El Ministerio de Economía prometió a las provincias que analizará permitirle a los gobernadores que tomen préstamos de forma directa de organismos internacionales, sin mediación del Poder Ejecutivo nacional, para la realización de obra pública, aunque descartó cualquier posibilidad de que se retome el envío del fondo complementario salarial docente.
Fueron algunas de las conclusiones que se llevaron este miércoles por la tarde los ministros de economía de las provincias, que se reunieron con el secretario de Hacienda Carlos Guberman, el encargado de llevar adelante el día a día de las cuentas fiscales nacionales. Quedó para más adelante, en ese marco, la discusión sobre un mecanismo para incrementar los envíos de coparticipación a las provincias, un debate que comenzará con mayor decisión cuando los gobernadores tengan contacto directo con la Casa Rosada en las próximas horas.
Guberman recibió en el noveno piso del Palacio de Hacienda a ministros de hacienda y de finanzas de todas las jurisdicciones, entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Pasaron por el encuentro el porteño Gustavo Arengo, el bonaerense Pablo López, el santafecino Pablo Olivares, el cordobés Guillermo Acosta, el mendocino Víctor Fayad, el correntino Marcelo Rivas Piacentini, el misionero Adolfo Safrán y el santiagueño Atilio Chara, entre otros.
Consultados por Infobae tras el encuentro, un puñado de ministros aseguraron irse del Palacio de Hacienda “con gusto a poco” aunque reconocieron que el secretario de Hacienda “jugó limpio” y blanqueó qué cuestiones tienen definición concreta en la conducción económica nacional y cuáles no. La mayoría de las dos horas de reunión se consumieron con los planteos que hizo cada provincia sobre las dificultades fiscales que afrontan en un contexto de marcada poda de las transferencias no automáticas desde la Nación, que se suman a los envíos de coparticipación erosionados por la caída en la actividad económica.
Hubo, en un panorama general, tres reclamos centrales desde los enviados de los gobernadores hacia el funcionario de Luis Caputo: la renovación del Fonid, el fondo establecido por ley por el cual la Casa Rosada paga con una suma parte del salario de los docentes, que está a cargo de las provincias; los envíos para las cajas jubilatorias no transferidas a Anses (hay 13 jurisdicciones en ese estado); y el acceso de un grupo de provincias a préstamos internacionales para financiar proyectos de infraestructura.
Sobre el primer punto, los ministros provinciales se llevaron la certeza de que no habrá luz verde para transferencias de ese tipo. La ley que obligaba a la Nación a realizar esos envíos de complemento salarial a las provincias no fue renovada en 2024 y la Casa Rosada no activará una continuidad de ese fondo docente. Fue, según comentaron participantes de la reunión, la preocupación más repetida entre los enviados de los gobernadores.
Respecto a la obra pública, la Nación prácticamente congeló las transferencias de capital a las provincias y aseguró que iniciará una auditoría para conocer en qué estado se encuentran los proyectos de infraestructura en ejecución para analizar cuáles podrían continuar y cuáles no. Hace poco menos de un mes Caputo ya había anticipado a empresarios del sector que llevaría adelante esa auditoría, cuya fecha de terminación es aún imprecisa.
Como diagonal, algunas provincias llevaron como propuesta la chance de tomar, de manera directa y sin intermediación de la Casa Rosada, préstamos de organismos internacionales de crédito, como el BID, el Banco Mundial, el BIRF o la CAF, algunas de las entidades con carteras de inversión más generosas con la Argentina. Actualmente las provincias pueden tener financiamiento de ese estilo, pero la Nación tiene un rol de garante.
Un grupo de ministros planteó que aquellas que tengan cuentas fiscales ordenadas y niveles bajos de endeudamiento -en una fórmula que estará determinada por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que monitorea las finanzas provinciales- puedan tener acceso de manera directa a ese financiamiento. Tal como viene informando Infobae, en el Palacio de Hacienda tienen la idea de “reasignar” préstamos, originalmente planteados para obra pública, hacia gastos sociales.
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