Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
En la semana que pasó para no volver jamás, continúan las repercusiones acerca del escándalo desatado por la firma de un contrato millonario entre el Municipio capitalino y la empresa Tecno Agro Vial U.T.E., una firma floja de papeles, floja de idoneidad, floja de legalidad y, por sobre todo, hasta floja de tener que pagar por la concesión que le otorgó el mismísimo intendente de San Miguel de Tucumán.
En primer lugar, Tucumán Despierta mostró en exclusiva lo que terminaría siendo una bomba que cayó sobre la política local, estallando de lleno en las huestes del alfarismo que todavía no sale del shock. En ese sentido, lo evidenciado desde este medio fue un contrato que está viciado de nulidad desde su nacimiento, debido a que la empresa lleva concursada desde el 2002 y recién en marzo del 2022 le levantaron el concurso.
Sin embargo, el contrato firmado con la municipalidad es del 28 de julio del 2021, por lo tanto, se encontraría viciado de nulidad. De más está decir que al presentarse una empresa concursada, la misma de ninguna manera tendría que haber participado siquiera, muchísimo menos obtener la concesión. Además, la municipalidad sabe esto y de ninguna forma puede alegar no haber sabido que se encontraba concursada.
Esto significa que la municipalidad podrá rescindir el contrato sin pagar absolutamente nada, sin embargo, no lo hace. Esto es un contrato claramente leonino donde hay una parte claramente beneficiada sin tener que realizar ninguna prestación, porque no cuenta con las herramientas suficientes. Por alguna razón, hay la intención de regalarle la recaudación de las calles tucumanas, a una empresa que ni siquiera es de Tucumán y que no da trabajo en la provincia, al menos, comparado con el contrato millonario firmado.
En ese sentido, la lógica sería que tenemos una empresa que habría estafado al municipio de San Miguel de Tucumán, por lo que el intendente tendría que salir a defender a los vecinos, rescindir el contrato y hacerle un juicio a la empresa. No obstante, esto no pasó porque la estafa no es algo que sorprendió al alfarismo, sino que, por el contrario, es algo que pareciera premeditado de parte de la Intendencia.
Ahora bien, esto es así debido a que, como informó en exclusiva Tucumán Despierta, habría existido una maniobra en la que habrían incurrido desde la dirección de Rentas en connivencia con el alfarismo. Se trata de un accionar vergonzoso y que sería una verdadera estafa a causa del grave perjuicio que le habría causado al erario público por medio del pago del llamado Impuesto a los Sellos.
Lo que habría cobrado Rentas de la provincia por la firma de un contrato multimillonario por unos 10 años, es una cifra irrisoria considerando los millones de pesos que ganará esta empresa con este negocio. Y es que cobró apenas unos $724 con fecha de otorgamiento el pasado 4 de noviembre del año pasado. El problema es que lo que corresponde cobrar se da en función de los años que supone el contrato, cuyo monto total sumado el sellado ronda del 1,5%.
Al respecto, cabe aclarar que cuando los contratos no tienen montos establecidos de ante mano, lo que se hace desde Rentas es hacer el cálculo mediante el sistema que tiene para acercarse de forma estimativa a la cifra para generar cuánto es el costo del sellado. Sólo alcanza con imaginar que en esta situación puntual tenemos miles de millones de pesos que es la verdadera cifra con la que se habría estafado al erario público de Tucumán, es decir, una estafa de varios millones.
En definitiva, de lo que se trata aquí, es que la empresa que contrató Germán Alfaro implicaría una supuesta connivencia con la dirección de Rentas de la provincia. De lo contrario, la realidad indica que no se entiende cómo pagó ese monto exiguo por el sellado de este contrato millonario. Esta situación es todavía más indignante cuando se tiene en cuenta la hipócrita doble moral.
Como si esto fuera poco, sobre llovido mojado para el alfarismo a causa de que la empresa a la que benefició, se encuentra tan floja de papeles que “armó”, entre gallos y medianoche aquí en Tucumán, una especie de empresa fantasma sin ningún tipo de experiencia ni idoneidad alguna en materia de estacionamientos. En ese marco, se produce una vez más, un hecho habitual de parte del alfarismo.
Y es que después que este medio hizo públicas las pruebas de esta serie de fechorías, el intendente Germán Alfaro está callado. Cuando tendría que mínimamente salir a decirle a los vecinos como pasó esto. Ahora bien, cabe preguntarse entonces ¿Por qué no sale a dar explicaciones después de las graves irregularidades que salieron a la luz en exclusiva por parte de la información dada a conocer por Tucumán Despierta?
Es la pregunta que la clase dirigente y la sociedad viralizó durante la semana que se marchó para jamás volver. Y la respuesta que puede aventurarse pasa por el hecho de que Germán Alfaro teme exponerse a lo que podría significar una espada de Damocles sobre su estrellada e incompetente administración municipal. Es decir, nada menos que la propia ley orgánica de municipalidades 5529.
Esto se debe a que, en su Artículo 43 la ley orgánica de municipalidades 5529 señala que “el Concejo Deliberante de la capital puede remover al Intendente Municipal por mala conducta, por negligencia grave en cumplimiento de sus deberes, siendo necesaria para la destitución concurrencia de dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros. Iniciada la acusación podrá suspender al acusado por el mismo número de votos”.
Además, deja en claro que “el Intendente Municipal tiene derecho a ser oído en sesión, constituyendo éste un requisito previo a la resolución de su destitución por parte del concejo y no podrá ser suspendido por más de dos (2) meses”. Es por ello que cabe preguntarse acerca de si esto no constituye una falta grave, entonces ¿Cuál sería? ¿Qué más tiene que ocurrir para que se juzgue como lo que fue este latrocinio?
Tal parece que entregar las calles de la ciudad a una empresa que no cumple con las normas, no alcanza. Parece que tampoco sería grave la entrega de gran parte de la recaudación de los tucumanos en la ciudad a quienes falsearon incluso hasta su propio domicilio. Parece que no es gravísimo accionar junto con autoridades de Rentas para darle vía libre a Tecno Agro Vial U.T.E., y que está “empresa” abone la insignificante cifra de $724 por un jugoso contrato de 10 años.
En definitiva, en la semana que pasó para jamás retornar, no debería entonces llamar la atención el ocultamiento de Germán Alfaro. Y es que se trata de un hecho harto conocido de parte del intendente el borrarse en las malas y no dar ningún tipo de explicación. ¿Cómo no iba a estar destruida la capital si tiene un intendente que no gobierna, un estacionamiento que no mide, a cargo de una empresa que no existe y un Concejo Deliberante que no controla?
Regalar las calles capitalinas, estafar a la sociedad con una concesión viciada desde el comienzo, incumplir la ley dejando participar a una empresa floja de papeles, vaciando al erario público de ingresos en connivencia con Rentas, todo esto no pareciera ser suficiente para el Concejo Deliberante a la hora de investigar a Alfaro. Y es que decidió no hacerlo mientras le da vía libre al intendente para que emule al avestruz y se esconda mientras espera que cese el escándalo.
