Tres integrantes de la agrupación Revolución Federal fueron detenidos este jueves en una causa que investiga los delitos de incitación a la violencia y apología, con el agravante de la discriminación, confirmaron a Infobae fuentes del caso. Los procedimientos se realizaron esta mañana en el marco de once allanamientos. Era posible que en las próximas horas hubiera más detenciones. Es la causa en la que había aceptada esta semana como querellante la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Los detenidos son Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra. Morel fue detenido en su casa en Munro. A Sosa lo arrestaron también en su domicilio en Villa Ballaester. Guerra quedó arrestado en Moreno. Los procedimientos fueron realizados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la Capital Federal y el conurbano, por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. El fiscal Gerardo Pollicita le había solicitado una serie de medidas en las últimas horas. Es que la causa se estaba trabajando bajo secreto de sumario en los últimas semanas recolectando información.
Las detenciones no fueron los únicos procedimientos. Hubo allanamientos que incluyeron la sede de la firma Caputo Hermanos, en la avenida Santa Fe al 1300. Esa empresa que pertenece a los hermanos del ex ministro macrista Luis Caputo aparecía haciéndole transferencias de dinero a través de fideicomiso a Morel y sus allegados. La empresa se presentó ayer en la causa para explicar que eran trabajos de carpintería, según adelantó Infobae.
La agrupación Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte, señalada como coautora del intento de homicidio, participó de una marcha de antorchas en la Casa Rosada el 18 de agosto frente a la Casa Rosada. Allí las consignas eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”. Los integrantes de la agrupación dijeron publicamente que no conocían a Brenda.
Cuando ya había ocurrido el 1° de septiembre el intento de homicidio de CFK en la puerta de su casa, a través de un mail del Ministerio de Seguridad entró a Comodoro Py una denuncia de una persona llamada Luca Morales quien hizo saber que en las redes sociales estaba circulando un perfil que con sus manifestaciones atentaría contra la democracia e incitaría al odio y la violencia política de forma directa contra el Presidente y la Vicepresidenta.
La cuenta de Instagram era “@revolucionfederal”. Allí decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”. Aparecían además los datos de una cuenta bancaria a nombre de Leonardo Franco Sosa para realizar “donaciones”.
El juez Martínez De Giorgi, que recibió la causa por sorteo, le preguntó a la jueza María Eugenia Capuchetti si el grupo Revolución Federal estaba siendo investigada en el atentado a Cristina Kirchner. La jueza le dijo que no. Allí también le remitió una presentación que había hecho la Agencia Federal de Inteligencia el 14 de septiembre.
Marcha de las Antorchas (Fuente: Facebook Revolución Federal)
La AFI reportó allí una charla de casi dos horas de duración, publicada el 26/8/22 —una semana antes del atentado— en la red social Twitter, en un espacio que habría sido creado por la agrupación Revolución Federal, titulada “¿Hay que pudrirla?”, en donde conversan los referentes Jonathan Morel y Franco Castelli. Allí uno de los participantes habla de una mecánica parecida a la que habrían llevado adelante Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó contra CFK, y su novia. Dicen: “Hoy, por ejemplo, veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque, si no, ¿sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje? Pero yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia”.
En otro diálogo uno le pregunta al otro si vivía cerca de la casa de Máximo Kirchner, en Santa Cruz, y al recibir una respuesta positiva, le retruca: “¿Cómo no lo mataste, boludo?”. Y sobre Alberto Fernández, afirman: ” No lo escucho porque me violenta, encima, viejo hijo de puta, viaja en helicóptero, porque si viajara en auto te juro que me planto en cualquier lado, que me pise, pero se lo abollo todo y se lo cago tanto a patadas…se lo prendo fuego, hijo de puta, viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo”.
Con el análisis de las primeras actuaciones, el fiscal Pollicita opinó que la denuncia contra Revolución Federal debía investigarse en conjunto con el atentado a CFK. Martínez De Giorgi coincidió. Pero tanto Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo entendieron que ellos no tenían elementos para ligar a esa agrupación a la investigación al intento de homicidio. Promovieron que se llevara adelante las primeras diligencias en otro juzgado y, de encontrarse elementos, se las remitieran. El juez Mariano Llorens, desde la Cámara Federal, estuvo de acuerdo.
Comodoro Py 2002
En ese contexto es que Pollicita promovió el secreto de sumario y pidió distintas medidas de prueba que hoy se conocen con las detenciones.
El lunes pasado, Cristina Kirchner, a través de sus abogados Juan Ubeira y Marcos Aldazabal, pidió ser querellante en esta investigación. El juez Martinez De Giorgi la aceptó al día siguiente. La causa sigue en secreto de sumario.
Morel es el que más exposición pública tuvo cuando comenzó a hablarse de esta causa. Gastón Guerra, en tanto, tuvo participación el 3 de agosto, en el contexto de la asunción en el cargo de Ministro de Economía de Sergio Massa, fue detenido por golpear la camioneta en la que el funcionario se trasladaba. Su abogada es Gladys Egui, representante también de uno de los líderes del movimiento, Leonardo Sosa.
Precisamente el 23 de agosto, antes del ataque a Cristina Kirchner, Leonardo Sosa fue detenido por un hecho de resistencia a la autoridad acontecido en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta. Habría intentado arrojar una valla hacia el edificio en cuestión y se habría secuestrado una bomba molotov en la mochila que portaba. Ese episodio está siendo investigado por el juez Ariel Lijo.
