Con el radicalismo como punta de lanza, la oposición desafía al Gobierno y apura el debate en la Cámara de Diputados de una nueva ley de movilidad jubilatoria. Con críticas al oficialismo, que busca estirar los tiempos hasta que el Poder Ejecutivo envíe su propuesta –que aún no tiene fecha de ingreso– los diputados opositores de la Comisión de Previsión y Seguridad Social decidieron fijar como plazo para un dictamen la tercera semana de abril.
“Debemos dar una respuesta urgente porque la sociedad lo está exigiendo y los jubilados y pensionados así lo necesitan”, justificó la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Brouwer de Koenig, en el arranque del debate. Anticipó que invitarán para los primeros días del mes próximo a funcionarios del Ministerio de Economía y de la Anses aun si el Poder Ejecutivo no ha enviado para entonces su propuesta de fórmula.
Los libertarios presentes en la comisión no reaccionaron frente a la avanzada opositora. A los pocos minutos se retiraron. Ni siquiera los diputados de Pro, sus aliados, pudieron justificar la actitud del presidente de la Comisión de Presupuesto, el flamante libertario José Luis Espert quien, en línea con la estrategia de Economía de demorar la nueva norma, decidió no convocar a su comisión para discutir este tema de manera conjunta con la de Previsión. Al no hacerlo, la firma del dictamen se retrasa y, por consiguiente, su tratamiento en el recinto.
La dilación de los tiempos por parte del Poder Ejecutivo se explica en función del afán del Ministerio de Economía por mantener el equilibrio en las cuentas fiscales. Las propuestas opositoras coinciden, con matices, en impulsar una nueva fórmula de actualización de los haberes atada al índice de precios al consumidor (IPC) con una compensación por la caída que sufrieron los ingresos por el fogonazo inflacionario del primer mes del año. El ministro de Economía, Luis Caputo, vetó esta posibilidad.
Aliado al Gobierno en esta pulseada, Espert estira los tiempos y avisó que recién después de Semana Santa convocará a la Comisión de Presupuesto. Los opositores lo fustigaron. “A este ritmo recién en junio tendríamos aprobada la nueva fórmula”, advirtió el diputado Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, quien no se privó de chicanear al oficialismo. “Dice que la casta tiene que trabajar: nosotros estamos aquí, Espert no, quizá ahora forma parte de la casta o estará muy ocupado en los canales de televisión proponiendo rebeliones fiscales y no está donde tiene que estar”, ironizó.
Desde Pro, María Eugenia Vidal no dejó pasar las palabras de Palazzo y le recordó al kirchnerismo que con la fórmula de movilidad vigente, sancionada durante el anterior gobierno –que combina la variación salarial y la recaudación de la Anses– los ingresos de jubilados y pensionados perdieron un 46% de poder adquisitivo. “Estamos frente a dos urgencias: la de los jubilados y la de un déficit fiscal y cuasifiscal, que en diciembre de 2023 terminó en 15 puntos. Y que es el origen de la inflación que estamos viviendo”, acicateó.
“No hay otro camino que ordenar las cuentas, pero al mismo tiempo estamos frente al problema de 7 millones de jubilados y pensionados que están en un atraso evidente frente a la inflación acumulada”, enfatizó la legisladora, quien propone actualizar mensualmente los ingresos jubilatorios con el índice de precios al consumidor que publica el INDEC, con una compensación por la inflación de enero del 20,6%. Además, propone un adicional anual en marzo de 30% entre la variación entre la variación salarial y el IPC.
“Porque si hay una deflación y hay crecimiento, esto permitiría que los ingresos jubilatorios no queden tan atrás”, sostuvo.
La compensación por la inflación de enero –que hasta ahora no fue contemplada en la actualización de los haberes– es el principal foco de conflicto entre el Gobierno y las propuestas opositoras. Según trascendió de la nueva “Ley de Bases” que se enviará al Congreso –en la que estaría incluido el capítulo previsional-, Economía propone una compensación de 10 puntos, es decir, solo la mitad de la inflación registrada en el primer mes del año.
“Una compensación que, por supuesto, no alcanza”, enfatizó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno pretenda finiquitar la cuestión con un decreto de necesidad y urgencia.
“No podemos dejar pasar por alto que hoy los jubilados son o vienen siendo los más perjudicados por el proceso de alta inflación que tenemos en la Argentina, que se ha acelerado con la devaluación de diciembre pasado, que en marzo del 2023 el haber mínimo que tenían los jubilados superaba en un 20% lo que era la canasta básica total, y hoy con bono o sin bono, está entre un 10% y un 15% por debajo de la línea de pobreza”, advirtió.
En nombre de Unión por la Patria, la diputada Gisela Marziotta explicó su propuesta que, básicamente, preserva la actual fórmula de actualización –que combina la variación del índice salarial y la recaudación de la Anses–, pero contempla que si esta arroja un valor menor al índice de inflación, se aplique de manera automática (a manera de cláusula gatillo) el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec.
“De esta manera se garantizaría que la actualización de los haberes nunca quede por debajo de la inflación”, explicó la legisladora.
