“Es falsa toda la denuncia de la doctora Carolina Ballesteros”, se defiende el abogado Juan Andrés Robles. El letrado, que se encuentra fuera del país, se contactó ayer con LA GACETA para desmentir las afirmaciones de la jueza penal de la V Nominación. Ella manifestó a este diario, en respuesta a una denuncia en su contra formulada por el ex fiscal Anticorrupción Esteban Jerez, que esa presentación era una represalia por su desempeño como magistrada y que había “sufrido un apriete” de Robles.
El letrado puso en duda la estabilidad emocional de Ballesteros y pidió que sea investigada.
Denuncia y reacción
Como se informó en la edición de ayer, Jerez denunció a la magistrada por presunto fraude procesal y administrativo ante la Corte Suprema de Tucumán, a la que pidió que solicite la remoción de Ballesteros a través del juicio político. En 2015, cuando era defensora oficial en el Centro Judicial de Concepción, la profesional sufrió un accidente de tránsito yendo a su trabajo. La ART de la Caja Popular de Ahorros la indemnizó con $ 1,1 millón en concepto de que el siniestro le produjo una incapacidad laboral permanente del 14,47%. Pero Jerez plantea que en diciembre pasado, Ballesteros interpuso una demanda contra PopulArt para reclamar $ 8,4 millones y que, en el expediente, presenta el certificado de una psiquiatra según el cual la magistrada “presenta una incapacidad de orden mental del 45% parcial y crónica”. El ex legislador argumenta, por un lado, que corresponde destituir a la jueza por la condición que ella aduce padecer. Por otra parte, sostiene que Ballesteros, pese a las secuelas que aduce sufrir, siguió concursando para cubrir vacantes judiciales; y que nunca informó a los poderes del Estado sobre su estado cuando fue seleccionada para desempeñarse como jueza penal.
Consultada por este diario, la magistrada penal contestó que su reclamo es por el estrés postraumático y las lesiones físicas que le dejó el accidente, las cuales no tienen que ver con su desempeño profesional. Luego sostuvo que Jerez y Robles tienen “una íntima vinculación” y, en particular, sostuvo que Robles se presentó en su despacho “a decirme que si yo no aceptaba una suspensión de plazos en el juicio que inicié en Concepción” contra la ART del Estado, “iba a tener problemas políticos (…). Incluso, Robles me amenaza con Edmundo Jiménez (ministro fiscal). Y en la causa ‘Mamaní’, Robles aparece como apoderado de una parte y Jerez como apoderado de la otra”.
Respuesta
“Las elucubraciones de Ballesteros hablan de una persona que evidentemente ha perdido su conexión con la realidad”, afirmó Robles. Precisamente, él es uno de los abogados de Roxana Tévez, que denunció la existencia de una presunta asociación ilícita en el Poder Judicial a la que atribuyeron la supuesta comisión de diversos delitos dirigidos a tomar control del patrimonio de más de $ 20 millones que había pertenecido a Augusto Severini, ex pareja de Tévez. Uno de los involucrados en esa denuncia, precisamente, es Jiménez. “A partir de esta denuncia, jamás podría haberla amenazado con el ministro fiscal”, puntualizó Robles.
Robles también negó enfáticamente tener relación de ninguna clase con Jerez. Planteó que, justamente, en la causa ‘Mamaní’ (un pleito por la tenencia de 350 hectáreas en San Pedro del Colalao), él patrocina a quienes están enfrentados con el particular al que defiende el ex fiscal Anticorrupción. “A Jerez lo conozco sólo de vista. Jamás trabajamos juntos. Y si Ballesteros dice que ‘tenemos una íntima vinculación’ y ella no lo denunció en la causa ‘Mamaní’, sería una grave falta por parte de la magistrada”, contrastó.
Por todo ello, Robles sostiene que la denuncia del presunto apriete que Ballesteros formula en su contra no sólo es falsa, sino que, además, “es una excusa para salir de la grave situación en la que ahora se encuentra debido a las pruebas aportadas por Jerez en su contra. Si esto hubiera ocurrido, la magistrada debería haber efectuado esta denuncia el mismo día en que el hecho se produjo. Pero no hubo ningún apriete. Jamás. Por eso, nunca antes hizo denuncia alguna”, subrayó el letrado.
Robles explicó, en contraste, que él sí tenía una relación de amistad con la magistrada. “La doctora Ballesteros me pidió asesoramientos como amigo, y de carácter profesional, respecto del juicio que ella inició en contra de la ART de la Caja Popular de Ahorros. Si ella me releva del secreto profesional, podré expresarlo a la prensa en detalle”, manifestó.
“Todas estas Incoherencias solamente me hacen pensar que esta jueza tiene graves desórdenes mentales, tal como fuera acreditado por su propia psiquiatra, y que no puede ejercer la judicatura por expreso mandato legal. Si tras el caso de Walter Ojeda Ávila (es el abogado seleccionado como juez interino que desistió de su designación cuando se conoció que había presentado documentación falsa), las instituciones involucradas en la selección tomaron recaudos para que no se repita otro caso de certificación académica que no es veraz, me parece que el caso de una jueza que presenta ella misma una certificación psiquiátrica que da cuenta de una incapacidad del orden mental del 45% amerita una investigación”, concluyó.
