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El Gobierno busca modificar las leyes de legítima defensa y endurecer las penas para organizadores de piquetes

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó detalles del paquete de leyes que Patricia Bullrich y Luis Petri enviarán al Congreso. Los ministros brindan una conferencia en Casa Rosada.

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Fuerte control policial en Puente Pueyrredón. (Foto: Leandro Heredia / TN)
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El Gobierno anunció este jueves que busca modificar las leyes de legítima defensa y endurecer las penas para quienes organicen piquetes en la vía pública. Así lo anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Los paquetes de leyes con las modificaciones serán enviados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que brindaron detalles en una conferencia de prensa que dieron este jueves desde la Casa Rosada.

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En el marco de su habitual conferencia de prensa, Adorni adelantó las leyes que se enviarán con modificaciones al Congreso para su aprobación: “Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.

Prórroga

“En Defensa, lo que van a anunciar es la ley de Seguridad Interior”, agregó Manuel Adorni sobre el anuncio que realizará el excandidato a vicepresidente este mediodía, en conjunto con la ministra de Seguridad.

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Los detalles serán dados en la conferencia de prensa que darán este jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. (Foto: REUTERS).
Los detalles serán dados en la conferencia de prensa que darán este jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. (Foto: REUTERS).Por: REUTERS

El proyecto de Ley Ómnibus que finalmente se cayó en el Congreso tenía un apartado que refería a las modificaciones que pretendía realizar el gobierno en los casos de legítima defensa.

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En aquel capítulo, se establecía que se iban a “agravar las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y se regula el derecho a la legítima defensa, brindando mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad”.

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Una de las novedades que establecía aquel proyecto es que en caso de que se probara que alguien estaba cometiendo un delito al ser herido o asesinado por su familia, ni él ni su familia -en caso de muerte- podrían iniciar acciones legales contra quien actuara en defensa propia.

“Quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”, decía en el final del artículo 344.

Luego, aquel apartado presentaba dos puntos exclusivos a las fuerzas de Seguridad. El primero dejaba en claro que no era punible quien “obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. En el segundo, se liberaba de posibles cargos a quien “obrare en virtud de obediencia debida”.

Lo cierto es que finalmente la Ley Ómnibus no prosperó y el Gobierno decidió enviar por separado las modificaciones de las leyes que pretende tanto en Seguridad Interior como en legítima defensa y en las penas para los organizadores de piquetes.

Los detalles serán dados en la conferencia de prensa que darán este jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri.

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