De allí surgen las campañas publicitarias luego de programas que actúan sobre las consecuencias, no sobre las causas. Los controles fueron paliativos marketineros para una inflación que siempre tendió a ir creciendo mientras, a la vez, se consumían stocks bajo la bandera de una inclusión social. Inclusión “a medias”, ya que los nuevos derechos son siempre licuados con altos precios.
Desde esas tribunas, negaron siempre que el déficit fiscal y la emisión monetaria fueran responsables de la inflación. Se usaron comparaciones con países con cuentas en rojo, pero con cero defaults en su haber y, por lo tanto, con financiamiento en los mercados. Hubo otras opciones K, como truchar las estadísticas oficiales, pero se abandonaron tras el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Tenían mala fama.
El macrismo la canchereó. El gradualismo chocó con un límite de endeudamiento cuando cambió el clima financiero global, hubo falta de coordinación que desgastó la credibilidad en los mercados y, claro, los muros de contención social de las fuerzas liberales son siempre muchos más bajos que los del peronismo.
“La inflación no se resolvió por inconsistencias macro. Lo monetario, la tasa, fue más rápido que lo fiscal, el ajuste. Esto llevó a una apreciación cambiaria que dejó el esquema expuesto a un corte abrupto del crédito externo”, rememoró un exministro. “Esto nos dejó expuestos a la tormenta externa”, agregó.
Muchos todavía recuerdan la incomodidad del ahora estelar Federico Sturzenegger ese 28 de diciembre de 2017 sentado en una mesa con Nicolás Dujovne, Marcos Peña y el ahora ministro de Economía, Luis Caputo. Entonces, fue la política, no el Banco Central, la que hizo el anuncio –de la mano del entonces jefe de Gabinete– de que la inflación sería mayor a la pronosticada por la entidad monetaria. Esa presentación destruyó las expectativas del sector privado, que se arremolinaron con una reversión de los flujos de capital y una sequía (fue significativa, pero menor a la que le tocó sufrir a Massa durante el año pasado).
“La inflación a fines de 2017 estaba derrotada. Iba a ser 14% en 2018. Pero, al atacar al Central, ese proceso se descarriló. El gradualismo fiscal igual generó una insustentabilidad (sic) que fue lo que lo hundió. El problema de 2018 fue fiscal, no del Central. La entidad tenía US$40.000 millones de reservas”, rememora alguien que se sentó en aquella simbólica mesa del llamado 28D, el principio del fin.
Y volvió el Fondo Monetario Internacional (FMI), el elixir para las fuerzas que aman buscar “enemigos” en el exterior. Pero, el problema, como dice un curtido periodista económico es otro: “Somos nosotros”.
Por qué no se puede vencer
¿Por qué la Argentina no puede con la inflación? “Sencillo. Porque nunca atacamos el problema de fondo, que es el déficit fiscal”, responde uno de los economistas más escuchados de la City porteña. Desde 1961, la Argentina sólo tuvo seis años con superávit (de 2003 a 2008), según datos del Ministerio de Economía. El gasto público consolidado, que en 2002 era 29,1% del PBI, en 2015 llegó a 46,3%. Solo el nacional, por caso, pasó de 15% en 2022 a 25,9% en 2015, y a 22,9% en 2023. “Cuidado que la reducción del déficit de Massa es sólo el resultado de la aceleración de la inflación”, advirtió el economista Fernando Marengo.
La “maquinita” fue la solución para solventar la fiesta de la política, casi siempre electoral. Según números de Jorge Vasconcelos, economista del Ieral, la expansión monetaria en 2023, a través de asistencia directa al Tesoro, compra de títulos en el mercado secundario y títulos públicos elegibles para encaje bancario, fue de 4,3% del PBI en 2023. Ese porcentaje es sólo superado por el 7,5% de emisión récord en medio de la pandemia de coronavirus en 2020 con Martín Guzmán en el timón económico.
Los economistas coinciden, en general, en que el mal manejo macroeconómico es la clave central para explicar el origen de la inflación. Pero algunos suman el matiz criollo que complica la escena: una fina coordinación, hoy inexistente, entre la necesidad de los complejos del agro e industriales de un tipo de cambio alto –más devaluación– para poder exportar que choca de frente con una presión distributiva diferente a los otros países de la región impulsada por la clase media y los sindicatos que los gobiernos atenúan con atraso cambiario. Se trata de un péndulo que se mueve entre años pares de ajuste y salto del dólar, y los electorales, con tipos de cambio atrasado y brechas. Ese movimiento cíclico destruye la moneda.
Como corolario de un karma que lleva años, a una dinámica de precios tóxica, se suma que el país arrastra un costo argentino –nivel de precios– superior al de otros países por la baja inversión en infraestructura y una elevada presión impositiva como contracara del aumento del gasto público. Es la pintura de un país cerrado al mundo, sin competencia, y con exceso de regulaciones, que conspira contra el consumidor.
¿A qué apuesta Milei? Déficit cero en 2024. El ajuste se hará con baja de gasto –y licuación, como siempre– y con suma de ingresos. La recesión hará parte del trabajo sucio tras el sinceramiento de precios, lo que servirá no sólo para evitar futuras expectativas de devaluación, sino para que el precio vuelva a ser la información más valiosa para el mercado a la hora de tomar decisiones, sea consumir o invertir.
Ese sinceramiento tiene costos reales para una sociedad fatigada a la hora de ajustarse el cinturón: entre el 7 de diciembre y el 9 de enero, el dólar tarjeta (al que accede el ciudadano común) subió 30,7%; el oficial (la referencia para contratos), 123,5%; la nafta, 115%; el kilo de asado, 44,7%, el litro de leche, 50,3%; el kilo de yerba, 19,8%; la Coca-Cola, 104%; el kilo de harina; 67,8%, el colectivo y el tren, 45% y el subte, 37,5%. Vale recordar que la nominalidad ya crecía, y el empleo y el consumo caen desde octubre y noviembre.
Hay algo novedoso en el espíritu de época. El país eligió a un Presidente que prometió eliminar el déficit, limitar la emisión (”volando” el Banco Central y dolarizando), corregir precios relativos, estabilizar el tipo de cambio y hacer reformas estructurales. Pero es preciso eliminar tres ilusiones: nadie soluciona un problema sin pagar costos (si no, no sería un problema); los “brotes verdes” no se verán en el corto plazo; y la factura no la pagará “la casta”. El ejemplo más claro de esto último son aquellos privilegiados que prometían llenar las parrillas de todos los argentinos de asado barato, como Alberto Fernández, y que eligieron empezar el año cenando por unos 600 euros en el Four Seasons de Madrid.
