En medio de la tormenta, Cristina Kirchner se quedó sin puerto donde encontrar abrigo. Es el peor escenario para ella. Al tiempo que el poder político se le escurre, se agravó ayer lunes su situación judicial y la de su hijo Máximo Kirchner, ya que la Justicia revocó su sobreseimiento y decidió juzgarlos por lavado de dinero en el caso Hotesur-Los Sauces. Anuló también el fallo que la había beneficiado en el caso por la firma del Memorándum con Irán.
Estos problemas judiciales estaban contenidos desde hace poco más de un año y de pronto estallaron en pleno proceso electoral, cuando es evidente el desgaste del kirchnerismo como dispositivo capaz de retener poder. La derrota de Jorge Capitanich en el Chaco es solo un ejemplo de ese proceso en marcha. La incapacidad de sesionar en el Senado, donde Cristina Kirchner es la presidenta, y la imposibilidad de conseguir quorum es otra evidencia del mismo desgaste.
Cristina Kirchner ya fue condenada el año pasado a 6 años de prisión por fraude a la administración pública en la causa Vialidad, es decir por favorecer con licitaciones al empresario Lázaro Báez y convertirlo en millonario. Ahora la Justicia reabrió el caso complementario, Hotesur-Los Sauce, donde se investiga cómo una parte del dinero estatal que recibió Báez pasó a manos de las empresas hoteleras de la familia Kirchner, en una presunta maniobra de lavado que involucra a Máximo Kirchner, que era su accionista.
Los jueces de Casación, además, apartaron a los jueces que sobreseyeron sin juicio a la vicepresidenta. Es una medida que se toma cuando un magistrado adelanta opinión sobre el fondo del juicio. Hotesur y Los Sauces se centra en la corrupción en el corazón del poder. En el caso del pacto con Irán el eje es la geopolítica de Occidente y la muerte del fiscal Alberto Nisman, que con su denuncia inició esta causa. Para la Justicia es un asesinato impune.
Son como términos de una ecuación: cuanto mayor es el poder, menor el riesgo de terminar en prisión y a la inversa. Fue la salida de la jueza Ana María Figueroa de la Cámara de Casación la que destrabó esta sentencia. Así se entiende su resistencia a dejar el cargo a pesar de haber cumplido 75 años y no contar con acuerdo del Senado. Figueroa dijo que se iba a quedar esperando que el Senado le diera acuerdo y mientras tanto no iba a firmar fallos.
Ni siquiera este de Hotesur y Los Sauces, que se suponía era en favor de Cristina Kirchner. Sus colegas, que ya tenían los votos, estaban ante una disyuntiva: si sacaban una sentencia con dos votos o esperaban a que se solucionara la situación de Figueroa. Fue la Corte la que resolvió el problema y determinó que Figueroa había cesado como jueza desde el día en que cumplió 75 años, ya que no tenía un nuevo nombramiento. Entonces sí pudo terminar de resolverse el caso.
Cuando Cristina Kirchner convirtió a Alberto Fernández en candidato a presidente mediante un tuit le encargó solucionar sus problemas judiciales. Pero el plan fracasó. Marcela Losardo, la primera ministra de Justicia del gobierno actual, no entendía así el vínculo entre la Justicia y el poder. Con todos los puentes rotos, Fernández buscó condicionar a los jueces con la reforma de su sistema de jubilaciones y colocó a Martín Soria en el Ministerio de Justicia, un político que ni se molestó en seducir a los magistrados.
Al contrario, cuando visitó a la Corte fue para descalificarlos en la cara. Pero la Justicia se abroqueló y no dio un paso atrás. El tribunal oral llevó hasta el final el juicio contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad en plena pandemia y ahora esa sentencia está apelada en la Cámara de Casación, que analiza agravar las penas, ya que los fiscales Diego Luciani, primero, y Mario Villar, después, pidieron condenar por el delito de asociación ilícita. Esa definición se conocerá en 2024.
A estos dos juicios les espera en la lista la causa más grave contra la vicepresidenta: el caso de los cuadernos de las coimas, donde Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita. Es una de los 159 acusados, que están todos en libertad. Se los acusa de instrumentar un mecanismo de pago y cobro de sobornos para mantener contratos de obra pública. Con tantos involucrados no hay indicios de cuándo puede empezar este juicio.
La plata en efectivo era recogida por Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. Nada basta para evitar que, en la Argentina, la vicepresidenta deba enfrentar ahora dos nuevos procesos, esta vez por lavado de dinero y por encubrir a los sospechosos iraníes de volar la AMIA. Se harán cuando ya no tenga fueros que la protejan y muchos menos poder.
