Mientras el Frente de Todos apunta a recomponer los lazos con distintos sectores de la oposición, un puñado de diputados oficialistas trabaja en un proyecto de ley para penar a los jueces del lawfare con prisión. Es una iniciativa de Gisela Marziotta que avala el massista Ramiro Gutiérrez, presidente de la comisión de Legislación Penal.
Analizan una pena de 6 a 10 años para los magistrados que “cercenen los derechos políticos de otra persona”, detalló un diputado que trabaja en la redacción del proyecto. Para Marziotta el lawfare “llegó para quedarse” y eso los “hizo pensar en ver qué pasa con nuestra legislación”.
El lawfare no está contemplado en el funcionamiento de poderes, hay un vacío legal”, sumó la diputada por la Ciudad. “Pensamos que sea un delito, que se penalice. Un juez que comete prevaricato solo se le cobra una multa, y se lo inhabilita de por vida. Pero poner en juego la libertad de una persona es más grave que eso. Nuestro Código penal dice que solo hay que poner una multa”, explicó.
El kirchnerismo se entusiasma con presentar la primera ley en América Latina que reconozca al lawfare como delito. Así quieren definir a está práctica de la siguiente forma: “Cuando se utiliza el poder judicial de un magistrado en forma maliciosa para afectar los derechos políticos de los demás ciudadanos, de forma definitiva y transitoria”.
Más allá del entusiasmo que genera esto, en el Frente de Todos reconocen que esta ley no se va a aprobar. Son minoría en una cámara que le es muy hostil a las reformas judiciales que plantea el kirchnerismo.
El kirchnerismo se entusiasma con presentar la primera ley en América Latina que reconozca al lawfare como delito
“Igualmente vamos a plantear el debate porque hay un vacío legal”, reconoció un legislador interesado en el proyecto. Para Marziotta, en cambio, esta iniciativa se da en “un escenario propicio” y descarta que Cristina Kirchner tenga algo que ver con esto: “No tiene nada que ver con si nos gusta o no ella”. Son las elecciones las que definen a los políticos, en la democracia, a través de las urnas, no el partido judicial”.
“Siempre es bueno que las leyes se ajusten a la realidad, no se puede especular con eso”, afirmó. “Soy diputada nacional, somos más de 40 millones de argentinos. Somos muy poquitos que tenemos la suerte de tomar las agendas que se imponen y de cuidar básicamente al pueblo”, remarcó.
Una audiencia para definir el proyecto
El jueves en el Anexo C Marziotta encabezó junto con Gutierrez, la secretaria parlamentaria del oficialismo, Paula Penacca, una audiencia para avanzar en el proyecto. A distancia por un viaje a Chaco participó el jefe del bloque Frente de Todos, Germán Martínez.
En el encuentro se planteó la posibilidad de modificar del artículo 269 al 273 para definir al lawfare como el accionar para castigar a los jueces que actúen “de forma maliciosa y distorsionan los hechos del proceso para afectar los derechos políticos”. El encuentro contó con la participación de los constitucionalistas Eduardo Barcesat y Alejandro Alagia, entre otros referentes académicos.
Allí plantearon la importancia para América Latina en avanzar en esta legislación y la necesidad de seguir analizando el tema y presentar un proyecto de ley en las próximas semanas.
