El proyecto de ley de emergencia en los servicios públicos energéticos llegará en los próximos días al Congreso, al tiempo en que el Gobierno se define qué va a suceder con las tarifas a partir de mayo.
Según dejan trascender fuentes oficiales, es posible que las restricciones a la circulación de personas golpeen la actividad económica y, en ese contexto, se posterguen los aumentos hasta fin de año.
No obstante, todavía no existe unanimidad en el Frente de Todos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, declaró hace una semana que habría dos subas en el año con segmentación por ingresos de los usuarios, algo que no sucedería antes de las elecciones legislativas.
En cualquier caso, en los entes reguladores venían trabajando bajo una hipótesis de incrementos de 7% a 9% final para los hogares, con una recomposición en el margen bruto de las distribuidoras.
La normativa de emergencia funcionará como un “paraguas” legal para implementar la transición tarifaria durante dos años por afuera de los marcos regulatorios tradicionales del gas y la energía eléctrica, ya que la Revisión Tarifaria Integral -RTI- de ambos sectores está suspendida.
Con dificultades para avanzar en criterios de segmentación por poder adquisitivo de la población para no violar el secreto fiscal ni el secreto bancario, en el Gobierno se proponen utilizar todas las bases de datos disponibles para establecer entre 3 y 4 categorías.
En el primer nivel, habrá un segmento que no podrá sufrir ningún alza de tarifas; o come o paga la energía. En otro, aquellos que no llegan a cubrir la Canasta Básica Total (CBT, que marca la línea de la pobreza y ronda los $ 58.000 por mes para una familia “tipo” de 4 integrantes).
Por encima, la clase media y los que cobran más de $ 150.000 mensuales, en el nivel más alto de ingresos y que son los únicos que van a pagar el Impuesto a las Ganancias.
Mientras aguardan definiciones, la demora en esta cuestión central para las cuentas públicas ya tiene un correlato en el gasto en subsidios y también sobre el empleo y las paritarias.
De acuerdo a los datos oficiales del Palacio de Hacienda, los subsidios económicos avanzaron un 86,5% nominal interanual en febrero. La asistencia a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) trepó un 62,5%, en parte por el congelamiento del precio de la energía que pagan los usuarios y también por el atraso en los pagos que tienen las distribuidoras.
Las empresas generadoras, transportistas y distribuidoras advirtieron la semana pasada en el Ministerio de Trabajo que no negociarán las paritarias de los trabajadores enrolados en Luz y Fuerza hasta que no se concrete un aumento de las tarifas.
