El Gobierno formalizará esta semana la quita de los intermediarios de los planes sociales con la disolución de las Unidades de Gestión, que, según fuentes oficiales, costaban al Estado alrededor de 34 millones de dólares al año. Las unidades se encargaban hasta ahora de controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir el plan.
La decisión sobre la desarticulación del Potenciar Trabajo y sus consecuencias en las unidades de gestión, se sumó a los reclamos previos que mantienen a los movimientos sociales en estado de alerta. Las organizaciones podría definir mañana una serie de protestas para reclamar por la falta de alimentos en los comedores, pero también por los cambios en los planes.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei se refirió a la figura de los intermediarios en el área social. “Respecto a la asistencia social, nos comprometimos a terminar de una vez y para siempre con el negocio de los gerentes de la pobreza, que usan la intermediación de planes como mecanismo recaudatorio y como recurso extorsivo para manipular a los que menos tienen”, dijo el jefe del Estado. Luego aludió a las más de 50 mil bajas que se dieron desde diciembre por distintas irregularidades.
En la decisión del Poder Ejecutivo de disolver los Potenciar Trabajo, las mayores críticas de fuentes oficiales estuvieron orientadas hacia las unidades, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios. “Lejos de constituirse como un instrumento de inclusión efectiva, el Plan Potenciar ha evidenciado serias falencias estructurales que han limitado su alcance y efectividad”, sostienen fuentes del ministerio de Capital Humano al explicar su decisión de eliminar las unidades.
“Las unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan “gerentes de la pobreza”, controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”, dicen en el ministerio que encabeza Sandra Pettovello.
En esa misma línea sostienen que “esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de 34 millones de dólares”.
Para el Gobierno, la “muestra de esa ineficacia” fue la “estabilidad en el número de beneficiarios, lejos de reflejar una gestión exitosa, demuestra la incapacidad del programa para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal”. Las únicas bajas registradas responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento y jubilación, según datos oficiales.
La postura de los movimientos
“Todavía no especifican bajo qué condiciones se dará y que por ahora es un anuncio rimbobante para volver a acusar a las organizaciones”, dijo a LA NACION Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que forma parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Y sostuvo: “Las unidades de gestion lo que hacían era organizar el trabajo de los beneficiarios para que puedan cumplir con sus organizaciones. siempre que se anunció un empalme, dijimos: nuestros compañeros trabajan, y el salario complementa. el problema es que no hay empleo para los compañeros”.
“El problema no está en el Potenciar Trabajo o el trabajo cooperativo, el problema está en el mercado laboral formal, que no ofrece trabajo”, planteó Caropresi. Tras lo que indicó que “si ellos (por el gobierno) creen que esa política estaba siendo malversada, que vayan trabajen, auditen y denuncien, a lo sumo hay que mejorar en el Potenciar Trabajo. Lo que se quiere es vaciar las políticas públicas. Denuncian públicamente, pero no en la justicia”.
