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El arresto domiciliario de Armando Zarlenga fue prorrogado por unos tres meses

El ex golfista continuará detenido en su domicilio, mientras tanto se espera que se defina la fecha del juicio oral y público en su contra.

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Ayer viernes al mediodía se llevó a cabo una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas, al mando de Pedro Gallo, con el objetivo de requerir que se extienda por tres meses la prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica, que viene cumpliendo desde comienzos de mayo de este año José Armando Zarlenga (32).

El ex golfista está acusado de atropellar con su camioneta BMW X3 a Maximiliano Joaquín Saldaño (24) y Joaquín Morales Frank Colombres (22), quienes se conducían a bordo de una motocicleta Motomel DLX. Los jóvenes perdieron la vida en el acto. Ocurrió durante la madrugada del último 25 de abril, sobre la avenida Mate de Luna al 2600, San Miguel de Tucumán.

Asistencia Pública

“Hasta la fecha, la defensa no ha aportado nuevos elementos que neutralicen los riesgos procesales oportunamente dispuestos y que continúan latentes: el peligro de fuga”, manifestó el auxiliar de fiscal Gustavo Benjamín Zavalía, quien procedió a recordar que hace una semana la causa fue elevada a juicio oral y público, y se aguarda por la fijación de una fecha para el debate.

Movilidad

El juez decidió aceptar todo lo solicitado por el MPF, de manera que Zarlenga continuará con arresto domiciliario al menos por tres meses más. Por su parte, la defensa hizo reserva para apelar dicha resolución. En cuanto a la calificación y expectativa de pena, al imputado se le atribuye el delito calificado como homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

El cual está triplemente agravado por la pluralidad de víctimas, por nivel de alcoholemia superior a 1 gr. por litro de sangre y por exceso de velocidad de más de 30 km. por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho. Asimismo, desde la Fiscalía pretenden que se imponga la pena de cinco años de prisión efectiva e inhabilitación especial de diez años para la conducción de vehículos.

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