El enfrentamiento entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga sumó un nuevo capítulo. Hay una investigación en marcha por presunta colusión que tramita en la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), a la que las autoridades le darán curso. En otros términos: el Ministerio de Economía busca averiguar si existió un pacto ilícito entre las compañías para fijar precios de venta, tal como adelantó LA NACION el domingo.
Una fuente de la Secretaría de Comercio le confirmó hoy a este medio que “hay una investigación en curso”, justo un día después de un posteo del titular de Hacienda, Luis Caputo, quien había señalado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”. Allí también aseguró que el Gobierno haría lo necesario “para defenderla”.
Las entidades de medicina prepaga nucleadas en las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra le respondieron ayer y comunicaron que le pedirán a una audiencia a Caputo, “a fin de acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”.
En la práctica, el Gobierno se suma ahora a una iniciativa que presentaron dirigentes de la oposición a principios de año. El 15 de enero pasado, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, presentaron la denuncia por “conducta anticompetitiva” que sostiene a la investigación. Casi tres meses después, tomó un nuevo impulso.
LA NACION consultó a voceros de las empresas de salud privada, que respondieron: “Confiamos en que no hubo ningún tipo de colusión”.
La fuente del sector que tiene a Claudio Belocopitt (Swiss Medical) entre sus líderes confirmó que por el momento no han sido notificados de una instancia nueva. “En su momento se respondieron las notificaciones, pero no vamos a dar detalles de lo que presentamos”, explicaron.
La Comisión de Defensa de la Competencia es un organismo dentro de la Secretaría de Comercio que funciona de manera desconcentrada. Su función es garantizar “la calidad de bienes y servicios, al menor precio posible”. De hecho, es la dependencia que lleva adelante la investigación originada por la denuncia que acusa de “conducta anticompetitiva” a “las principales sociedades” que brindan el servicio de medicina prepaga.
“En enero vimos que las empresas habían tenido algunas reuniones y cuando se confirmaron los aumentos los denunciamos por cartelización y pedimos que se haga un análisis”, dijo Reyes a LA NACION.
Según el texto de la denuncia, está fundamentada en declaraciones periodísticas de Belocopitt. Señalan que presuntamente habrían existido “reuniones para la coordinación de la fijación de un aumento a los usuarios, que se habría acordado un incremento estimado en torno al 40%”.
Este es uno de los expedientes más sensibles en poder de la comisión. Se encuentra bajo secreto de sumario y se espera una “resolución firme” del organismo, según fuentes oficiales.
Se trata de la primera investigación formal contra la salud prepaga por presunta colusión que surge en los despachos públicos. Hasta ahora, los reveses contra las empresas había surgido de la Justicia, cuando distintos jueces aceptaron medidas cautelares de los afiliados para retrotraer los precios a la situación anterior a los aumentos.
Un ejemplo: a fines de febrero pasado, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dispuso ampliar, en principio para un centenar de personas, el alcance de una medida cautelar dictada a mediados de enero, a través de la cual se le ordenó a una entidad de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos de cuotas aplicados o anunciados bajo el amparo de lo establecido por el DNU 70. Lo resuelto es válido “hasta tanto se dicte sentencia definitiva” sobre el tema.
La pelea oficial contras las prepagas también se da en el terreno declarativo. Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que existe “una cartelización que está fuera de toda razonabilidad”. Y advirtió: “Nosotros desregulamos, damos libertades, pero no permitimos que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos”.
